Ordenan a Mindefensa enseñar a tropas el informe de la Comisión de la Verdad

El Consejo de Estado le dio un plazo de dos meses al Ministerio de Defensa para que elabore una circular que contenga los hechos que han llevado a que la justicia condene a la Fuerza Pública por graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en especial, casos de ‘falsos positivos’ y desapariciones forzadas.

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La circular deberá, además, “contener también una estrategia de pedagogía y sensibilización del capítulo III del Informe Final” de la Comisión de la Verdad que condensa los hallazgos que hizo la entidad y sus recomendaciones al respecto, que deberá ser distribuida un mes después de su elaboración “a cada integrante de la Fuerza Pública del territorio nacional”.

Así lo dijo el Consejo de Estado en fallo conocido por EL TIEMPO al estudiar el caso de Álvaro Guerrero Melo quien el 8 de septiembre de 2007 salió de la casa de su mamá ubicada en El Carmen, Norte de Santander, con destino al corregimiento de Guamalito a hacer una vuelta. Nunca volvió.

Dos días después, ante su desaparición, sus familiares se comunicaron con la morgue de Ocaña y allí identificaron su cuerpo. Según información oficial, Álvaro había fallecido en un enfrentamiento con el Ejército, pero esto no fue así: fue detenido de manera arbitraria, ejecutado extrajudicialmente en condiciones de inferioridad, en hechos planeados por integrantes del Batallón de Contraguerrilla 98 de la Brigada Móvil No.15 que lo hicieron pasar falsamente como integrante de un grupo ilegal.

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Los militares dijeron en sus versiones libres e informes oficiales que había sido una misión “para capturar o neutralizar narcoterroristas”, que ingresaron a la vereda Villanueva y que fueron atacados. Incluso, el acta de inspección al cadáver dice que Álvaro “tenía” supuestamente el dedo índice de la mano derecha sobre el disparador de un fusil AK-47. La realidad, según el informe del CTI, fue que Álvaro no tenía restos de pólvora, es decir, no había disparado, y recibió siete disparos a una distancia menor a dos metros.

Álvaro era obrero, arreglaba carreteras o lo que saliera. El día de su desaparición tenía un pantalón caqui y un buzo azul manda larga y fue hallado con un pantalón camuflado que según el propio Ejército había sido entregado dos años antes al Batallón de Servicios para el Entrenamiento (Basen) ubicado en Tolemaida.

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Los implicados por el caso, algunos ya condenados, se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz y están libres. Uno de ellos es Néstor Guillermo Gutiérrez quien en febrero de 2011 confesó la verdad. Dijo que el 2 o 3 de septiembre llegó encaletado en los costales de comida una caja con un fusil AK-47, con un proveedor y un pantalón con el camuflado antiguo y aseguró que un coronel de apellido Rincón le dijo: ‘Qué hubo joven, ahí le envié un juguetico (…) Bueno, usted ya sabe qué hacer, búsquele un muñeco para eso’”.

Gutiérrez, condenado en 2013 por este caso, dijo que se trata de una verdadera “organización criminal”, dijo que hizo una lista de personas para este fin y confirmó que a la Brigada la ayudó en ese y en otros falsos positivos una señora llamada María Eugenia Ballena Mejía, a cambio de dinero. Ella, también procesada, confesó su colaboración con el Ejército para hacer ejecuciones extrajudiciales.

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Para el Consejo de Estado es clara la responsabilidad de la Nación en el crimen, calificado como una grave violación a los derechos humanos: “Los distintos hechos que se han destacado en el análisis del caso concreto, llevan a concluir que en el presente caso los del Ejército Nacional perpetraron una conducta constitutiva de ejecución extrajudicial, la cual está relacionada en el contexto de ese tipo de prácticas sistemáticas violatorias de DD.HH. y DIH cometidas por el Ejército Nacional durante la época en que ocurrieron los hechos”.

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El alto tribunal destacó por ejemplo que los hechos como fueron narrados por Gutiérrez van de la mano con el resto del material probatorio. “Coincide la declaración sobre que, instantes antes de causarle la muerte a Guerrero Melo, lo llamó por su nombre y éste se volteó por su costado derecho y fue ahí cuando le disparó hasta que cayó al piso, con los hallazgos del informe pericial de necropsia que demuestran que los orificios de entrada de los proyectiles que recibió el occiso, ingresaron por el costado derecho y cuatro ingresaron con trayectoria postero-anterior”, dice el fallo.

La decisión tuvo en cuenta los procesos judiciales en los que estaban inmersos los involucrados por hechos similares, para decir que la unidad militar tenía un ‘kit’ para adulterar escenas de supuestos combates. “La ejecución extrajudicial de Álvaro Guerrero Melo no fue un hecho aislado, sino que obedeció a una actuación sistemática adelantada en la región en el marco de un contexto macro que se vivía en todo el país y que ha sido lo suficientemente reconocido incluso por la jurisprudencia de esta Corporación”, dice la determinación.

