Revive polémica por autoría de Farc en magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

La familia del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995, solicitará formalmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que excluya al hoy senador del partido Comunes y exjefe guerrillero Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada, por supuestamente haber mentido a esa justicia en relación con la autoría del magnicidio.

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Lozada, quien ha rendido dos versiones al respecto ante la JEP luego de que la extinta guerrilla asumió responsabilidad de ese crimen en octubre de 2020, ha dicho que el magnicidio lo ejecutó un grupo bajo su mando por orden del jefe del Bloque Oriental, Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy. Y afirmó que su versión la podían corroborar desmovilizados como Mauricio Jaramillo y Reinel Guzmán, conocido como Rafael Gutiérrez.

No obstante, Guzmán le dijo a Lozada en una acalorada discusión en diciembre, cuyo contenido se filtró la primera semana de agosto, que él nunca supo de ese crimen y que si las Farc lo hicieron, fue una cuestión del secretariado, pues esa información no llegó al Bloque Oriental.

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Así lo reiteró públicamente Guzmán, quien aseguró en una entrevista en la W Radio: “Yo no sabía que las Farc era la que habían hecho esa situación, ese hecho”. Guzmán insistió en que él no era miembro del secretariado y que él nunca supo de la orden que supuestamente se habría dado para asesinar al líder conservador.

Guzmán, además, denunció a Julián Gallo por supuestas amenazas que este le habría hecho durante la discusión interna de diciembre de 2020, que habría tenido lugar días después de la primera versión de Lozada ante la JEP, dado que Gallo dice, entre otras cosas: “Y también pagaría por ver en qué termina usted. El día que usted me entierre o yo lo entierre, ahí hablamos”.

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EL TIEMPO buscó a Guzmán para conocer su versión y apuntó que está planteando la realización de una rueda de prensa para exponer todo lo sucedido al respecto.

De igual forma, este diario buscó una versión de Julián Gallo, sin éxito. En todo caso, el senador ha dicho que esa frase no se puede interpretar como una amenaza. Esa situación está en manos ya de la Fiscalía General.

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Lo cierto es que la postura de Guzmán, quien enfáticamente asevera que solo se enteró de la autoría de las Farc en el magnicidio con el reconocimiento oficial realizado ante la JEP, revivió la polémica sobre el rol de la antigua guerrilla en el crimen, versión que la familia del dirigente conservador ha rechazado desde el principio.

En diálogo con EL TIEMPO, Enrique Gómez Martínez, sobrino de Gómez Hurtado, dijo que Julián Gallo debe estar fuera de la JEP y debe estar detenido. En su criterio, su versión se está derrumbando por dentro en atención a que no ha sido corroborada en la JEP ni por Mauricio Jaramillo ni ahora por Reinel Guzmán. “Y, oh sorpresa, Guzmán reclama y dice que no tiene ni idea”, dijo Gómez Martínez.

“El único testigo de referencia que le queda, no solo no ratifica sino que dice que no sabe nada de eso y lo amenaza de muerte”, agregó.

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El abogado Gómez Martínez cuestionó que, en los audios filtrados, al parecer Gallo amenazara a Guzmán y dijo que ese asunto debe estar en examen por parte de la JEP.

“Vamos a pedir que a él lo excluyan por fraude procesal porque cuando uno amenaza a un testigo incurre en ello”, comentó. Y agregó: “Yo no tengo nada que decirle, estoy esperando que lo metan preso porque es un bandido y porque amenazó a su propio testigo de referencia”.

El abogado también asegura que hay contradicciones en la versión de Lozada sobre cómo se dio la supuesta orden del crimen. “Miente sobre quién fue el determinador material y también sobre la determinación intelectual porque había dicho que él había dado la orden de ‘Jojoy’ y ahora lo que nos dice es que ‘Jojoy’ le había dicho que la Farc lo había hecho”.

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De otro lado, el sobrino del dirigente asesinado reveló a este diario que solicitará formalmente a la JEP que no se abra un macrocaso sobre magnicidios al estimar que no hay mérito alguno para ello, pues el caso debería, en su criterio, estar en manos de la Fiscalía.

Esta polémica se revive justo cuando en el partido Comunes hay un ambiente de escisión, luego de que los excomandantes Joaquín Gómez, Victoria Sandino y Benkos Biohó, entre otros, suscribieran una comunicación en la que denuncian una supuesta persecución.

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Según los excombatientes, desde el 2020 se creó una comisión de ética que inició procesos disciplinarios contra algunos integrantes del partido por hacer “declaraciones públicas que perjudican a la colectividad”. Esa discusión se agravó luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejara sin efectos la decisión del partido Comunes de “separar como militante” a Benedicto González.

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