Reclutamiento forzado de niños por Farc: peor de lo que se creía

Esta semana se dio un nuevo paso para sanar las heridas de los miles de niños y niñas cuya infancia se perdió a causa de la guerra. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que hace dos años y medio abrió el caso 07 –sobre reclutamiento y utilización de menores en el conflicto armado–, reveló que el número de víctimas de este flagelo a manos de las Farc sería 18.677, solo de 1996 a 2016 (el triple de lo que se estimaba inicialmente), y dio a conocer una completa radiografía de este delito, con lo que marcó la hoja de ruta de priorización para investigarlo y juzgarlo.

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“Es el inicio para saldar una deuda que tiene Colombia con la infancia perdida. Ya era tiempo de que el país escuchara una voz que expresara el verdadero alcance de esta victimización en los niños y niñas”, dice la abogada Yadira Alarcón, experta en reclutamiento y docente de la Universidad Javeriana.

Aunque la decisión de la JEP –consignada en el auto 159 de 2021– es de corte metodológico, da cuenta del horror detrás de la presencia de menores de edad en las filas de la guerrilla. Abortos forzados, violaciones de menores de 14 años, anticoncepción forzada, desaparición, castigos, humillaciones, homicidios, torturas y otros hechos execrables están siendo investigados por la jurisdicción transicional, a partir del material probatorio y testimonial que tiene en su poder.

Incluso, esos crímenes determinaron las tres líneas de investigación que abrió la JEP por conductas asociadas al reclutamiento, que podrían constituir crímenes internacionales: violencia sexual y basada en género; desaparición forzada; y homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos.

En el caso 07 han sido presentados 36 informes, elaborados por organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias. De hecho, la cifra de 18.677 casos –que aún es provisional– surgió tras cruzar 31 bases de datos que acompañaban a dichos informes.

Según ha podido establecer EL TIEMPO, en algunos de esos documentos aparecen los relatos de víctimas de reclutamiento que narran cómo las Farc, sin importar que fueran menores de edad, sometían a los niños y niñas a juicios (los llamados consejos de guerra) en los que se los acusaba por infringir el régimen disciplinario de la guerrilla y cuya sanción, en muchos casos, fue el fusilamiento de estas personas, cuyo lugar de inhumación se desconoce.

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Como contó la magistrada Lily Rueda, relatora del caso 07, luego de analizar los informes allegados, las versiones rendidas y los datos entregados por las 274 víctimas acreditadas en el proceso, la JEP decidió concentrar su actuación bajo una lógica territorial, partiendo de los bloques con mayor reclutamiento y sus departamentos de influencia.

En ese sentido, una de las decisiones claves del auto fue citar a una nueva ronda de versiones. La JEP llamó a 26 antiguos integrantes del bloque Oriental, que según las estimaciones de la Sala de Reconocimiento fue la estructura que más menores reclutó: 8.987, el 50 por ciento del total. Como en los departamentos de operación de esa estructura hay 166 resguardos de 60 pueblos indígenas, el alto tribunal indagará también en el impacto diferencial que el reclutamiento tuvo sobre pueblos étnicos. Al bloque Oriental le siguen en victimización el Sur (2.669 reclutamientos), el Noroccidental (1.818) y el Comando Conjunto Central (977).

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La Sala también encontró que cuatro departamentos concentran el 55 del total de reclutamientos. Solo en Meta se presentaron 5.132 hechos (27 %), seguido de Antioquia (12 %), Guaviare (8 %) y Caquetá (8%).

Aunque el primer caso de reclutamiento en el país data de 1971, la JEP concluyó que la mayor cantidad de hechos se dieron entre el 1.º de enero de 1996 y el 1.º de diciembre de 2016, por lo que priorizó ese periodo de 20 años.

De otro lado, el alto tribunal hizo una priorización con base en la edad de las víctimas, factor que determinó dos hipótesis. La primera, que las Farc vincularon a sus filas a por lo menos 9.870 niños y niñas de 15, 16 y 17 años “como parte de su política expresa y formal de reclutamiento”. La segunda se relaciona con la supuesta prohibición de reclutar personas de 14 o menos años: para la JEP, la extinta guerrilla vinculó a 5.691 niños en ese rango, “contrariando sus propias disposiciones expresas y formales”.

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Tras conocer el auto de la JEP, la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) lo calificó como un hito e instó a los de las Farc vinculados al proceso a “aportar en la construcción de verdad plena y a reconocer las responsabilidades a las que haya lugar”.