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“Se configuró una grave falla en el servicio imputable al Ejército Nacional, comoquiera que las circunstancias que rodearon la muerte de Álvaro Guerrero Melo, ponen de presente un actuar que resulta desde todo punto de vista arbitrario y antijurídico, pues del Ejército Nacional dispararon injustamente contra el hoy occiso causándole la muerte, la cual hicieron pasar como ocurrida en combate, circunstancia que lleva a que ese específico hecho deba calificarse por parte de la Sala como una vulneración grave de derechos humanos”, agrega el fallo.

La decisión hizo una revisión del caso a la luz de los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos y ordenó una indemnización en favor de sus familiares por prejuicios morales, daño a la vida en relación y/o alteración a las condiciones de existencia, daño a la moral y a la salud, entre otros. Además, enfatizó en cómo el Ejército causó una afectación grave de sus derechos constitucional y convencionalmente amparados a la vida y al buen nombre, así como a la dignidad.

La Sala ordenó como medidas para la reparación integral de las víctimas que el Ejército publique en un periódico de amplia circulación una nota de prensa con base en las consideraciones de esta sentencia dejando en claro que Álvaro Guerrero Melo no murió en un combate y que no era integrante de grupos criminales, la publicación deberá moverse por las cuentas de Facebook, Instagram y Twitter del Ministerio de Defensa por un mes.

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Además, dispuso enviar copias del expediente completo a la Fiscalía y a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz para que estudie la posibilidad de avocar la competencia sobre los hechos de que trata esta sentencia, a efectos de determinar no solo los responsables directos, sino también “los autores intelectuales” y para que sea tenido en cuenta en el caso 003 de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

Y ordenó la creación de la cartilla para la pedagogía sobre el informe de la Comisión de la Verdad. El abogado de la familia de Álvaro, Javier Villegas Posada, le dijo a EL TIEMPO que esa medida ordenada por el alto tribunal es un esfuerzo para lograr la reparación de las víctimas. “Debo precisar que los del Ejército participes de la muerte de Álvaro Guerrero se encuentran gozando de libertad en virtud de su acogimiento a dicha jurisdicción”, dijo.

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El pasado 26 de abril, en el Catatumbo, el cabo primero (r) Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, condenado por estos hechos y en libertad por haberse acogido a la JEP reconoció su responsabilidad ante las familias de sus víctimas, entre las cuales mencionó con nombre propio a Álvaro.

“No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice porque cometí crímenes. Asesinamos personas inocentes campesinos. Se llevó un fenómeno criminal en El Catatumbo. En mi vida militar se vieron muchas cosas, esto ya era una política dentro de las filas, no todos los militares y no toda la institución”, dijo al indicar que los altos mandos les exigían resultados y que había mucha presión para ello.

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“Yo en ese momento no pensaba el daño que estaba causando (…) Yo ejecuté, yo asesiné, llevándolos con mentiras, con engaños, asesinándolos cobardemente, manchando el nombre de esa familia. Dejar una madre sin hijos. Pido perdón a Dios y me paro para reconocer los crímenes que cometí, delitos de lesa humanidad. Yo sé que ustedes no nos van a perdonar, pero que esto lleve a que esto no se repita más, que se acabe definitivamente”, agregó.

“Eran campesinos. Asesiné cobardemente. Les desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos falsos resultados, por tener contento a un Gobierno. No es justo, no es justo”, agregó en un auditorio en donde estaban las madres y familiares de las víctimas de esa unidad militar.

Gutiérrez Salazar, quien tiene siete sentencias en su contra en la justicia ordinaria, fue imputado por la JEP por 15 muertes perpetradas entre febrero de 2007 y junio de 2008 como comandante de escuadra en la Brigada Móvil 15. 

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Se trata de Diosemiro Chinchilla Contreras, Gerardo Quintero Jaimes, Álvaro Guerrero Melo, Jesús Hermídez Quintana, Álvaro Chogó Angarita, Eduard Villegas Botello, Samuel Rincón, Wilfredo Quintero Chona y una persona sin identificar. Y por dos casos más como cómplice y cuatro de desaparición forzada.

“No se limitó a la ejecución de los homicidios. En ocasiones su aporte se dio desde antes, en la selección de las víctimas, e incluso también después, en el encubrimiento de los asesinatos.

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Además de confesar su contribución en el momento consumativo, Gutiérrez también aceptó haber elaborado una “lista negra”, en la que, con la ayuda de la civil María Eugenia Ballena, identificaban previamente a las futuras víctimas, habitantes de la región del Catatumbo”, dijo la JEP en la imputación de cargos

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