Los colectivos LGBT que resistieron al conflicto armado

"Nosotras, más que todo las chicas trans, y hombres homosexuales, nos sentábamos en el parque todas las noches, (…) porque teníamos derecho a sentarnos ahí. Pero no le hacíamos daño a nadie, nos íbamos a las 10, 11 (de la noche), para nuestras casas (…). Poco tiempo después, comenzaron a regar panfletos por todo el pueblo. 'Maricas, putas, hay que acabar con ustedes', 'son una plaga egipcia'. O sea, había infinidades de cosas que decían esos pasquines. Horrible".

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Así comienza el testimonio de una víctima del colectivo LGBT de El Carmen de Bolívar (Bolívar), cuyo relato quedó consignado en 'Resistimos callando, re-existimos gritando', un informe que la organización Caribe Afirmativo —en compañía de Casa Diversa de la Comuna 8 de Medellín, el Colectivo LGBTI Crisálida de San Rafael y el Colectivo LGBT de El Carmen de Bolívar— le presenta este jueves a la Comisión de la Verdad. 

Se trata del primer informe ante esa Comisión sobre violencias cometidas en el marco del conflicto armado contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas integrantes de colectivos LGBT.

En ocho capítulos, el documento busca exponer "un continuum de violencia, resistencia y re-existencia (…) de tres sujetos colectivos que hoy se construyen como procesos organizativos".

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'Resistimos callando, re-existimos gritando' recoge las memorias y las experiencias de La Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín (Antioquia), el Colectivo LGBTI de San Rafael (Antioquia) y el Colectivo LGBT de El Carmen de Bolívar (Bolívar), que son los tres primeros sujetos LGBT de reparación colectiva reconocidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

El informe sostiene que estos colectivos fueron gravemente impactados y afectados en el marco del conflicto armado, a partir de violencias por prejuicios relacionados con su diversidad.

Una de las principales conclusiones es que, en efecto, "los actores armados legales e ilegales perpetraron violencias en contra de los sujetos colectivos porque sus construcciones desde la resistencia y la diversidad sexual y de género afectaban sus fines de control territorial, control de la población y legitimidad social en la guerra".

Según este informe, los tres colectivos "nacieron y se construyeron como experiencias de resistencia a los estigmas y prejuicios sociales (…), y, posteriormente, fueron objetivos militares de los grupos armados que buscaban imponer un orden moral y social excluyente para obtener sus fines estratégicos en el marco del conflicto". 

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Por esa razón, sus integrantes "fueron víctimas de amenazas, desplazamientos forzados, violencia sexual, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y psicológicas, tortura, tentativas de homicidios/feminicidios y homicidios por prejuicios, para desarticularlos como sujetos políticos y controlar sus cuerpos, comportamientos y expresiones de diversidad sexual y de género".

Los impactos de esas violencias fueron varios. Por un lado, explica el informe, "las afectaciones psicosociales, como el miedo, la ruptura de proyectos de vida, la depresión, la ansiedad, el aislamiento, entre otras, impidieron que las personas pudieran reunirse, continuar con sus actividades, llevándolas a invisibilizar expresiones de diversidad sexual y de género".

Y por otro, hubo impactos físicos; impactos socioeconómicos, que profundizaron situaciones de marginalidad y precariedad e interrumpieron proyectos de vida asociados al proceso organizativo, e impactos sociales y colectivos, los cuales "se materializaron a través de la violación de derechos fundamentales a la libertad de asociación, la libertad de circulación, entre otros".

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Sin embargo, el documento enfatiza en que los colectivos documentados también han llevado un proceso de resistencia a esas múltiples violencias.

De hecho, explica que "los sujetos colectivos LGBT nacen y se construyen como formas de resistir a la violencia por prejuicio por fuera y en el marco del conflicto armado", y precisamente, en ese sentido, "la resistencia colectiva fue una amenaza para actores armados".

Una de las víctimas de la Mesa LGBT de la Comuna 8 relata en el informe que, en una ocasión, “(los agresores) entraron a uno de los lugares que nos prestaron para los eventos y nos agredieron. A un compañero lo golpearon mucho”.

Y añade: “Una de nuestras formas de protección era mantenernos juntos, casi unos 30, porque cuando estábamos solos ocurrieron ataques con piedras o bolsas con orines. Nos amenazaron y desplazaron a 3 de nuestros líderes de la Mesa LGBT. Hoy ya muchos no han vuelto a la comuna ni al proceso por miedo a que vuelva a ocurrir”.

En efecto, el documento de Caribe Afirmativo explica que, en la Comuna 8 , "grupos paramilitares, en connivencia con la Fuerza Pública, cometieron amenazas, desplazamientos forzados, agresiones físicas y psicológicas por prejuicios contra integrantes de la Mesa LGBT para desarticularla".

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Ese colectivo surgió en 2006 como una experiencia de resistencia juvenil que buscaba desnaturalizar violencias, reconocerse como sujeto político y apropiarse del espacio público desde la diversidad sexual y de género. Para ello, la Mesa LGBT implementaba estrategias para la apropiación del territorio y se disputaba espacios de incidencia política, logrando gran impacto político y social en la Comuna.

