Las lecturas al ‘timonazo’ en la política de drogas del gobierno Petro

El anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro respecto al aumento en la meta de erradicación de narcocultivos (30.000 hectáreas) y la eventual reanudación de la aspersión terrestre con glifosato, supone un viraje en su política de drogas. Este es interpretado por varios analistas como la respuesta a un temor por el fantasma de la descertificación en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos.

(Lea: Primicia: con fantasma de la descertificación, Gobierno triplicó meta de erradicación de 2025 en 30.000 hectáreas)

Daniel Mejía, experto en temas de seguridad y droga, considera que las presiones de Estados Unidos ante el posible retiro de la certificación a Colombia en materia de la lucha contra las drogas, sumado a las amenazas de aranceles, “pudo llevar al gobierno a tomar esta decisión”. 

“Ese cambio tiene dos nombres: presión y descertificación”, dijo el experto al tiempo que cuestionó el trino del presidente Petro en la red social X, en la que desmiente que haya ordenado el regreso del uso del químico para la erradicación manual. En ese sentido, Mejía se preguntó: “¿Para qué se va a usar el glifosato que se va a comprar? Creo que el Presidente debe explicar entonces esta adquisición”.  

El experto, además, indicó que la compra de este químico debe llegar acompañada de la adquisición de elementos especiales para la manipulación del glifosato, algo que también está contemplado en los contratos a los que este diario tuvo , pues en la presentación de la oferta también incluyen la petición de cotización de “elementos logísticos para las operaciones de intervención de cultivos ilícitos mediante el programa Pecat (Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre)".

Entre esos elementos se solicitan los valores unitarios de equipos como fumigadoras a gasolina, lanzas aspersoras, tanques de agua de 2000 y 500 litros, duchas de emergencia, estaciones lavaojos, bujías y diferentes equipos e instalaciones necesarias para la operación. De igual manera, en otro contrato se cotizan elementos de seguridad como overoles, gafas, chalecos reflectivos, cascos de protección, máscaras y protectores auditivos, entre otros.

Para el excanciller Julio Londño, el gobierno de Colombia sabe muy bien que en este momento, estando Donald Trump como presidente de Estados Unidos, “puede pasar cualquier cosa”, especialmente con una desertificación a la vista.

“El gobierno de Colombia ha andado con cautela sobre este particular porque una desertificación con consecuencias impredecibles sería muy complicado para Colombia”, señaló el exfuncionario.

Frente al aumento de la meta de erradicación, Londoño cree que a Estados Unidos no le importa que haya más o menos hectáreas sembradas de coca, sino que la droga no entre a su territorio. “Colombia creo que está haciendo todos los esfuerzos posibles para ese efecto, especialmente por las acciones de las Fuerzas Militares y de la Armada Nacional en los mares. Pero el problema es que estamos en la doble condición, por una parte, el aumento de los cultivos ilícitos y por la otra, un incremento de la producción de cocaína”.

Por último, César Niño, académico y profesor en relaciones internacionales, cree que con el actual giro en la política de drogas, el gobierno ha adoptado una postura más pragática “para asegurar el apoyo militar y evitar consecuencias negativas en un año electoral”.

Sin embargo, el experto ve con temor que esta política “puede ser improvisada”. “Esto refleja una contradicción en el gobierno Petro, tomando en cuenta el discurso de su campaña, pero se percibe como una estrategia urgente para mantener la cooperación internacional en la lucha contra las drogas”.

Redacción Justicia