Retos del cese del fuego bilateral: ¿Responderá el Eln a las expectativas de paz?

“En mayo de 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el Eln y el Estado de Colombia”, aseguró el viernes el presidente Gustavo Petro, quien viajó a La Habana (Cuba), para presenciar el acuerdo preliminar, que a partir del 6 de agosto, le dará pista a un cese del fuego bilateral de carácter nacional y por seis meses entre esta guerrilla y su gobierno.

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De hecho, la bandera de campaña y el plan de gobierno de Petro es el “cambio” y, en esa línea, su mayor propósito es lograr que los grupos al margen de la ley se acomoden a su propuesta de ‘paz total’.

Entre aciertos y escaramuzas, se han concretado acercamientos con las disidencias, Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (‘clan del Golfo’), así como con las estructuras delincuenciales como ‘los Pachelly’, ‘los Pachenca’, por mencionar algunas. Con el ‘clan’ se levantó el cese bilateral desde mediados de marzo y con las disidencias de Iván Mordisco, se reactivaron las operaciones militares en Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá. El cese se mantiene con la Segunda Marquetalia y con las Autodefensas de la Sierra Nevada.

Es así como tras tres ciclos de conversaciones, el último en Cuba, se pactaron con el Eln tres fases para concretar el cese bilateral y una de ellas, que expertos consultados por EL TIEMPO resaltan como un punto positivo, es la construcción de un protocolo para verificar el cumplimiento del cese, y unas aristas que obligan a las partes a actuar bajo los preceptos de los derechos humanos.

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En ese sentido se pronunció Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien ha participado en varios de los procesos con esta guerrilla y quien destacó el tema de los protocolos de verificación, ya que habrá mecanismos tanto nacionales como internacionales, y de voceros de la Iglesia católica.

“Se está agilizando una agenda en la que se pone un tope de dos años. Para mí ese tiempo es realista, aunque los tiempos políticos son más cortos. Aquí no se puede entrar con la idea de que el proceso de negociación con el Eln debe postergarse hasta el otro gobierno”, aseguró.

De acuerdo con González, el cese del fuego más largo hasta ahora con esta guerrilla se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos, por 101 días, “que precisamente no tuvo mayor desenlace porque hubo cambio de gobierno y no se logró concretar el acuerdo que se venía desarrollando en La Habana”.

Recordó que el Eln ha ofrecido treguas por temas de Navidad, Semana Santa y hasta por elecciones, pero reiteró que esta es la primera vez que se habla de un periodo de seis meses. Por eso, para González es importante conocer el protocolo, en detalle, para establecer realmente a qué se va a comprometer la guerrilla, ya que “la credibilidad de este proceso se basa en que se respete el Derecho Internacional Humanitario, donde no se mantenga, por ejemplo, el reclutamiento de niños y adolescentes porque estas prácticas le quitan credibilidad”.

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El experto señaló que el anuncio de alto el fuego bilateral se va a convertir en un tobogán, “porque los ciudadanos guardan mucha expectativa sobre el proceso y esto se convertirá en presión social para ser más estrictos en que cumplan lo acordado”, y añadió que este es un país que ya no quiere la guerra y que hay “un gobierno de izquierda que levanta un punto de acuerdos programáticos que de alguna manera deslegitima un alzamiento armado contra ese gobierno que promete el cambio”.

En esa línea se pronunció Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), quien afirmó que hablar de un cese del fuego bilateral es “un avance”, porque las partes –Gobierno y Eln– lograron ponerse de acuerdo sobre un tema tan delicado, y a la vez acordaron unos protocolos.

“Eso no quiere decir que hasta el momento las partes se hayan comprometido a desescalar las operaciones militares contra el Eln, o la guerrilla sus acciones delictivas”, reflexionó Restrepo, quien, de igual forma, destacó el hecho de que se hayan organizado unas fechas o etapas para la entrada en vigencia del cese del fuego, lo que en su criterio le da mucha credibilidad al tema, “porque van ligados a los protocolos de verificación”.

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De hecho, el mismo viernes que se oficializaba el acuerdo, ‘Pablo Beltrán’, el jefe negociador por la guerrilla, afirmó que “las retenciones, si no son necesarias, no se harán”, en referencia a los secuestros. Sobre la forma de financiación, que incluye las extorsiones, señaló que “las operaciones de finanzas del Eln se comenzaron a discutir. Se va a seguir analizando, pero en estos protocolos no está. Se espera que más adelante sí”.

Las declaraciones del jefe negociador generaron varios señalamientos de rechazo. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, una organización que por años ha hecho seguimiento a la situación de derechos humanos en el país, indicó que “la toma de rehenes es una infracción al derecho internacional humanitario y un crimen de guerra”. En ese sentido, señaló que “cada día que el Eln continúe con esta horrenda práctica suma más hechos por los que tendrá que rendir cuentas ante la justicia”.

