Así van los trámites para el regreso de las aspersiones con glifosato

Desde Barranquilla, sede del Congreso Mundial del Derecho (World Law Congress Colombia 2021), el ministro de Justicia Wilson Ruiz afirmó que en los próximos días citará al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) para estudiar la viabilidad del regreso de las aspersiones aéreas con glifosato contra los cultivos de uso ilícito.

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Ruiz indicó que citará al CNE una vez entreguen a su despacho los estudios realizados por la Anla y el Instituto Nacional de Salud sobre las afectaciones del glifosato sobre el medioambiente y la salud, y las formas de mitigarla.

Aunque el anuncio del ministro vuelve a poner este tema sobre la mesa, lo cierto es que nada ha cambiado al respecto desde abril de este año.

Esto porque desde hace siete meses están listos los conceptos a los que hizo referencia Ruiz, y aún así, el Gobierno no ha citado al CNE, que por ley es el único que puede darle vía libre al regreso de las aspersiones.

La fumigación aérea está suspendida desde 2015 y en 2017 la Corte Constitucional impuso una serie de requisitos para reactivarla, entre esos, tener un estudio de afectación medioambiental, otro sobre las afectaciones a la salud, que incluyan medidas sobre cómo mitigarlas; así mismo, que la estrategia de fumigación no sea diseñada por quien va a ejecutar el programa, que haya un mecanismo de quejas y un seguimiento constante.

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En ese sentido, el 12 de abril de este año el Gobierno expidió el decreto 380, que contiene al mismo tiempo la regulación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (Pecig), las pautas para un mecanismo de quejas, y establece un momento para la realización de consultas previas.

Dos días después, el 14 de abril, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dio su aval al plan de manejo ambiental (PMA) del Pecig, el PMA fue elaborado por la Policía Nacional.

Este aval equivale al concepto previo ambiental que ordenó la Corte. Ese mismo mes se confirmó que el Instituto Nacional de Salud ya le había entregado al Ministerio de Salud su concepto previo en el tema, a partir de un estudio que elaboró la Universidad de Córdoba.

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Con todo esto, se esperaba que en cuestión de días fuera convocado el Consejo Nacional de Estupefacientes, conformado en su mayoría por entidades del Gobierno y en donde se da por sentado que se le dará luz verde al regreso de la fumigación aérea.

Pero esto no se ha hecho y, en el entretiempo, el decreto del gobierno fue demandado ante el Consejo de Estado y el PMA del Pecig es objeto de una tutela, apoyada por congresistas, según la cual en la audiencia pública realizada por la Anla en diciembre de 2020, en la que se socializó el plan de manejo ambiental, no hubo efectiva participación de las comunidades de los territorios que puedan ser afectadas por la aspersión del herbicida.

Esa tutela está en trámite en la Corte Constitucional, donde se espera que la ponente, la magistrada Cristina Pardo, presente la respectiva ponencia para estudio.

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Teniendo en cuenta que en unos días comienza la vacancia judicial -vacaciones de la rama judicial- que va hasta mediados de enero, sería improbable que este año se resuelvan en los altos tribunales la demanda y la tutela.

Así mismo, aunque desde el mismo abril de este año el ministro de Defensa Diego Molano habló de una meta de 26.000 hectáreas a asperjar con glifosato este año, mientras el Consejo Nacional de Estupefacientes no dé su aval, ese objetivo seguirá lejano y ya corre el último mes de 2021.

Si bien se daban por cumplidos todos los requisitos que estableció la Corte Constitucional para la reactivación del glifosato, hay uno adicional que quedó más claro en el Auto 387 de 2019, que fue un auto de seguimiento de ese alto tribunal a su sentencia de 2017.

En el auto, la Corte dijo que deben privilegiarse los métodos contemplados en el acuerdo de paz firmado con las Farc. Además, en diciembre de 2020, el magistrado Alberto Rojas Ríos, ponente del auto y entonces presidente de la Corte, explicó los alcances del mismo:  

"Se debe priorizar la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito sobre la erradicación forzada y, a su vez, establecer que esta solo procederá en caso de que fracase la primera. Y, por último, solo en caso de que la sustitución voluntaria falle, y luego del fracaso adicional de la erradicación manual, podrá acudirse a la aspersión aérea con glifosato", dijo Rojas en ese momento.

Para organizaciones civiles, el Gobierno aún no ha cumplido con este requisito de priorizar la sustitución de cultivos y la erradicación manual, ni tampoco se considera que estas hayan fallado.

Sin embargo, para el Gobierno, como han manifestado en diversas ocasiones los ministros de Defensa, Justicia y el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, en este punto no se trata de un tema de orden sino de complementariedad. El Ejecutivo afirma que el acuerdo de paz no prohíbe la aspersión y que en la lucha antinarcóticos deben usarse todos los métodos posibles.

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