Defensoría advirtió por riesgo para comunidades en Norte de Santander y Cesar por accionar de disidencias de las Farc

Este jueves la Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana de inminencia (ATI) por el riesgo para los derechos humanos que representa la pretensión del frente 33 de las disidencias de las Farc de expandirse desde la subregión Catatumbo hasta la zona alta de La Esperanza (Norte de Santander) y San Alberto (Cesar), particularmente en el corregimiento Planes, de La Esperanza, y los corregimientos Trinidad y Fundación, de San Alberto.

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De acuerdo con el organismo, los habitantes de estos municipios corren riesgos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), pero además, hay riesgo porque los bloques ‘Gentil Duarte’ y ‘Jorge Suárez Briceño’ y el frente ‘Raúl Reyes’ de las disidencias podrían afectar con su accionar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de los civiles.

En ese sentido, la Defensoría dijo que es necesario que con urgencia las entidades del nivel nacional y departamental apoyen a las dos istraciones municipales para fortalecer su capacidad de respuesta frente a los riesgos.

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“Mitigar, prevenir y salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil, que una vez más padece los efectos del conflicto armado, es el llamado de la entidad. Es preciso impulsar acciones reales de prevención, protección y atención integral, a fin de que no sean materializadas las conductas vulneradoras de derechos por delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados, instalación de minas antipersonal, confinamientos, desapariciones, hurtos y uso, utilización y reclutamiento forzado de NNA”, dijo la Defensoría mediante un comunicado de prensa.

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Además de la difícil situación que atraviesan los municipios de La Esperanza y San Alberto en la zona alta, el organismo de derechos humanos también dijo que en la parte plana de esos municipios hace presencia el ‘clan del Golfo’, que se estaría fortaleciendo en armas.

Por todo esto la ATI de la Defensoría emitió 20 recomendaciones para las autoridades y recordó que “es obligación del Estado cumplir con lo consignado en la Constitución Política y en los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH)”.