Jorge Restrepo afirmó que “no hay un alivio ni en términos de seguridad ni humanitarios porque el Eln no ha renunciado ni a las acciones terroristas, ni al secuestro ni a la confrontación armada. La esperanza es que lo hagan a partir de agosto”. Para Restrepo, esto debe ser una situación de alerta porque el Eln sostiene confrontaciones con otros grupos armados (disidencias), en diferentes zonas del país, que generan grandes focos de violencia. Y esa situación es la que tiene en alerta por desplazamientos y confinamientos a los pobladores de Arauca, Norte de Santander y Chocó.

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Por eso, el diputado de Arauca por el Partido Liberal Juan Quenza aseguró que no cree en el cese del fuego bilateral porque en el departamento está muy “normalizado” el conflicto, a tal punto que esta semana se conoció un comunicado donde el Eln les declara la guerra a las disidencias de ‘Antonio Medina’, y este “le respondió a través de un video, rodeado de hombres armados, que estaba listo a enfrentarlos”.

En esa línea, el diputado se cuestionó: “¿De cuál paz nos están hablando si se están declarando la guerra que se vive en Arauca duramente desde 2022? El diputado dijo que desde entonces los dos grupos guerrilleros se empezaron a disputar rutas, territorio y política, “lo que deja a la fecha en Arauca más de 400 muertos en lo corrido del año”.

Esa guerra se inició en territorio venezolano y en enero del año pasado dejó 26 muertos a manos del Eln, por lo que el diputado señaló que en la región se “escucha de reclutamiento de jóvenes, de indígenas, de personas desaparecidas, de juicios extralegales, y hoy, aquí todo eso es normal”, puntualizó.

Precisamente, el gobernador de Arauca, Wilinton Rodríguez, dijo que celebraban “este paso importante” del cese del fuego bilateral y le pidió al “Gobierno que avance en el cese de las hostilidades entendiendo que, a la par de las confrontaciones armadas, también la población civil se ve afectada”.

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Rodríguez afirmó que las comunidades han denunciado que son víctimas de “vacunas” y otro tipo de actividades ilegales, por lo que pidió que se hable de un cese del fuego “multilateral”, porque la confrontación entre las disidencias y el Eln ha implicado un incremento de los homicidios en Arauca: “El año pasado fueron 360 las muertes por esta confrontación”, afirmó el mandatario seccional.

La situación se considera que puede ser más compleja en Norte de Santander, donde se encuentran más de 42.000 hectáreas sembradas con matas de coca y donde hacen presencia el Eln, las disidencias y todo tipo de estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.

“Los campesinos viven en su gran mayoría de sembrar y sacar la base pasta de coca. Aquí sobran compradores y en algunos sectores las disidencias han copado territorios que habían sido del Eln, pero no tienen guerra, tienen como pactos, eso nos da cierta tranquilidad”, aseguró un mandatario local de la región del Catatumbo que, por seguridad, pidió la reserva de su nombre.

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Él mismo se preguntó hasta qué punto la guerrilla, en medio del cese del fuego bilateral, se iba a comprometer a dejar el narcotráfico como forma de financiación, “porque nunca se menciona el tema, la coca y el Eln, en la mesa de negociación”, aseguró, al señalar que es importante que, además, dejen de reclutar a los jóvenes con falsas promesas de salarios y una vida mejor.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, cuestionó que el Eln no se haya comprometido a parar los secuestros: “Sí, queremos la paz, pero a un precio tan alto es imposible. Y el mismo día nos anuncian la liberación de tres criminales de la cárcel que los vuelven gestores de paz y a otros tres les levantan las órdenes de captura. Entre ellos, ‘Álvaro Boyaco’, que después de un esfuerzo (había) sido capturado. Eso es muy difícil”.

Por su parte, el general en retiro Guillermo León León, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore), aseguró que todas las acciones que vayan en procura de reducir la violencia, preservar la vida humana y reducir el riesgo de enfrentamientos armados son bienvenidas.

“Un cese bilateral es un avance valioso que tiene una representación muy importante”, dijo al señalar que en este proceso hay una frustración porque, después de más de cinco meses que se firmaron los acuerdos iniciales, el Eln no le ha dado algo nuevo a la sociedad: “Este cese bilateral cuenta con algunas mejoras, pero uno siente que la guerrilla no dio más. Uno esperaba al menos que se comprometieran a un cese de hostilidades”.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo Bonilla, aseguró: “Siempre hemos estado alertas, vigilantes y actuando en la construcción de un mejor país, siempre bajo los principios de trasparencia y respeto por la Constitución y la ley”. Asimismo, destacó el trabajo de los hombres y las mujeres que hacen parte de la institución castrense y que, afirmó, se constituyen “como el pilar fundamental de la democracia colombiana”.

Giraldo reiteró que acompañan con sus “capacidades” la intención de paz de todo el país, siempre en el marco de la Constitución y la ley, pero advirtió que “si estos grupos no demuestran una verdadera intención de paz, serán sometidos con la fuerza legítima del Estado”.

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