La perversa estrategia de las disidencias de 'Mordisco’ para controlar e incidir en la deforestación de la Amazonía

En el marco de la COP16 que se lleva a cabo en la ciudad de Cali, la ONG International Crisis Group presentó un informe que da cuentas de las estrategias y métodos que las disidencias de ‘Iván Mordisco’ están utilizando para controlar a la población e incidir en la deforestación de la Amazonía.

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‘Tierra arrasada: cómo frenar el control rebelde del Amazonas colombiano’ es el nombre del informe que expone, entre otras, que el Gobierno colombiano “ha hecho de la protección ambiental una prioridad”, sin embargo, el control que ejercen los grupos armados ilegales sobre grandes extensiones de la amenazada selva amazónica “ha dificultado la materialización de ese objetivo”.

Resaltan que particularmente, el 'Estado Mayor Central' o EMC, “ha demostrado que tiene el poder de frenar o acelerar la deforestación cuando así lo decide”.

“El creciente control de los grupos armados sobre la Amazonía colombiana ha puesto aún más en peligro la integridad de una selva que desempeña un papel esencial en el clima del planeta. Las personas que viven bajo el yugo de estos grupos han quedado expuestas a los caprichos de los criminales decididos a expandir sus negocios ilícitos a toda costa”, señala el informe.

El documento sugiere que el Gobierno colombiano “debe continuar negociando con los grupos armados y buscar formas para detener la deforestación, pero también debe afirmar su autoridad sobre la Amazonía mediante la creación de programas de desarrollo que fomenten ocupaciones económicas que sean ambientalmente sostenibles, con esfuerzos por combatir a los grandes infractores ambientales y mejor coordinación de las políticas de seguridad, paz y medio ambiente”.

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El informe revela que la deforestación comenzó a aumentar en diciembre de 2014, toda vez que los ganaderos, madereros e inversores en tierras “comenzaron a talar bosques a una escala mucho mayor de la que las Farc habrían permitido”. La deforestación empezó a subir, sobre todo en los departamentos amazónicos de Caquetá, Guaviare y Meta.

Y con la llegada del gobierno de Iván Duque, un grupo de jóvenes presentaron demandas argumentando “que la destrucción de la selva violaba su derecho a un medio ambiente sano”. Ante ello, la Corte Constitucional “reconoció que la Amazonía era sujeto de derechos y que el gobierno debía desarrollar un paquete de medidas para protegerla”.

Es por ello que como respuesta, el gobierno de Duque lideró una ofensiva contra los infractores ambientales denominada “Operación Artemisa”. “La misión, en la que participaron más de 22.000 agentes de seguridad, condujo a la detención de más de 200 personas y a la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación”.

Sin embargo, en la población amazónica fueron críticos con la estratega y argumentaron “que las fuerzas de seguridad perseguían principalmente a los campesinos, incluidas mujeres y hombres ancianos, en lugar de enfocarse en los grandes financiadores de actividades ambientalmente devastadoras”.

Lo anterior, según el uniforme, fue aprovechado por el grupo disidente para atender los reclamos de la población.

“Al final de la istración Duque en 2022, el EMC había consolidado su control sobre grandes partes de la Amazonía. El número de municipios donde el grupo está presente casi se duplicó entre 2019 y 2023, mientras que su control sobre las comunidades, que incluye desde la emisión de documentos de identidad hasta la imposición de normas sociales, ha crecido desde entonces como parte de un intento por limitar la presencia del Estado al mínimo indispensable”, se lee en el informe.

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En la investigación de la ONG se resalta que este grupo armado “ha utilizado la conservación para ejercer su poder sobre las poblaciones locales y demostrar al Gobierno nacional que su presencia es fundamental para frenar la destrucción de los bosques amazónicos”.

Al mismo tiempo, los comandantes guerrilleros “utilizan la praderización de tierras como una forma de acumular riqueza para ellos mismos y activos que pueden distribuir como clientelismo para la base social que pretenden asegurar”.

“Los líderes del grupo deciden que se permite o prohíbe en determinada zona y suelen comunicar lo que consideran aceptable mediante panfletos distribuidos de manera física y en línea. Los comandantes locales tienen la tarea de interpretar cómo funcionarán las regulaciones en la práctica. Al igual que otros grupos, el EMC produce lo que denominan 'manuales de convivencia', reglamentos que se distribuyen a la población en las zonas que controlan y que a menudo incluyen directrices sobre cómo manejar los recursos naturales y el medio ambiente”, resalta el informe.

Habitantes de zonas rurales, consultadas por la International Crisis Group, señalan que la interpretación y la aplicación de las normas puede variar enormemente entre las distintas zonas, a pesar de la aparente sólida cadena de mando del EMC. “Mucho depende de la persona que esté a cargo a nivel local. Por ejemplo, a finales de 2022 y principios de 2023, “la orden (del grupo) fue que nadie tocara un árbol” en gran parte del Guaviare, explicó un joven local. De hecho, el EMC ocasionalmente exigía a los residentes que replantaran árboles”.

Y añadió: “Los habitantes del Guaviare también describieron un régimen de multas y sanciones por incumplir estas normas locales. Talar una hectárea adicional tiene una sanción fija, al igual que dejar una hectárea recién talada sin utiliza”.

Es por ello que International Crisis Group considera que el Estado “necesita una estrategia de corto y mediano plazo para frenar la deforestación, mientras trabaja para recuperar su autoridad sobre la Amazonía a largo plazo. Aunque han enfrentado obstáculos, las conversaciones de paz siguen siendo prioritarias tanto para mitigar el conflicto como para proteger el medio ambiente”.

El dato más revelador del informe, es que en la actualidad el EMC es la autoridad que gobierna de facto muchas áreas protegidas, y es la única que “puede acelerar la destrucción de la selva o garantizar que no sufran daños”.

Y concluyen que si la istración del presidente Gustavo Petro “no logra encontrar una manera eficaz de proteger la Amazonia colombiana y a las comunidades que alberga, es probable que el conflicto solo empeore y ponga en peligro este invaluable recurso natural”.

Redacción Justicia