Este viernes, la Defensoría del Pueblo entregó un balance que da cuenta de que el reclutamiento forzado de menores de edad sigue siendo un problema vigente en Colombia, pues informó que desde marzo de 2020 ha conocido de 114 de estos casos.
Esta información la dio a conocer la entidad en el marco de la conmemoración del Día de las Manos Rojas. El informe da cuenta del primer año de la implementación de la ‘Estrategia contra el reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes’ de la Defensoría.
Aunque se tiene la cifra de 114 casos, el organismo indicó que hay un subregistro del fenómeno que se presenta en el país, en parte porque este crimen contra la niñez no siempre es denunciado debido a que las familias tienen temor a las represalias de los grupos armados ilegales.
Según el balance defensorial, los departamentos con el mayor número de casos reportados son Caquetá (33), Cauca (18), Antioquia (9), Putumayo (10) y Tolima (8).
Además, se tiene que el 24 por ciento de las víctimas pertenece a poblaciones étnicas; un 4 por ciento a población afrodescendiente y 20 por ciento a pueblos indígenas. Y del total de los casos, el 83 por ciento ocurrió en zonas rurales.
Los grupos tras este delito
El informe da cuenta que los grupos armados responsables del reclutamiento y utilización de menores en la guerra son, en primer lugar, las disidencias de las Farc, con 68,3 por ciento de los casos reportados; les sigue el Eln, con 6,5 por ciento; luego están presuntos ex de las autodefensas (4,7 por ciento) y otros grupos armados al margen de la ley (8,4 por ciento).
Así mismo, a través del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría se identificaron, entre 2017 y enero de 2022, un total de 190 situaciones de riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Y, tan solo en lo corrido del 2022, han sido emitidas dos alertas tempranas al respecto en Putumayo y Valle del Cauca.
“Estado, familia y sociedad debemos asumir el compromiso de evitar que sigan siendo víctimas de los violentos y particularmente del reclutamiento, que es una de las más aberrantes conductas que se cometen contra la infancia de nuestro país”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
En cuanto a la atención a las víctimas, en 2021 la Defensoría realizó 296 orientaciones relacionadas con víctimas y a octubre de ese año se tenían 53 declaraciones en las que se relatan hechos relacionados con este delito.
“Para los próximos meses se seguirá trabajando para la prevención a través de campañas como ‘Cuando Grande Quiero Ser’, con la que queremos hacer énfasis en que tenemos que defender los sueños de la infancia, y el futuro de nuestro país. Esta es una nueva oportunidad para recordar que existe un delito desgarrador que, en el marco del conflicto armado y la violencia, les arrebata a los más pequeños su posibilidad de soñar”, concluyó Camargo.