Luego de ser notificados de la decisión, los ex de las Farc se pronunciaron en un comunicado: “Aportamos y seguiremos aportando a la verdad como parte de nuestro compromiso ético y político. Tras recibir el auto 159, procederemos a realizar el estudio juicioso de este junto con nuestro equipo de defensa y nos pronunciaremos prontamente”.

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Este diario conoció que en el Partido Comunes ya se está organizando una serie de talleres para socializar la decisión de la Jurisdicción en las regiones de concentración de los exguerrilleros que abandonaron las armas tras el proceso de paz.

Para las víctimas de reclutamiento, las expectativas están puestas en que los exguerrilleros dejen de lado la renuencia que en algún momento mostraron frente a la aceptación de responsabilidades.

“En las primeras audiencias, como la de Pablo Catatumbo, hubo muy pocos reconocimientos de verdad. Los del antiguo secretariado se han negado a reconocer el reclutamiento como un crimen que se dio en contra de menores de 15 años –en el auto de la JEP dice que hubo al menos 5.000 niños y niñas reclutados por debajo de esa edad–, se han negado a reconocer la violencia sexual, los consejos de guerra y otras conductas que la decisión establece como hipótesis de investigación. Y tampoco han reconocido que el reclutamiento se dio no solo por prácticas de persuasión, sino también por prácticas violentas, de fuerza o de coacción”, cuenta Juan Manuel Martínez Ramírez, abogado de la Coalico, plataforma que representa a 130 de las 274 víctimas de reclutamiento acreditadas ante la JEP en el macrocaso 07.

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Un punto crucial en la discusión sobre este delito consiste en entender que, aunque varias de las personas que ingresaron a las Farc siendo menores de edad sostengan que lo hicieron de manera voluntaria, son víctimas, a la luz del Derecho Internacional Humanitario y las sentencias de la Corte Constitucional.

“Esto es así porque el conjunto de factores sociales, económicos, de pobreza, de violencia, de ausencia de cobertura de necesidades básicas de una persona pueden llevarla a vincularse a un grupo armado, por lo cual esa voluntad está absolutamente influenciada por ese entorno, en el que los menores ven eso como única alternativa. En ese sentido, la Corte ha señalado que la manifestación de voluntad de los menores de edad no se encuentra en pleno uso de sus facultades, sino mermada y condicionada por ese entorno”, explica la profesora Yadira Alarcón.

A raíz de esto, las víctimas y sus representantes esperan que, con esta nueva decisión como base, los ex-Farc asuman su responsabilidad frente a sus crímenes. De hecho, varios excomandantes de rangos medios, como ‘Pacho Chino’ y ‘Rubín Morro’ han reconocido en sus versiones que la otrora guerrilla vinculó a sus filas a menores de 15 años y que se cometieron maltratos contra ellos.

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Otro punto sobre el que fueron enfáticas la víctimas consultadas por este diario es su interés de que ahora que este subcaso –centrado en las Farc– tomó vuelo, se siga avanzando también en el que investiga el papel de los de las Fuerzas Militares en estos hechos, ya sea por la inclusión directa de menores a las filas como combatientes o por su utilización en actividades relacionadas con el conflicto que hayan puesto en riesgo su vida e integridad personal.

Por lo pronto, se espera que las nuevas versiones sirvan para aclarar la verdad de los reclutamientos y, sobre todo, responderles a las familias de los más de 792 menores a quienes se les perdió el rastro tras enterrar su infancia para pertenecer a la guerra.

Una de las principales preocupaciones de las víctimas y el país entero se relaciona con las garantías de no repetición frente al reclutamiento forzado de niños y niñas.

Según cifras de la Fiscalía, en los últimos tres años, entre 2018 y 2020, fueron reclutados por grupos ilegales 359 menores en Colombia.

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De acuerdo con el reporte, en 2018 fueron 126 los menores incorporados a las filas de grupos ilegales; en 2019, la cifra ascendió a 137, y en 2020, en medio de la pandemia, el número fue de 96 menores que ingresaron a estos grupos.

“El fenómeno persiste. Las estructuras armadas siguen utilizando a esta población pese a las crueles aberraciones a las que son sometidos los menores de edad en sus filas. El Estado debe trabajar más en la prevención para erradicar este fenómeno”, dijo la profesora de derecho Yadira Alarcón, de la Universidad Javeriana.

En Twitter: @julianrios_m

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