La polémica por la reconciliación con narcos propuesta por el presidente Gustavo Petro

El anuncio del presidente Gustavo Petro de que buscará una ley de ‘reconciliación nacional’ en la que incluso puedan tener cabida narcotraficantes generó debate y advertencias sobre los alcances de los beneficios que se podrían entregar a delincuentes comunes.

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Sin ahondar en detalles, el jefe de Estado dijo el miércoles en Ciénaga de Oro, Córdoba, que los narcos “también tienen aquí un camino”.

“Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana una vez se deje de la mente, del cerebro, la idea de matar al compatriota, la idea de quitar y despojar al compatriota humilde”, dijo.

Esta es la segunda vez que el mandatario habla de una ley de reconciliación, que para muchos suena muy similar a la polémica propuesta de ‘perdón social’ que movió durante su campaña presidencial y que llevó a varios de sus alfiles a hablar con capos presos en las cárceles del país.

Ya en su discurso del 7 de agosto en el Puente de Boyacá había tocado el asunto, cuando dijo que su gobierno avanzaría “hacia una ley de reconciliación nacional” que apuntaría a que “la verdad judicial florezca no solo en la justicia transicional, sino en la justicia penal ordinaria”.

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La propuesta, de la que no hay mayores precisiones, deja múltiples dudas. ¿Se trata de una fórmula de reconciliación para aquellos que pasen primero por la ‘paz total’? ¿Estará de la mano con el proceso de sometimiento para bandas que planteó el Gobierno? ¿Será un proceso de justicia transicional o de justicia ordinaria? ¿Es una estrategia independiente para narcos? ¿Qué rol tendrán las víctimas?

Oficialmente, en el Gobierno no dan mayores luces. Fuentes consultadas por EL TIEMPO en los ministerios del Interior y de Justicia, que son los directamente involucrados en los temas de política criminal y de paz, aseguraron que no hay aún mayores definiciones.

Así, desde el Ministerio del Interior aseguraron a este diario que se trataría de “un punto de llegada” que tendría su génesis en el “gran acuerdo nacional” del que también ha hablado el Presidente, pero que tampoco ha tenido mayores avances.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reconoció que es una idea y que aún no hay un texto de proyecto de ley.

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“Hay una iniciativa que ojalá se haga realidad, de que los colombianos nos podamos todos reconciliar, fruto por supuesto de la vigencia del derecho, de la reparación a las víctimas, del abandono de las economías ilícitas, de actos de reconciliación”, dijo Osuna tras señalar que, en todo caso, “no se está pensando ni en impunidad ni en amnistías”.

En eso coincidió Danilo Rueda, comisionado para la Paz, quien argumentó además que se están retomando las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y que todos los proyectos de paz “pretenden afinar mecanismos de rendición de cuentas judiciales y extrajudiciales para la diversidad de grupos armados”.

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Expertos consultados por EL TIEMPO advirtieron también que la nueva propuesta de Petro hace ruido no solo frente a los tiempos de un Congreso que está mirando más la campaña electoral que el propio trabajo legislativo, mucho más si se tiene en cuenta que el Gobierno no ha vuelto a radicar el proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales que se hundió en la legislatura pasada y tampoco ha definido si va a buscar una reforma de la Ley de Justicia y Paz.

La viabilidad legal de aplicar normas de la justicia transicional —penas menores o incluso sin cárcel a cambio de verdad y reparación— a delincuentes comunes como los narcos podría encontrarse con serios problemas legales. No solo en Colombia (hay jurisprudencia de las cortes Suprema y Constitucional que limitan fuertemente esos beneficios), sino en el exterior, dados compromisos vigentes como la Convención de Palermo, que obliga al país a combatir y castigar a las mafias. La reacción de los Estados Unidos, el principal socio en la lucha antinarcóticos de Colombia, es otro frente pendiente.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo dijo a este diario que, “más que anuncios, es importante ya que llegue al Congreso algún texto para saber cuál es el propósito de esa ley que anuncian”.

A su turno, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez consideró que se debe aclarar cuáles serían los instrumentos para llegar a la reconciliación: “Petro habló de narcotraficantes, pero hay que esperar a la presentación de esa normatividad, si es rebaja de penas, si son beneficios particulares, si comprende a condenados o no. Falta mucho para poder tener si quiera una cercana aproximación qué es lo que está en la cabeza del señor Presidente cuando habla de este tema”.

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Gómez Méndez reiteró que “los narcotraficantes no pueden ser objeto de amnistías, de indultos, que están reservados para delitos políticos”. El también exprocurador recordó que en casos de narcotraficantes, "sí hubo tratamientos benignos, por ejemplo cuando la Constitución de 1991 le quitó la extradición de Pablo Escobar, cuando esa era la bandera de los llamados extraditables, pues ahí hubo un momento en que Pablo Escobar dejó de poner bombas por un momento, pero son reconciliaciones, si se me permite la expresión, parciales".

El abogado Camilo Burbano dijo que los procesados por delitos relacionados con narcotráfico actualmente solo pueden obtener beneficios jurídicos, incluso con las normas actuales, entregándose, o con una ley ordinaria, sin necesidad de reformar la Constitución.

"Pueden entregarse a la justicia y optar por principios de oportunidad, aceptación de cargos o preacuerdos con la Fiscalía. No existe actualmente una ley especial para esos delitos", expresó.

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Gonzalo Rojas, líder de las organizaciones de familiares de las víctimas del avión de Avianca, recordó: “Durante décadas hemos visto cómo se expiden leyes y se adelantan procesos de sometimiento en los que los únicos que han salido ganando han sido los narcotraficantes”.

Advirtió que el país “no puede caer en la trampa de mantener una ventana legislativa abierta para que cada generación de narcotraficantes reciba unos beneficios jurídicos a cambio de nada” y reiteró el pedido para que las familias de las víctimas del narcoterrorismo de Pablo Escobar sean reconocidas como víctimas del conflicto armado.

"Ni el proceso que se adelantó con Pablo Escobar y el cartel de Medellín, ni el de las Autodefensas Unidas de Colombia han sido procesos exitosos, primero, porque los procesos se han terminado diluyendo en el tiempo, especialmente con los de Pablo Escobar, con los que llevamos más de tres décadas en la impunidad; y segundo, porque termina siendo más relevante el papel del narcotraficante que el de la misma víctima", expresó.

Para Luis Guillermo Pardo, director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, uno de los componentes de la paz es la reconciliación, por lo que cree que la idea de Petro se ajusta a la 'paz total': "La reconciliación es un antecedente, pero también una conclusión de todo proceso de paz".

Según el experto, es importante tener en cuenta que hay varias personas inmersas en actividades ligadas al narcotráfico.

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"Hay que hablar de narcoactividad, eso incluye un montón de actores en la cadena: desde la producción hasta la comercialización y el destinatario final. Por consiguiente, en la 'paz total' hay que pensar a partir del derecho internacional y de cómo se vincula a este sector que esté dispuesto a renunciar a la narcoactividad, a reconciliarse con el país y a reparar a las víctimas", dijo.

Para Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, una de las dudas es que, si entrarían en esta idea los narcotraficantes, "¿hasta dónde puede ser esto una cosa de retroceder años en el mecanismo institucional para juzgarlos? No sabemos de qué manera van a ser involucrados, si la reconciliación va de la mano con las sanciones frente a los delitos que se cometieron, entonces se crea un ambiente discursivo en el que se terminan beneficiando ese tipo de acciones ilegales".

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