El filtro que está sacando de la JEP a empresarios y ‘parapolíticos’

La puesta en marcha de una justicia centrada en las víctimas y en esclarecer la verdad, que contempla beneficios –como la renuncia a la persecución penal, amnistías, indultos y libertades transitorias–, fue vista por vinculados a delitos como la vía para quitarse de encima sus condenas.

Pero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les ha enviado un mensaje claro: si no revelan lo que saben, no entran, y si no cumplen sus compromisos, se van.

Tal fue el caso del exsenador cordobés Musa Besaile Fayad, procesado por ‘parapolítica’ y por el ‘cartel de la toga’, quien fue expulsado de la JEP el pasado 27 de julio. La sala concluyó que sus aportes a la verdad no fueron relevantes y denotaban “falta de seriedad y de compromiso”, por lo que le cerró la puerta y alertó a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y el Consejo de Estado para que reactiven su competencia.

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Pero la JEP ha tenido que estudiar casos cuya falta de relación con el conflicto se ve a kilómetros. Hasta finales de 2020, la Sala de Amnistía e Indulto negó 3.736 solicitudes de personas que intentaban ‘colarse’ para librarse de sus condenas en la justicia ordinaria. Varias eran por delitos como inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, homicidios en riñas o secuestros extorsivos de delincuencia común.

También han brillado casos como el del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno y su hermano Iván, que pretendían entrar a la JEP por los hechos de corrupción del ‘cartel de la contratación’. El tribunal ya les dio su ‘no’ rotundo, en primera y segunda instancia.

Sin embargo, los casos de empresarios, paramilitares y ‘parapolíticos’ cuyos nexos con la guerra son evidentes han implicado otro nivel de análisis. A diferencia del proceso de justicia y paz –que cobijó a los paramilitares desmovilizados de las Auc–, la JEP contempló la posibilidad de que además de excombatientes y de la Fuerza Pública, se sometieran terceros civiles y agentes del Estado que hayan tenido relación con el conflicto armado.

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De casi 700 solicitudes de estas personas, el tribunal ha aceptado 143, en su mayoría políticos o empresarios que financiaron o colaboraron con grupos ilegales.

Pese a que ese grupo representa apenas el 1,1 por ciento de los 13.092 comparecientes de la jurisdicción, evitar que haya ‘colados’ no ha sido tarea menor.

“Muchos de ellos, que tienen procesos en la justicia ordinaria, pensaban que podían llegar a la JEP, dar cualquier discurso y así obtenían los beneficios, pero no es así. El estándar es claro: la verdad que cuenten tiene que ir más allá de la dicha ante la justicia ordinaria”, contó una fuente del tribunal transicional. Para los terceros que tenían procesos penales, uno de los requisitos es formular una propuesta de verdad, reparación y no repetición que dé cuenta de lo que aportarían si son aceptados.

Esa propuesta es clave en el modelo de la JEP, que no busca una justicia retributiva (como en la ordinaria, a través de juicios adversariales), sino una justicia restaurativa (por un proceso dialógico que involucra a las víctimas y las resignifica).

De hecho, el jueves pasado la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le cerró la puerta al sometimiento de la empresaria del chance y ficha de la ‘parapolítica’ Enilce López, la ‘Gata’.

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“No hay duda para la Sala de que ostentó una clara posición de dominio y poder dentro de la estructura paramilitar”, se lee en la resolución, en poder de EL TIEMPO. En el documento, la JEP recuerda que no tiene competencia sobre los de los grupos armados ilegales distintos a las Farc, como los paramilitares.

Pero así la ‘Gata’ no hubiera formado parte de las Auc, su llegada a la justicia transicional se habría caído, por falta de aportes nuevos: “No se visualiza un proyecto que tenga por objetivo superar el umbral de verdad que ha sido dilucidado en la jurisdicción penal ordinaria”, sostuvo la sala.

En esa misma línea, en febrero de este año la JEP negó el sometimiento del exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso López, hijo de la ‘Gata’. La Sala de Definición concluyó que hizo parte activa de las Auc y, para rematar, sobre su propuesta de verdad, los magistrados encontraron que era “una promesa genérica, vaga e imprecisa que no exhibe un aporte serio” y denotaba “hasta el extremo su falta de voluntad para aportar a la verdad plena y reparar a sus víctimas”.

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Otro proceso que se ha movido en la JEP este año es el del exgobernador de Sucre Salvador Arana, que pagaba una condena de 40 años por su participación en la ‘parapolítica’ y sus nexos ilegales con las Auc.

En enero, la jurisdicción le negó la posibilidad de salir de prisión y le advirtió que si no se comprometía con la verdad, lo expulsaría. Tras la advertencia, el exmandatario formuló una propuesta de verdad en la que ‘encendió el ventilador’: vinculó a casi 30 políticos, empresarios, policías y hasta rectores de universidades a quienes señaló de tener vínculos con paramilitares.

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Salvador)

El efecto del ultimátum fue tal que Arana retiró un recurso que presentó hace más de 10 años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por supuesta violación al debido proceso. Y reconoció su responsabilidad en crímenes y les pidió perdón a las víctimas. Todo eso, sin que le hayan concedido libertad.

Este diario conoció una resolución, del 19 de julio de 2021, en la que la JEP rechazó, por el momento, el sometimiento de tres exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba: Luis Gonzalo Gallo, Carmelo de Jesús Esquivia y Jaime Augusto García, quienes son procesados por supuestas alianzas con el clan paramilitar de los hermanos Castaño para hacerse con tierras de la región de Tulapas, en Urabá, que fueron producto de uno de los hechos de despojo y desplazamiento más grandes del país.

Ante la negativa de los empresarios en sus planes de verdad, la JEP les dio 20 días hábiles –que se vencen en las próximas semanas– para que replanteen su propuesta para ser aceptados.

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En una situación diferente está Benito Molina Laverde, exmiembro de la junta directiva de ese fondo, quien hizo revelaciones sobre el entramado criminal para despojar de sus tierras a los campesinos. “Molina se sometió en octubre, y empezó a decir verdades muy importantes, por lo que se le concedió la libertad provisional”, dijo una fuente cercana al proceso.

De hecho, esa decisión fue apoyada por las víctimas, quienes, si bien pidieron ampliar su versión y aclarar hechos, indicaron que “las condiciones de reclusión intramural no necesariamente contribuyen a que se alcancen esos objetivos de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición”.

Según conoció EL TIEMPO, pronto se conocerán nuevas decisiones claves sobre casos como los de los excongresistas David Char Navas y Álvaro Ashton –ambos vinculados con la ‘parapolítica’–, que están en manos de la JEP desde 2019.

Otro proceso que tiene el ojo de las víctimas y el país encima es el de Álvaro ‘Gordo’ García Romero, exsenador que, en su momento, fue condenado por la Corte Suprema a 40 años de prisión, una de las penas más altas del capítulo de la ‘parapolítica’.

Aunque la Procuraduría advirtió que García fue miembro orgánico de las Auc, el tribunal transicional le abrió la puerta en febrero, pero mantuvo su reclusión en la cárcel La Picota.

El exsenador, que habría sido el autor intelectual de la masacre de Macayepo, reveló pocas verdades ante la justicia ordinaria, por lo que se espera que ahora, ante la JEP, cumpla sus compromisos. En todo caso, ya se ha demostrado lo que les corre pierna arriba a quienes no lo hagan.

JULIÁN RÍOS MONROY

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