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Corte pide cuentas por situación de seguridad de los candidatos del Partido Comunes
El alto tribunal solicitó información a varias dependencias del Gobierno ante riesgo en elecciones.
Seguridad Partido Comunes Foto: Cortesía y Corte Constitucional
La Corte Constitucional solicitó al Gobierno Nacional información respecto de la situación de riesgo de los integrantes del Partido Comunes de cara a las elecciones regionales de octubre. La petición la hizo la Sala de Seguimiento a la sentencia de año pasado que declaró que existe una grave situación respecto de la población firmante del acuerdo de paz.
“¿Se tienen identificadas las regiones que presentan un mayor riesgo de seguridad para los y las integrantes del Partido Comunes y la población firmante perteneciente a otros partidos políticos?”, fue la primera pregunta que se le hizo al Ministerio del Interior.
El Ministerio deberá exponer cuáles son las regiones con mayores riesgos y “cuál es la estrategia para asegurar la protección, prevención y seguridad de los candidatos, actores involucrados y sedes de campaña que hagan parte del proceso electoral.
Antes de hacer la petición, la Corte recibió en una audiencia pública en mayo documentación que calificó como preocupante respecto de la situación en general de los integrantes del partido.
Por ejemplo, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, indicó que hay 500 candidatos firmantes que en su criterio estarían en “alto riesgo en términos de seguridad por circunstancias asociadas básicamente a la estigmatización y los señalamientos que se exacerban en época”.
A su turno, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz dijo que eran 300 personas las que iban a participar: “Es un reto para toda la institucionalidad garantizar que puedan hacer ejercicio de la política”.
Y Rodrigo Londoño, jefe del partido, dijo a la Corte esa vez que hay una estigmatización para las personas que hacen parte de la colectividad. “Tenemos regiones enteras del país que por ser del partido Comunes nos matan (….) y muchos compañeros que se han desplazado los han desplazado”.
Desde la firma del acuerdo de paz hasta abril de 2021 se registraron más de 290 asesinatos de ex-Farc, según la UIA. Foto:Joaquín Sarmiento. AFP
¿En qué zonas hay más riesgos para los firmantes de paz?
La Corte le preguntó a esa Unidad si tras el trabajo en terreno ya identificó riesgos concretos sobre candidatos o firmantes que participan en campañas políticas para que le remita los nombres de estas personas y la zona en donde se encuentran. Y preguntó si a la fecha la Mesa Técnica de Seguridad y Protección ha sesionado o emitido recomendaciones sobre los protocolos de seguridad que deben implementarse cuando la medida de protección versa sobre un integrante de Comunes o firmante de otro partido político que está en riesgo debido a su participación en los procesos electorales.
La Defensoría, a su turno, deberá exponer la alerta temprana sobre los 676 municipios revelada este miércoles y tendrá que explicar la zonas que preocupan específicamente por la seguridad de la población formante de paz y decir si se han producido homicidios, amenazas, secuestros, hostigamientos, desplazamientos en contra de algún candidato del partido Comunes y se tiene “información sobre amenazas o atentados contra sedes del partido”.
La Unidad Nacional de Protección deberá decirle a la Corte si tiene sistematizadas las cifras, datos e información específica sobre los riesgos de los firmantes de paz, sean candidatos o no.
¿La entidad maneja protocolos de seguridad distintos cuando debe implementar medidas de protección sobre un integrante de un partido político que está en riesgo?
“Recientemente la entidad ha tenido que implementar medidas de protección en favor de algún integrante del partido Comunes o firmante del acuerdo perteneciente a otro partido, por riesgos en el marco del proceso electoral del presente año? De ser así, remitir a la Sala, de forma desagregada, cuántas y cuáles solicitudes tienen hasta el momento, cuáles de éstas ya cuentan con una calificación del riesgo, cuáles se encuentran en trámite y cuáles ya han sido implementadas”, preguntó la Corte.
El alto tribunal también quiere datos sobre si se han tenido que implementar medidas de protección en los antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación y explicar cómo se valora o se tiene en cuenta el riesgo que corren los y las integrantes del partido.
“¿La entidad maneja protocolos de seguridad distintos cuando debe implementar medidas de protección sobre un integrante de un partido político que está en riesgo en el marco del proceso electoral del presente año?”, agregó la Corte.
La Procuraduría, por su parte, deberá exponer si tiene datos de hechos de violencia en contra de integrantes del partido Comunes o firmantes pertenecientes a otros partidos políticos que sean candidatos o participen en campañas electorales de este año.
Las preguntas para el partido Comunes
Al partido Comunes, directamente, la Sala de Seguimiento le envió un cuestionario completo para saber quiénes son sus candidatos, las personas que apoyan las campañas políticas y sus sedes físicas, así como las situaciones de riesgo y diagnósticos con los que cuente el partido en ese sentido.
"¿Cuáles son las zonas o territorios que han identificado como los más vulnerables durante el proceso electoral del presente año? Indicar en su respuesta las características del riesgo que se presenta en la zona, a saber: tipos de riesgo o hechos victimizantes que hayan ocurrido en el territorio, presencia en la zona de grupos armados, presencia de AETCR, NAR u otros espacios territoriales donde habitan firmantes del Acuerdo", le preguntó la Corte al partido.
La colectividad tendrá la oportunidad de remitir los hechos de violencia que hayan sufrido sus candidatos, si ocurrieron, y exponer si han participado en algún tipo de taller o actividad, de iniciativa del gobierno, relacionada con seguridad y protección en el marco del proceso electoral del 2023.
Además, deberán indicar si han solicitado medidas de protección, tanto individual como colectiva, a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección o al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe) para garantizar la seguridad de los y las integrantes del partido.
Y exponer si se "han solicitado e implementado algún tipo de medidas de protección específica para las sedes físicas del partido Comunes durante la época electoral".