La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia envió por competencia a un juzgado de Montería el caso que adelantaba en contra del exalcalde de esa ciudad y exministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa Escaf por posibles hechos de corrupción.
Se trata de un proceso por los sobrecostos en la construcción del coliseo de Montería Miguel ‘Happy’ Lora, que se entregó al final con cuatro años de retraso y por el cual Correa fue capturado en junio de 2017 cuando se desempeñaba como alto consejero presidencial para las regiones.
Correa, quien fue alcalde de Montería entre 2012 y 2015, estuvo diez días detenido. El caso pasó a la Corte Suprema en enero de 2021 por razón de su fuero, al ser designado ministro del Despacho.
El pasado 8 de agosto de 2022, Correa renunció a su cargo de ministro de Ambiente, cartera que será asumida por María Susana Muhamad González, razón por la cual su defensa argumentó que la Corte Suprema ya no tenía competencia para procesarlo.
La Sala le dio la razón. “No existe en la actualidad causal alguna que implique extender la competencia de la Corte Suprema para adelantar el juzgamiento de Carlos Eduardo Correa y que en su lugar, la actuación deberá continuar su trámite en un Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la ciudad de Montería”, dijo el alto tribunal.
En este caso, se investigan los hechos alrededor de la construcción del Coliseo, que se realizó con una inversión de 12.000 millones de pesos que salieron de las regalías entregadas por el Gobierno Nacional y se entregó hasta el 2017 aunque debía entregarse para el inicio de los Juegos Nacionales del 2012.
"El Coliseo Miguel Happy Lora no estuvo listo para los juegos Nacionales de 2012, el contratista tardó cinco años para hacer entrega de un Coliseo, se pagaron dineros sin considerar avances de obra, permitiendo la apropiación de dineros para el Fondo Mixto en un valor que de acuerdo con el análisis de documentos así como lo expuesto por la Contraloría y hallazgos desde Dirección Nacional Planeación, la cifra de un faltante no soportado está en $3.506.500.536", dijo al Fiscalía.
Inicialmente, la Contraloría advirtió supuestas irregularidades en el convenio 013 de 25 de junio de 2012 suscrito con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social pero luego desestimó que se hubieran presentado sobrecostos.
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