Los retos clave que tendrá el nuevo gobierno en política de drogas

Intervenciones integrales para reducir la siembra de cultivos de uso ilícito, un control de oferta efectivo, mejorar la persecución de los bienes de los narcotraficantes, trabajar desde la salud pública en prevención y mitigación de riesgos por consumo de drogas, promover la investigación, regular el cannabis de uso adulto y liderar una discusión global sobre la regulación de la cocaína.

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Estos son algunos de los puntos claves que investigadores consideran que deberá tener en cuenta, como retos y recomendaciones, el próximo gobierno en materia de política de drogas.

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El Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes consignó en un documento diez ideas en esta materia, comenzando por señalar que Colombia produce cerca del 68.8 por ciento de la cocaína mundial y que en 2018 se estimó que el mercado de la cocaína en el país es el 1.8 por ciento del PIB.

Pese a esto, el consumo no se reduce y el país ha enfrentado por décadas los costos de un mercado ilegal, que especialmente afecta a las poblaciones más vulnerables como campesinos, mujeres, minorías étnicas y líderes sociales.

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“Por eso, es necesario un giro en la política de drogas del Estado", explicó María Alejandra Vélez, directora del Cesed. La profesora explicó que el consumo de cocaína en el mundo sigue creciendo pese a los esfuerzos de Colombia de “guerra antidrogas”, por lo que plantea reenfocar la estrategia para seguir persiguiendo a los narcotraficantes pero no a los consumidores o a los eslabones más bajos de la cadena productiva, que son los campesinos cultivadores.

En ese sentido, una de las propuestas que incluye el decálogo del Cesed es fortalecer el seguimiento financiero a las organizaciones criminales detrás del negocio de la droga. “El foco debería ser el lavado de activos. Hay que fortalecer los sistema de información y seguimiento financiero para incautar la plata, a las estructuras criminales hay que atacarlas, y eso se hace incautando activos, haciendo inteligencia. Eso hay que coordinarlo con otros gobiernos”, citó.

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Añadió que, en paralelo, debe haber un enfoque de reducción de daños y trabajo con el consumo problemático. “Prevención de consumo de menores, no criminalizar el consumo y abordar el consumo problemático”, explicó.

El documento del Cesed también habla de regular el uso adulto y recreativo del cannabis, algo que se ha intentado en el Congreso pero que no ha prosperado.

“Regular el uso adulto del cannabis entre otras cosas permite hacer más prevención del consumo temprano, que es una de las preocupaciones, y permite que la Policía no se distraiga persiguiendo a los consumidores y pueda dedicarse a los crímenes que tienen mayor afectación”, explicó Vélez.

Pero también se habla de una eventual regulación de la cocaína, así como de mejorar la investigación de los otros usos de la hoja de coca. A nivel global, las convenciones sobre drogas de la ONU prohíben una legalización, no obstante, el Cesed llama la atención sobre la necesidad de que Colombia, como el primer productor de cocaína en el mundo, lidere la discusión global “para movernos a la descriminalización con enfoque en salud pública”, explicó la directora, quien añadió que aunque una regulación unilateral del país “es inviable políticamente” ahora, el Estado debería liderar la discusión global sobre la regulación.

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Sin embargo, de la mano de la regulación sigue estando como reto perseguir a las estructuras criminales, puesto que estas no se acabarán solo con legalizar un producto. “Si mañana se regula la comercialización del cannabis, por ejemplo, la sola regulación no va a eliminar las estructuras criminales organizadas, habrá un mercado negro y eso hay que abordarlo. Regular no es suficiente para acabar la violencia en las ciudades y la criminalidad que se ha generado por 60 años de prohibicionismo”, destacó la Vélez.

Tanto el Cesed como el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) hacen hincapié en que una nueva política de drogas debe contemplar una intervención integral con las comunidades cultivadoras.

Aunque desde hace casi cinco años en Colombia se puso en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), que vincula a 99.097 familias en 56 municipios de 14 departamentos, para los investigadores este programa se ha quedado corto.

Luis Felipe Cruz, investigador del área de política de drogas de Dejusticia, aseguró que para reducir los cultivos de coca en el país lo más importante es fortalecer el desarrollo territorial en relación al Pnis. El documento del Cesed añade que el éxito también está en la sostenibilidad en el tiempo de las estrategias de desarrollo alternativo para poder solucionar problemas estructurales en las regiones.

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“Las personas que se lucran del negocio, los grandes narcotraficantes, no son los campesinos ni las poblaciones de las zonas cocaleras. Hay que diferenciar para dividir las acciones frente a cada actor. Al que se lucra del narcotráfico hay que hacerle una estrategia de seguridad con todo el aparato represivo, perseguirlo a él y sus bienes y testaferros. Para el campesinado, hay que fortalecer programas de sustitución y desarrollo integral, y reducir la represión sobre el campesinado, que es el actor que menos le produce a la economía de la coca”, explicó Cruz.

Tanto Vélez como el investigador de Dejusticia coinciden en otro punto, y es que las fumigaciones aéreas con glifosato no caben en una visión de desarrollo alternativo en las comunidades, no solo porque las aspersiones no son costo-efectivas, sino porque tienen un alto índice de resiembra en comparación con intervenciones concertadas con los campesinos, además de problemas medioambientales y posible afectación a la salud.

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Aunado a lo que expusieron Vélez y Cruz, desde el Cesed y Dejusticia, otra arista importante en la política de drogas es el consumo, que es una realidad, y la prevención de los riesgos que se derivan de este.

En este aspecto Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), que trabaja en la mitigación de riesgos por consumo de sustancias psicoactivas -legales e ilegales- explicó que el mayor reto en materia de prevención y mitigación es alinearse a la tendencia mundial enfocada en la prevención desde la educación, el consumo responsable y entender el consumo como una decisión personal que, en la mayoría de casos, no está asociada a una enfermedad de la salud mental, que es el abordaje tradicional de este aspecto.

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El experto consideró que de cara a la posibilidad de que pronto haya marihuana regulada, el sistema de salud y los funcionarios estatales deben prepararse para ese nuevo escenario, y trabajar en educación al respecto.

Así mismo, destacó la importancia de regular y trabajar en consumo responsable de sustancias legales como la nicotina, incluso a través de dispositivos electrónicos, pues el consumo de tabaco está asociado a cerca de 30.000 muertes anuales; y el alcohol, la sustancia que más está asociada a indicadores de riñas, violencia, accidentes viales, y más.

“El futuro de los próximos 10 años en Colombia y a nivel mundial lo va a marcar la transición del paradigma de la prohibición a la regulación de los mercados de drogas. El futuro se llama consumo responsable y reducción de riesgos y daños para vivir en un mundo con drogas reguladas, se llama participación de las personas consumidoras, y se llama uso de sustancias psicoactivas con fines medicinales y terapéuticos. Esos son los retos que debe empezar a afrontar el próximo gobierno”, expuso Quintero.

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