El tortuoso camino para el retorno de la aspersión

Si bien la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que prohíbe que recursos donados por ese país a Colombia puedan usarse en la fumigación de cultivos de uso ilícito, la iniciativa, denominada ‘Autorizaciones para la defensa nacional’ (NDAA, por su sigla en inglés) aún está pendiente de su trámite en el Senado y en una eventual comisión de conciliación.

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Ante esto, el ministro de la Defensa, Diego Molano, se mostró confiado en que los congresistas estadounidenses lleguen a un acuerdo que “mantenga ese apoyo irrestricto a esa lucha contra el narcotráfico en Colombia”.

Molano, único vocero del Gobierno que se ha pronunciado tras la votación en la Cámara, insistió en que espera que se mantenga la “disposición de seguir avanzando en esa materia de forma conjunta con las corresponsabilidades que tienen nuestros países”, y recordó que el mismo gobierno del presidente Joe Biden mantuvo hace solo 15 días la certificación a Colombia en su lucha antidrogas.

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Lo cierto es que mientras el debate avanza en Estados Unidos, el gobierno de Iván Duque continúa en la línea de combatir el narcotráfico en todos los eslabones de la cadena, incluyendo la erradicación de cultivos que el año pasado llegaron a las 143.000 hectáreas, según informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Molano reportó ayer mismo que en 2020 fueron erradicadas 130.000 hectáreas, destruidos más de 5.000 laboratorios e incautadas 500 toneladas de cocaína.

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Una labor para la cual el dinero que Estados Unidos aporta es cada vez menor, siendo el Gobierno Nacional es el que asume la mayor parte de los costos de la erradicación, que, por ahora, sigue siendo manual, toda vez que la aspersión aérea está suspendida desde 2015, cuando se calificó este herbicida como “probablemente cancerígeno”, y solo será posible volver a usarlo cuando se terminen de cumplir los pasos dados por la Corte Constitucional en 2017, de los cuales este año se han cumplido tres.

Por un lado, el Gobierno nacional emitió el Decreto 380 de 2021, que fija los parámetros del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el glifosato (Pecig), así como el visto bueno de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) al Plan de Manejo Ambiental (PMA) para ese programa, que realizó la Policía Nacional.

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El punto está en que el decreto está demandado ante el Consejo de Estado y la PMA es objeto de una tutela, apoyada por congresistas, según la cual en la audiencia pública de diciembre de 2020, en la que se socializó el plan, no hubo efectiva participación de las comunidades habitantes de territorios que puedan ser afectadas por la aspersión del herbicida.

Ese caso está en trámite en la Corte Constitucional, donde se espera que la nueva ponente (magistrada Cristina Pardo) presente la respectiva ponencia para estudio.

Aparte de esos dos asuntos, este año el Instituto Nacional de Salud ya le entregó al Ministerio de Salud su concepto previo sobre riesgos en salud. Con estas cartas, es el Consejo Nacional de Estupefacientes el que deberá sesionar y analizar si se cumplieron los requisitos para reanudar las fumigaciones.

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Por otra parte, el cambio del escenario político, ante la inminencia de la campaña presidencial plantea nuevos retos.

Por ejemplo, esta semana el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes reunió, para hablar del tema, a los precandidatos Juan Fernando Cristo, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Roy Barreras, Rafael Nieto, Alejandro Gaviria, Juan Carlos Echeverry, Camilo Romero y Gustavo Petro.

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De ellos, solo Nieto y Valencia le dieron el ‘sí’ al uso del herbicida, mientras que Echeverry no lo descartó. Los otros precandidatos se negaron tajantemente a su uso.

Gaviria apuntó que “las fumigaciones de glifosato no funcionan”, Petro sostuvo que “ni por el chiras”, Cristo, que sería “una barbaridad” y Romero anotó, sarcásticamente, que solo lo avalaría para la “Casa de Nariño”.

Barreras también dijo que lo desecha y ayer, tras la decisión de la Cámara, aseguró que como firmante del acuerdo de paz, en el enfoque en la lucha contra el narcotráfico debe primar el respeto al agua y la vida. De tal modo, por ahora, los procesos judiciales en marcha serán los que definan el asunto.

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