Operación militar en Putumayo: seis meses después, víctimas piden justicia

Seis meses han pasado y para las víctimas aún no hay justicia por una de las mañanas más oscuras de la zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, en la que el pasado 28 de marzo, militares vestidos de negro ingresaron a un bazar comunitario, en medio de un operativo contra los disidentes de las Farc alias Bruno y alias Managua, en el que 11 personas murieron y un militar resultó herido.

El 28 de septiembre se cumplieron seis meses de lo que algunos catalogaron como una operación irregular y que la Fuerza Pública asegura, fue un operativo legítimo. Los ojos del país se fijaron en la vereda Alto Remanso en el mes de marzo y pese a que la Fiscalía y los organismos de control hicieron presencia adelantando investigaciones para aclarar lo sucedido, aún no hay decisiones de fondo.

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Entre balas y gritos terminó lo que para la comunidad era un bazar para la recolección de fondos para una placa-huella que conectaría las fincas de la montaña.

Días después de los hechos, los comercios habían desaparecido y la zona estaba en silencio. Habitantes de la zona consultados por EL TIEMPO señalan que tras el operativo quedó un ambiente de desconfianza frente a las autoridades. Según los testimonios, había quienes querían justicia pero no confiaban en quienes debían impartirla.

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Decenas de familias salieron de sus hogares por miedo a que algo parecido volviera a suceder y, pese a ello, “el caserío tuvo que salir adelante”, le contó a este diario el padre de una de las víctimas, cuyo nombre no se menciona por seguridad.

“Ese operativo lo único que dejó fue sangre inocente. La cuestión es que dicen que pertenecíamos a una organización de narcotráfico para darle un aspecto legal al operativo. Además, el asunto de los grupos ilegales sigue completamente igual, con ellos no ha pasado nada. Unos los sigue viendo por la zona. Ahora, ¿dónde está el supuesto Bruno que vinieron a matar?” agregó el testigo.

Según testimonios de las víctimas a las que este diario pudo consultar, hubo incongruencias en las investigaciones de lo sucedido: la Fiscalía llegó a la zona cuatro días después, la Personería 10. Los cuerpos duraron bajo el sol varias horas en las que el Ejército presuntamente no dejó hacer el respectivo reconocimiento; además, los cuerpos se entregaron envueltos en bolsas blancas cinco días después.

“A las 3 de la tarde fue cuando le pusieron fusiles a todos los campesinos para que se creyera que estaban armados. A mi hijo me lo mataron llegando a mi casa, con otro individuo, ahí había dos charcos de sangre. Hay fotos en las que se ve la manipulación que tuvo el cuerpo de mi hijo. Le pusieron un chaleco y un fusil”, comentó una de las víctimas.

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El caso quedó en el despacho de la Unidad Especial, la Dirección de Derechos Humanos y la delegación territorial. 

EL TIEMPO consultó con tres abogados apoderados de las víctimas sobre el estado del proceso jurídico, luego de que se cumplieran seis meses del operativo, a lo que respondieron que "la Fiscalía no ha tomado ninguna decisión en el caso, está ahí, siguen recaudando evidencias”.

Añadieron que “no ha ocurrido nada relevante, las víctimas siguen pidiendo justicia y no hay resultados ni de los procesos que lleva la Fiscalía, ni de las investigaciones disciplinarias”.

Asimismo, dijeron que tuvieron conocimiento del proceso de una de las familias en las que se ha solicitado información de la investigación penal, pero indicó que “no nos la han querido suministrar indicando que es reservada”.

Por otra parte, según el padre de uno de los fallecidos, él tuvo que interponer un derecho de petición a la Fiscalía para que le dieran el dictamen de Medicina Legal de su hijo.

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Este diario consultó a la Fiscalía sobre el estado de las investigaciones y señalaron que sí hay avances en la indagación y recolección de evidencia para aclarar plenamente lo sucedido.

"La Fiscalía no ha dejado de investigar un solo momento desde que ocurrieron los hechos, de manera permanente e ininterrumpida", dijeron fuentes del ente acusador.

Sobre la intervención de la Fiscalía en la zona, se mencionó que hay una gran  complejidad en el caso por el "número de víctimas, indiciados, la propia zona, los desafíos forenses y balístico" y enfatizó que "no hubo tardanzas injustificadas ni mucho menos negligencia".

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El cuerpo investigador a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos aseguró haber recaudado el 90% de la evidencia física, elementos materiales probatorios e información para esclarecer lo sucedido.

"Próximamente, estas actuaciones pendientes culminarán y se tomará la decisión que en derecho corresponda, que la opinión pública conocerá en su debido momento", agregaron voceros de la Fiscalía.

Y agregaron que en su labor constitucional y legal no se ha presentado alguna dilación injustificada. Que su obligación es decidir en derecho y con suficiencia probatoria.

"Proceder de otro modo, por el solo afán de mostrar un resultado de judicialización, en nada beneficiaría los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas en un caso como este", finalizaron.

Por su lado, en el ámbito disciplinario las labores fueron asumidas por la Procuraduría General, y el procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, Javier Sarmiento, indicó que a la investigación disciplinaria se ha vinculado "a varios de los militares que participaron en esa operación, algunos oficiales y otros suboficiales”.

También señaló que se constituyó una agencia especial en la que interviene un procurador judicial en el proceso penal que adelanta la Fiscalía.

Sobre el tiempo que ha demorado la entidad en dar respuesta sobre los procesos disciplinarios, Sarmiento señaló que el proceso se encuentra en términos, es decir, no está atrasado.

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Frente a esto citó que el artículo 208 de Ley 2094 de 2021 establece que la indagación previa tendrá una duración de seis meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de investigación, y que cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, "el término de indagación previa podrá extenderse a otros seis meses”.

Para el funcionario, los procesos que se están adelantando requieren de una mayor rigurosidad investigativa. “Las pruebas técnicas toman tiempo y especial cuidado. Estamos con toda la disposición de escuchar e informar a los familiares de los fallecidos los avances en la investigación, hasta donde lo permite la reserva”, agregó.

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EL TIEMPO se comunicó con el general Juan Carlos Correa, excomandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo y actual Inspector del Ejército Nacional, a lo que respondió sobre el avance de las investigaciones que no había aún ningún comunicado oficial.

"El proceso lo están llevando las autoridades competentes y se encuentra en etapa de instrucción, por lo cual no se ha notificado nada", aseguró el oficial.

En su momento, el general le dijo a este diario que no se había tratado de una masacre y que el personal del CTI de la Fiscalía que estuvo en el punto se encargó de recopilar las evidencias, desarrollar los actos urgentes.

"Que quede claro, aquí no hubo una masacre. Aquí se desarrolló una operación militar legítima contra las disidencias... se nota que lo que había en ese punto era una estructura armada por los fusiles y armamento de guerra incautado", explicó el castrense hace unos meses.

Cada uno de los familiares de las víctimas a los que EL TIEMPO pudo consultar llegaron a la conclusión en que aún no hay respuestas sobre lo ocurrido el 28 de marzo. Indicaron que los procesos continúan estancados pero que buscarán cualquier medida para lograr justicia y demostrar la inocencia de quienes presuntamente fueron asesinados en el caserío. 

De lo sucedido en la vereda de Alto Remanso aún quedan muchas dudas por responder por parte de las autoridades. Y pese a que la Fiscalía continúa con sus labores de investigación, existe la sensación en los familiares de las víctimas que la justicia se tardará en llegar.

MAURICIO ROA MUÑOZ, ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

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