La dura radiografía de los grupos armados en el Bajo Cauca: ¿qué crimen está alimentando sus finanzas?

Durante un encuentro con comunidades afectadas por la minería ilegal y la violencia en el Bajo Cauca, Antioquia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reafirmó el compromiso estatal de combatir las economías criminales y avanzar en una transformación social y económica del territorio.

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En medio de su intervención, en un encuentro de seguridad celebrado en Caucasia, Antioquia, en el que estuvo presente un equipo de EL TIEMPO, el jefe de la cartera de seguridad destacó que “la solución a los problemas estructurales de la región no vendrá únicamente del uso de la fuerza”, sino que debe construirse con la participación activa de las comunidades y el cumplimiento de la ley.

“Este no es un problema que resolvamos solos desde el Gobierno, ni ustedes desde la comunidad. Lo solucionamos juntos, de la mano”, afirmó Sánchez, quien estuvo acompañado de la cúpula militar y de policía, además de las autoridades civiles de la región, entre ellos el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Uno de los ejes centrales del mensaje del Ministro fue el impacto de la minería ilegal, tanto en el medio ambiente como en la financiación de grupos armados. “El ‘clan del Golfo’ se ha alimentado durante años de esta actividad ilícita”, dijo el funcionario, al tiempo que denunció que este grupo armado “se está trasladando a la minería ilegal para sostener sus finanzas”.

El Ministro también expuso que a la zona del Bajo Cauca continúa ingresando de forma irregular maquinaria para la extracción ilegal de minerales, violando las normas ambientales y legales.

El Ministro insistió en que la Fuerza Pública tiene el deber de actuar ante cualquier delito. “No importa si se roba mucho o poco. Robar es robar. Si la Policía no actúa, incurre en omisión”, sentenció. No obstante, aclaró que las órdenes en materia de seguridad siguen siendo contundentes y que no existe instrucción alguna para frenar operaciones contra estructuras criminales.

El funcionario también hizo un llamado a la reflexión y a la corresponsabilidad ciudadana. “Preguntémonos si nuestras acciones afectan a otros. Si todos actuaran como los que invaden tierras o contaminan ríos, ¿qué país nos quedaría?”, expresó. Y añadió: “Podemos tener diferencias, pero todos debemos actuar bajo la Constitución y la ley”.

De igual forma, se comprometió a regresar en un futuro al territorio con resultados tangibles: “Ojalá que en 10 años no tengamos que ver más el desastre ambiental que hoy existe aquí, sino una región digna, transformada y en paz”.

A su turno, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que la minería ilegal se ha convertido en uno de los mayores desafíos de orden público en Colombia, especialmente en regiones como el Bajo Cauca antioqueño.

“En Antioquia, cerca del 90 % de los títulos mineros no están en explotación, una cifra que, según el funcionario, ilustra una profunda desconexión entre la legislación minera y la realidad de las comunidades que viven sobre territorios ricos en minerales. Aquí hay personas que saben que bajo su casa hay oro y, ante la imposibilidad de formalizarse, se lanzan a explotarlo por su cuenta”, explicó el mandatario antioqueño.

Manifestó además que el panorama es preocupante, toda vez que estima que Colombia produce entre 80 y 90 toneladas de oro al mes, pero solo 60 están registradas legalmente. Las otras 20 a 30 toneladas provendrían de operaciones ilegales, lo que representa una renta criminal superior a 6 billones de pesos anuales, según cálculos oficiales. Este dinero alimenta a grupos como el Eln, el ‘clan del Golfo’ o las disidencias de las Farc, que extorsionan a los mineros ilegales y se reparten el control territorial.

“Los verdaderos bandidos no son quienes sacan el oro con sus manos, sino quienes vienen después a cobrar extorsiones. Y como esta actividad es tan rentable, alcanza para pagarle a todos”, advirtió Sánchez, quien agregó que el impacto ambiental es devastador. “En 2019 se contabilizaban 19 dragas ilegales en el río Cauca; hoy hay más de 100, cada una valorada en al menos un millón de dólares”.

A su turno, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, agradeció el trabajo que adelantan los soldados de la División de Infantería BR-11, la Fuerza Naval del Caribe y el Comando Conjunto Número Cinco, destacando su labor diaria a favor de la seguridad regional. “Todas las capacidades de la Fuerza Militar estarán comprometidas con la seguridad de los habitantes de esta región. Vamos a atacar la ilegalidad. Lo que es ilegal se debe atacar; lo que es legal, se debe promover”, subrayó el oficial.

El almirante insistió en la urgencia de avanzar en procesos de legalización y formalización de actividades económicas, especialmente aquellas relacionadas con el sector minero, para que los impuestos y regalías se traduzcan en beneficios tangibles para las comunidades, en sectores como salud, educación y vías.

Redacción Justicia