Reclutamiento de menores de edad, un crimen que sigue creciendo en medio de la ‘paz total’

A Carmelina Yule Paví, coordinadora local del Tejido Mujer del resguardo de Toribío, la mataron las disidencias de las Farc por tratar de salvar a un menor indígena que iba a ser reclutado a la fuerza en las montañas del Cauca.

La mayora recibió dos disparos de fusil en la cabeza y ese asesinato desembocó en la ruptura final del cese del fuego entre las disidencias de alias Iván Mordisco y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Carmelina salvó ese día a un joven nasa, pero esa suerte no la han corrido en los últimos ocho años (los mismos que han pasado desde la firma de la paz con las Farc), al menos 500 jóvenes y niños que terminaron en las filas de los grupos violentos que han vuelto a convertir al Cauca en uno de los epicentros de la guerra en Colombia.

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La Defensoría del Pueblo habla de 159 reclutamientos forzados denunciados en el primer semestre de este año, pero en las comunidades aseguran que no pasa más de un día sin que se conozca un nuevo caso. La Fiscalía, entre tanto, reporta casi 650 denuncias. En todo el país, dice Unicef, son las comunidades indígenas y afros las más afectadas por este crimen, perpetrado por igual por disidencias, el Eln y el ‘clan del Golfo’ en medio de la ‘paz total’.

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La tragedia que se vive en el Cauca se repite en Nariño, Caquetá, Antioquia, Arauca, Putumayo, Guaviare y en muchas otras regiones donde las reglas las siguen imponiendo los violentos. “A mí una señora me ofreció trabajo; me dijo que era solo para cocinar y que los fines de semana podía bajar a visitar a mis papás. Me dijo que me pagarían dos millones de pesos. Imagínese toda esa plata. Yo me salí de la escuela y me fui de la casa”. Ese es el testimonio de una adolescente de 15 años que hace algunas semanas depuso sus armas ante una patrulla militar en el suroccidente del país.

La joven fue reclutada con engaños a sus 14 años. A los dos días de haber llegado a un campamento de la columna ‘Carlos Patiño’, de las disidencias, en la selva nariñense, supo que lo de cocinar era un cuento: “Pasé a estar vestida con uniforme a recibir instrucción militar, arrastre y a manejar un viejo fusil (...). Yo lloraba mucho, pero se reían de mí. Y empezaron las amenazas y los malos tratos. Allá todos se creen más que el otro”.

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Nunca le pagaron un peso. En un reporte de la Policía, conocido por este diario, se lee que, como muchas otras menores reclutadas, fue víctima de abuso sexual. “Todos los días nos decían que el que los traicionara se podía dar por muerto, al igual que sus familias. Y esas palabras pesan”, dijo. Además agregó que la gran mayoría de sus compañeros de frente no pasaban de los 17 años y que, como ella, eran de comunidades indígenas.

Como sucede con otros crímenes perpetrados por los grupos armados, como la extorsión, en el país no hay una cifra confiable de menores reclutados, porque la mayoría de las familias no denuncian. El miedo a las represalias y hasta el desconocimiento median en esa situación.

Los niños, niñas y adolescentes no solamente son la ‘carne de cañón’ disponible que, a lo largo de la historia del conflicto armado en el país, guerrillas, paramilitares y narcos han aprovechado para sus fines estratégicos. También la directriz del Gobierno de no lanzar bombardeos contra los grandes grupos armados ilegales, cuando hay certeza de presencia de niños reclutados en los campamentos, ha producido el efecto contrario al de protección con el que se impuso esta condición. Se sabe que jefes ilegales como el mismo ‘Mordisco’ y los capos del ‘clan del Golfo’ suelen ordenar que en su círculo de seguridad haya menores, como salvaguarda para evitar los golpes de la Fuerza Pública.

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Este año, de acuerdo con el informe mencionado, la Policía Nacional ha logrado documentar 201 casos de menores de edad víctimas del delito de reclutamiento forzado. Son, entre enero y mediados de septiembre, 40 casos más de los reseñados en el mismo lapso del año pasado. Y el subregistro, de nuevo, es enorme.

