Estos son los puntos claves de la Política de Seguridad y Defensa del Gobierno

En cuatro zonas, con alta presencia de cultivos ilegales, el Gobierno nacional pondrá a prueba su estrategia de sustitución voluntaria, que ahora será la punta de lanza contra el narcotráfico por encima de la erradicación forzada.

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Fuentes del Ministerio de Defensa le confirmaron a EL TIEMPO que la iniciativa se aplicará en los municipios de El Tarra (Norte de Santander), Olaya Herrera (Nariño), Villa Garzón (Putumayo) y Argelia (Cauca) y para ello ya se apropiaron recursos por 1,6 billones de pesos que se invertirán en la financiación de proyectos productivos.

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Aunque no hay aún un estimado de las hectáreas de cultivos que se espera sustituir con esta estrategia, sí se fijó la meta para la erradicación forzada que se aplicará cuando no sea efectiva la sustitución. Así, la Fuerza Pública tiene como propósito para este año arrancar 28.000 hectáreas sembradas con matas de coca, de las 204.000 que hay en el país, según el más reciente estudio del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci.

La meta es mucho menor a la de los años anteriores si se tiene en cuenta que para el año pasado era de cien mil hectáreas erradicadas, para 2021 era de 130.000 y para 2020 se había fijado en 100.000 hectáreas.

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El punto de erradicación va ligado a la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, ‘Garantías para la Vida y la Paz. 2022-2026’, que presenta hoy el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y que tiene como objetivo principal “proteger la vida de todas y todos los habitantes del país mediante la generación de condiciones de seguridad en los entornos urbanos y particularmente rurales, y la recuperación del control del territorio para liberar a la sociedad de las violencias”.

Las acciones, de acuerdo a esa nueva política del Mindefensa, “estarán enfocadas en contrarrestar, principalmente, las economías y rentas ilícitas”, que son el motor de los grupos que se financian del tráfico de la cocaína.

Y así, indicaron las fuentes del ministerio a este diario, se va a impulsar la interdicción —que se concentra en las operaciones de la Fuerza Pública en incautaciones de droga, destrucción de laboratorios y la incautación de precursores químicos— y para ello ya se estableció una meta de incautaciones de coca para este año: 834 toneladas, de ellas 381 estarán a cargo de la Policía y 452 a cargo de las Fuerzas Militares.

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Cifras del Ministerio de Defensa indican que entre el 1 de enero y el 19 de abril la Fuerza Pública ha incautado 195.7 toneladas de cocaína, destruido 67 laboratorios para el procesamiento de cocaína, y 1.664 para la pasta de coca, y se han decomisado en precursores 1.425.939 galones de insumos líquidos y 1.204.410 de insumos sólidos.

En ese orden de ideas, la Armada Nacional juega un papel protagónico en la interdicción marítima (operaciones internacionales) y las fluviales, por ello, dentro de la Política de Seguridad y Defensa, se planteó la adquisición de 40 embarcaciones para reforzar dichas actividades.

De acuerdo con las fuentes, hay un déficit de embarcaciones en la Armada, por lo que inicialmente se designaron 13.000 millones de pesos para su construcción en la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, Cotecmar. Se avanza además en la búsqueda de recursos con cooperación internacional.

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La Política de Seguridad y Defensa se construyó con base en cinco ítems, que se desprenden del diagnóstico de las afectaciones que se registra en los territorios, particularmente las humanitarias y, para ello, se escuchó a las comunidades.

Entre los lineamientos está “la seguridad ciudadana en los centros urbanos; afectaciones al medio ambiente, especialmente en lo concerniente a deforestación; amenazas a la soberanía, integridad territorial, independencia y orden constitucional, además del problema mundial de las drogas y el problema de la confianza en las instituciones de seguridad”, se lee en un documento conocido por EL TIEMPO.

Como parte de la estrategia para los próximos cuatro años, se plantea “impulsar una agenda internacional del Sector de Seguridad y Defensa” y llevar al Congreso una ley de defensa y seguridad fronteriza, para actualizar la que está vigente en el país, y una ley de seguridad y defensa nacional.

Igualmente, se proyecta como otro de los ejes de la Política de Seguridad y Defensa la protección de la infraestructura estratégica-crítica del país.

Redacción Justicia

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