El ventilador de la parapolítica que prendió Salvador Arana

Gerentes de influyente empresas, congresistas, gobernadores, procuradores, abogados, ganaderos, rectores universitarios y hasta coroneles de la Policía aparecen en un listado de 29 personas a quienes un oscuro personaje de la política colombiana señala de haber tenido vínculos con paramilitares.

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Se trata de Salvador Arana Sus, quien fue gobernador de Sucre entre 2001 y 2003, y embajador de Colombia en Chile antes de que se descubrieran sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Arana recibió una de las mayores condenas que la Corte Suprema de Justicia ha proferido en el capítulo de la 'parapolítica': 40 años de prisión por la desaparición forzada y homicidio de Eudaldo León Díaz, alcalde de Roble (Sucre); concierto para delinquir agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las Auc; y peculado por apropiación y falsedad ideológica por desviar fondos de las regalías del departamento de Sucre a grupos armados al margen de la ley.

El alto tribunal concluyó que el exdiplomático no tuvo un simple nexo con los paramilitares, sino que fue uno de ellos y creó e impulsó esas organizaciones criminales que sembraron el terror en la Costa Caribe y en el país entero.

Pero, el año pasado, tras sortear un choque de trenes entre la Corte Suprema y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a Salvador Arana se le abrió la puerta de entrada a la justicia transicional en calidad de agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública.

Sin embargo, la llegada del otrora gobernador y embajador a la JEP no fue "satisfactoria", como señaló la jurisdicción en enero de este año, cuando le negó la posibilidad de salir de prisión y, además, le advirtió que si no se comprometía con la verdad lo expulsaría.

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Con el riesgo de expulsión sobre los hombros, el pasado 29 de marzo Arana le presentó una propuesta de verdad a la JEP,  conocida por EL TIEMPO, en la que no solo aceptó su responsabilidad en asesinatos, sino que detalló el entramado criminal entre de las Auc y políticos de Sucre para saquear y desviar los dineros públicos del departamento, infiltrar "a nivel ideológico" una universidad para que los jóvenes comulgaran con el proyecto paramilitar y desfalcar al centro educativo para fines ilegales.

De hecho, para varias de esas acciones criminales los 'paras' habrían tenido un colaborador clave: el coronel Norman León Arango, quien era comandante de la Policía de Sucre  y resultó en la cárcel, sindicado de ser uno de los coautores de la masacre de Chengue, en la que fueron asesinadas al menos 24 personas en enero de 2001.

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Él, junto con otros dos altos oficiales –de apellidos Vivas y Sánchez– aparecen en el documento judicial, reseñados como auspiciadores de las Auc entre 2001 y 2003. Según Arana, eran informantes de los paramilitares y protegían a sus . "Se hacían los desentendidos", dijo el exgobernador para explicar la ausencia de capturas contra los 'paras' por parte de la Fuerza Pública.

En su propuesta de verdad, Arana indicó que las relaciones de los paras con políticos existían con antelación a que él asumiera como gobernador.

"Para el año 2003, narró el compareciente, las Auc empezaron a participar de lleno y abiertamente en la política del departamento de Sucre, así, impusieron sus candidatos a las

alcaldías, concejos, asamblea y a la gobernación, de manera que el poder paramilitar se convirtió en la principal herramienta política de la región", se lee en el documento.

De hecho, los paramilitares se habrían encargado de elegir a funcionarios en los organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría, para lograr desviar los recursos de los municipios a sus arcas criminales.

De otro lado, Arana contó que hubo graves actos de corrupción en el sistema de salud de Sucre para apoyar a las Auc. Según él, desde 1999 "los paramilitares indujeron a la población a afiliarse en ciertas as del Régimen Subsidiado (ARS) y EPS en las que tenían colaboradores".

Los recursos, narró, se sacaban a través de contratos de asesoría, facturaciones de pacientes fantasma, suministros de medicamentos o creación de IPS de garajes. Incluso, tenían un abogado que demandaba a las EPS y lograba "que se

ordenara el pago de recursos que luego se entregaban a las Auc. Se manipulaba el sistema de reparto para que le llegaran a un juez", quien profería sentencias que ordenaban  a las compañías el pago de servicios que no prestaban.

Otro de los canales que usaron para desviar dineros habría sido el Banco Popular de Sincelejo, cuyo gerente –a través de un hermano– supuestamente tenía contratos con la alcaldía, que resultaban en manos de los 'paras'.

El poder de esos grupos era tal que también cooptaron la Universidad de Sucre. Pusieron funcionarios que manejaban la parte burocrática y de contratación y que habrían influido en los estudiantes para que se sintonizaran con los ideales paramilitares.

Sobre la desaparición y homicidio del alcalde Eudaldo León Díaz, el exgobernador aceptó su responsabilidad. Aunque Díaz denunció un complot para asesinarlo,  Arana, con el apoyo del exjefe paramilitar alias Cadena, acabaron la vida del hombre, que, dice el documento, se había convertido en "una piedra en el zapato" para el actuar criminal de los políticos, ganaderos y empresarios de la región vinculados a los paramilitares.

Arana no solo reconoció que a la familia de Eudaldo Díaz le fueron vulnerados sus derechos, sino que aseguró que desistió de un recurso que elevó hace más de una década ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por supuesta violación al debido proceso.

"Como primera medida de redignificación y resignificación, pido perón a la señora e hijos. Cada uno en su individualidad, a quienes reconozco como personas dignas y ,sujetos de derechos vulnerados y me comprometo a repararlos, aportando toda la verdad que conozco sobre el homicidio del Sr. Díaz Salgado, incluso, la que aún no se ha dicho en justicia ordinaria", dijo.

En el listado de supuestos colaboradores de los 'paras' también están Eric Morris, gobernador de Sucre (de 1998 al 2000) y representante a la cámara (de 2006 a 2008), así como Jorge Anaya, gobernador (de 2004 a 2007), quien le habría dado participación política en el sector de Educación a del Bloque Héroes de los Montes de María.

Arana también señaló a personas que llegaron al Congreso con el auspicio de los paras, como Jorge Luis Feris, Muriel Benito Rebollo y el propio Álvaro 'el gordo' García, un poderoso hacendado que habría estado detrás de la campaña con la que Arana llegó a ser gobernador de Sucre y quien también está siendo procesado por la JEP.

La maquinaria paramilitar también habría llegado a los organismos de control. De hecho, Salvador Arana señala como colaboradores de las Auc al exprocurador provincial Jaime Gil, así como a Rafael González, quien fue contralor entre 2004 y 2007.

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En el listado también sacó a relucir el nombre de Rafael Peralta, quien fue rector de la Universidad de Sucre, desde donde –dice Arana– "apoyó con puestos y financiación el proyecto de consolidación y expansión de las Auc". También está reseñado el exvicerrector académico  Nicolás Sierra, a través del cual se comenzó "la infiltración de la universidad por parte de las Auc".

Luego de entregar esa treintena de nombres, el exgobernador de Sucre tendrá que probar ante la JEP lo que dice sobre las personas que acusa, algunas de las cuales ya han estado en el ojo de la justicia.