Por eso en la lista de municipios más afectados por esta actividad ilícita aparece Jamundí, en las goteras de Cali (19 casos), con más denuncias que Argelia (12 reportes), siendo este municipio caucano uno de los principales epicentros del conflicto hoy en el país. Allá está el famoso corregimiento de El Plateado, donde las disidencias intentan detener a sangre y fuego el avance de la Fuerza Pública hacia el estratégico cañón del río Micay, una de las principales autopistas naturales del narcotráfico hacia el océano Pacífico. En El Plateado las disidencias vienen imponiendo hace más de cinco años una especie de ‘servicio obligatorio’ ilegal a los jóvenes de las familias que habitan en la región, por eso la denuncia de apenas una docena de casos difícilmente refleja la realidad que allá se vive.

De hecho, los datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación indican que desde el 1.º de enero hasta agosto de este año se recibieron 649 noticias criminales por el delito de reclutamiento ilícito. En el mismo periodo de 2023 fueron 633 las noticias criminales documentadas por el ente acusador correspondientes a esta práctica, que es condenada por el derecho internacional humanitario.

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La Policía llama la atención porque de los casos denunciados, al menos 65 se produjeron en los cascos urbanos. Los reclutadores se han sofisticado y ahora también pescan víctimas a través de las redes sociales, como lo demuestra el caso de ‘Camilo Rayo’, aprehendido hace menos de un mes cuando llevaba a dos muchachos del Tolima hacia Caquetá.

“Los chinos saben y están listos para arrancar (...). Yo ya mandé cuatro adelante, les dije a dónde llegaran y ya hablé con el patrón mío para que esté pendiente... Mañana tengo que ir a San José a recoger algo”. Esta es parte de una conversación por WhatsApp interceptada a ‘Camilo’, quien fue capturado en flagrancia por soldados de la Sexta Brigada del Ejército. En el expediente judicial se lee que a través de ofertas de trabajo en redes sociales, el delincuente logró ‘venderle’ al frente disidente ‘Ismael Ruiz’ a decenas de muchachos. Por cada uno de ellos le pagaban hasta dos millones de pesos.

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Las disidencias, ya sean las de ‘Iván Mordisco’, ‘Calarcá’ o ‘Iván Márquez’, son señaladas por la Fuerza Pública como los grupos criminales que más incorporan menores a sus filas. “Vinieron a mi casa y me dijeron que tenía que ‘prestar’ a mi hijo para favorecer la revolución. Obviamente dijimos que no, que nuestros planes eran que nuestro hijo siguiera estudiando, pero no les importó y se lo llevaron a la fuerza. Ya han pasado siete meses y no he sabido nada de mi hijo”.

Testimonios como el de este padre de familia campesino se repiten por decenas en el norte de Caquetá. Según expuso el hombre, su hijo de 15 años fue reclutado por las disidencias que delinquen en ese departamento. Las labores de inteligencia determinaron que detrás de varios casos de reclutamiento se encuentra un temido guerrillero que se ha encargado de sembrar la zozobra entre los habitantes de esa zona del país, pues llega a las viviendas y se lleva a los menores ejerciendo violencia.

Se trata de Edwin Daney Marín Morales, alias Champa o Chamo, quien lideró por años la columna ‘Teófilo Forero’ y en la actualidad hace parte de la ‘Segunda Marquetalia’. Las autoridades militares señalan que ha reclutado a más de 25 menores en los últimos 3 meses.

Este hombre, según revelan las labores de inteligencia, emplea a los menores para exigir cuotas extorsivas a comerciantes, transportadores y ganaderos de Caquetá y Huila.

Lo mismo están haciendo el Eln en Arauca y Norte de Santander, y el ‘clan del Golfo’ en el nordeste del Cauca, Chocó y el sur de Bolívar. El clan, dicen los reportes de inteligencia de la operación Agamenón, usualmente “instrumentaliza a los menores para labores de microtráfico y apoyo logístico, pero no los saca de sus casas”.

El 3 de septiembre, la Policía Judicial (Dijín) reportó la captura de una mujer de 57 años que hacía las labores de docente y líder comunal en Cúcuta. Pero una larga investigación arrojó que sería una de las principales fichas de las disidencias que comanda Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, en Norte de Santander, para el reclutamiento de menores.

Labores de inteligencia dejaron al descubierto las movidas criminales de Flor Alba Caballero Bolívar, más conocida en el ámbito criminal como la ‘Profe’, una mujer que, según las pruebas recabadas, era integrante de las redes de apoyo de la estructura 33 del bloque ‘Magdalena Medio’, bajo el mando de alias Andrey, que delinque en el sector del Catatumbo. “Los investigadores lograron establecer que esta persona estaría aprovechando su posición como docente y líder comunal para el adoctrinamiento de los niños, niñas y adolescentes, manipulándolos e induciéndolos a unirse a las filas guerrilleras, con el fin de ser reclutados ilegalmente por la columna ‘Jacobo Arenas’ de las disidencias”, señaló la Dijín.