"Esto significó un riesgo a los fines de control territorial y de legitimación social que tenían los grupos paramilitares en el territorio. Para este grupo armado, la Mesa se convirtió en un actor con quien disputarse políticamente el territorio", señala el documento.

En San Rafael, Antioquia, el Colectivo LGBT empezó buscando espacios para reunirse, hacer actividades culturales y adelantar trabajo comunitario. Con el tiempo, se fueron consolidando como un colectivo con gran aceptación social que entorpecía los objetivos de los grupos armados legales e ilegales.

Según este informe, la Fuerza Pública perpetró detenciones arbitrarias, así como agresiones físicas y psicológicas por prejuicios, "para regular sus cuerpos y comportamientos, manteniendo así su rol de autoridad en el territorio".

Por otro lado, con la llegada de los grupos paramilitares, "el Colectivo LGBTI se reconoce como un actor clave para ganar legitimidad y reemplazar tanto a la Fuerza Pública como a la guerrilla como autoridad que controla el territorio y la población".

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Así, según el documento que presenta Caribe Afirmativo este jueves, "las amenazas, desplazamientos forzados, agresiones y homicidios fueron violencias basadas en prejuicio utilizadas para 'castigar' a quien perturbara el orden social y moral impuesto".

En consecuencia, en el año 2000 fue asesinado Carlos Arboleda, líder del colectivo, y los demás integrantes fueron víctimas de desplazamiento forzado. 

“Acá ni los policías ni el Ejército ni los paramilitares nos querían —relata en el informe una de las víctimas de este colectivo—. Nos decían: ‘No queremos pelos largos; queremos que se motilen, que se quiten aretes, que se despinten uñas’ (...) Nos decían: ‘Se pueden ir pa’ las casas. El día que los veamos, ahí mismo los matamos’. La Policía y el Ejército nos metían al calabozo y nos agredían por ser gais o travestirnos… y ya luego los paramilitares mataron a nuestro líder del colectivo y nos desplazamos varios por miedo”.

Una de las víctima del colectivo LGBT de El Carmen de Bolívar narra que, luego de que empezaron a circular panfletos amenazantes en contra de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, de grupos paramilitares con logotipos de las AUC llegaron a su casa.

"Nos daban siempre 24 horas. Nos ponían con nombre identitario, otras personas con nombres propios y más que hubieron (sic) unas que las cogieron personalmente, las llevaron lejos, y les dijeron que les daban 24 horas, que se fueran, que no querían matarlas, que había que 'limpiar el pueblo', por decirlo así. Esos eran los términos de ellos, que tenía que 'limpiar el pueblo', porque nosotros dábamos malos ejemplos a la comunidad. Pues yo me fui para Barranquilla".

En ese municipio del departamento de Bolívar, mujeres trans y hombres gais con expresiones de género femeninas adelantaron procesos de resistencia a través de sus cuerpos. Llevaron sus expresiones a las calles, a las plazas y a los parques, buscando hacerle frente a la violencia cotidiana y en el marco del conflicto armado. Así, se fueron formando como un colectivo, reuniéndose y apropiándose del espacio público.

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Pero como cuenta el informe de Caribe Afirmativo, esto provocó que tanto la Fuerza Pública como los grupos paramilitares empezaran a considerarles "perturbadores del orden público" y ejercieran violencia por prejuicio para "castigar, excluir y eliminar" a quienes integraban el colectivo, se reunían y exponían sus cuerpos. 

"Se trató de detenciones arbitrarias, violencia sexual, tortura, agresiones físicas y psicológicas, amenazas y desplazamientos forzados, que les permitió a los grupos armados mantener el control del territorio y la población, así como legitimarse socialmente", asegura esa organización.

El informe 'Resistimos callando, re-existimos gritando' se presenta con el apoyo de Abogados Sin Fronteras Canadá, la Embajada de Canadá, la Embajada de Países Bajos y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

Desde Caribe Afirmativo manifiestan que, con este documento, el cual forma parte de su incitativa 'Promoviendo la Paz', buscan extender una invitación a "reflexionar sobre las dinámicas de las violencias por prejuicio contra las construcciones colectivas de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en diferentes territorios del país".

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Y añaden que este trabajo "resalta las formas de resistencia al conflicto desde la construcción de paz, la apropiación de los territorios y la lucha por los derechos humanos".

A la fecha, son cuatro los informes presentados por Caribe Afirmativo ante la JEP: dos informes sobre violencias contra personas LGBT en la subregión de Urabá, presentados al caso No. 004 (Situación territorial de la región de Urabá); uno más sobre violencias contra personas LGBT en la subregión de Montes de María, y otro sobre violencia contra sujetos colectivos LGBT en Antioquia.

Además, con este, son dos informes los presentados ante la Comisión de la Verdad, junto con numerosos documentos técnicos que han resultado de las experiencias de las víctimas LGBT del conflicto armado en Colombia.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

Periodista de ELTIEMPO.COM

En Twitter: @williammoher