Con acuerdo de cooperación, JEP y Fiscalía se comprometen a evitar impunidad

A través de mecanismos ágiles de comunicación y articulación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación suscribieron este lunes un acuerdo de cooperación para que ningún delito del conflicto armado quede impune.

(Lea también: Dura respuesta de Procuraduría a JEP por decisión en caso por 'falsos positivos').

Según se informó, en el documento suscrito se recuerdan los escenarios en los que determinado asunto del conflicto cae en la competencia condicionada, prevalente y exclusiva de la JEP, y cuándo, en cambio, permanece temporal o definitivamente bajo el conocimiento de la justicia penal ordinaria, a cargo de la Fiscalía.

Del mismo modo, en este acuerdo también se señalan los casos de la competencia de la JEP en los que la Fiscalía retiene algunas de sus funciones, en aras de asegurar que no se suspenda la labor investigativa del Estado mientras la JEP define la situación jurídica. Aunque se precisó que en esos casos la Fiscalía no puede restringir la libertad del sujeto, ni comprometer su responsabilidad y tampoco citarlo a diligencias judiciales.

(Puede ser de su interés: 'No puedo certificar la veracidad del testimonio que recibí': Piedad Córdoba).

De otro lado, la Fiscalía se comprometió a presentar nuevos reportes sobre hechos graves y representativos, y reseñar sus resultados investigativos más recientes, la identidad de los presuntos autores y partícipes, su hipótesis de investigación y los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia recaudada.

Con esta información, la JEP complementará sus propios hallazgos y contrastará las versiones voluntarias de los comparecientes, antes de definir si formula imputaciones en su contra o si define la situación jurídica mediante mecanismos no sancionatorios, según el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos.

(Puede leer: 'Es inisible': víctimas reclaman a JEP por revisar condena de Arias Cabrales).

Frente a los terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, la JEP y el ente investigador se comprometieron a agilizar los procesos transicionales y ordinarios, con el fin de que los máximos responsables y partícipes determinantes sean sancionados. Para ello, se estableció que continuamente compartirán información sobre todos aquellos que se hayan sometido voluntariamente a la JEP, que todavía puedan hacerlo  o que hayan sido objeto de compulsas de copias por parte de Justicia y Paz.

La Fiscalía también se comprometió a asistir a la JEP en la vigilancia al régimen de condicionalidad y a informarle si alguna de las personas de su competencia ha cometido delitos posteriores a la firma del acuerdo de paz.

Finalmente, con este acuerdo las entidades "reforzaron la seguridad jurídica de los antiguos integrantes de las Farc-EP y de los de la fuerza pública que han recibido tratamientos de justicia transicional como contrapartida a sus aportes al proceso de paz y a los derechos de las víctimas", señaló la JEP en un comunicado.

Esto último en especial en relación a que ninguno de ellos sea privado de su libertad, sindicado o citado a diligencias judiciales por autoridades distintas a la JEP.