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Esta sería una de las modalidades de reclutamiento de los grupos armados, la de obligar a líderes sociales –so pena de muerte– a incorporar menores de sus zonas.

De hecho, la Policía ha documentado que otra forma de incrementar su pie de fuerza es la de presionar a jóvenes de sus filas a “incorporar a sus amigos o familiares con ofrecimientos económicos”.

Hember Cucuñame, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), señaló que los armados no solo usan la violencia para llevarse a los pequeños. Entre sus estrategias, también está la de mentirles a los niños, niñas y adolescentes con promesas de un futuro mejor. Los interceptan tanto en sus hogares como en sus lugares de estudio, incluso en plataformas virtuales y redes sociales.

“Este es un flagelo bien complejo para las familias y las comunidades. Tenemos muchos reportes de desaparecidos, que hasta ahora no sabemos dónde están; según las investigaciones, algunos son llevados a estos grupos. La organización junto con las comunidades hemos declarado la emergencia humanitaria. Haciendo un análisis de todos los conflictos que han venido pasando antes de 2016 y después del 2016 tras la firma del acuerdo de paz. Pero me atrevo a decir que en Cauca hemos estado en una emergencia humanitaria permanente”, indica el líder indígena.

“Solo para este año, nosotros reportamos un total de 101 niños reclutados, y adicionalmente a eso tenemos 22 menores reportados como desaparecidos con presunción de reclutamiento”, manifestó Cucuñame.

La región Caribe no es ajena a la problemática de reclutamiento de menores. En esta zona del país los departamentos más afectados son Cesar y Sucre. En este último, los grupos buscan tomarse las comunidades, más que reclutar directamente a menores.

“El reclutamiento de menores y de jóvenes se viene registrando tanto en las zonas urbanas como rurales, más en lo rural, pero con unas modalidades diferentes y es que terminan tomándose las comunidades con personas propias del entorno y los dirigentes son las mismas personas que conviven en el lugar, metiendo a niños y demás habitantes”, señala Freddy Aguilera, de la Mesa Sucreña por la Paz.

En el departamento de Cesar, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se estaría presentando en los municipios de Agustín Codazzi (centro) y San Alberto (sur).

En el sur de Bolívar el ‘clan del Golfo’ y el Eln están reclutando a los jóvenes por redes sociales. En los barrios más vulnerables del municipio de San Pablo estarían reclutando jóvenes para la ejecución de crímenes por sicariato; en grandes capitales del Caribe y Antioquia, con el ofrecimiento de sueldos de entre 4 y 5 millones de pesos. Y en la Sierra Nevada de Santa Marta, bandas como ‘los Pachenca’ son también señaladas por las comunidades.

Sin una solución definitiva para este flagelo histórico a la vista, Unicef y la Defensoría del Pueblo le piden al Gobierno que el tema sea prioritario en las mesas de negociación de la ‘paz total’ que logren mantenerse tras el actual periodo de crisis.

El Ministerio de Defensa reportó que cerca de 206 niños, niñas y adolescentes han sido rescatados de los grupos armados ilegales en lo que va de 2024. De hecho, hace un par de semanas, la viceministra de Defensa, Daniela Gómez, al término de un debate de control político en la plenaria del Senado de la República, señaló que la cartera de seguridad “está desarrollando la estrategia Generación Futuro 2.0, en articulación con el ICBF” y otras instituciones del Estado, que busca prevenir el reclutamiento ilícito de menores mediante el uso del tiempo libre y el fortalecimiento de entornos protectores.

 “Hemos logrado reducir a mínimos históricos la cantidad de niños muertos en medio de combates y acciones militares. Además, hemos llevado a cabo acciones de presión militar sobre los grupos armados”, destacó la viceministra.

Cifras de la entidad dan cuenta de que desde el 1.º de enero hasta el 29 de agosto pasado se ha desvinculado a 26 menores del Eln, y el año pasado, en el mismo periodo fueron 20; mientras de las disidencias han sido rescatados 165 menores, y el año pasado fueron 133, y del ‘clan del Golfo’ van en el periodo analizado 15 rescates, frente a los 18 que se registraron entre enero y agosto de 2023.

ALICLIA LILIANA MÉNDEZ, JESÚS BLANQUICET y MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX

Redacción Justicia y Nación

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