¿Es viable la propuesta de Colombia de crear doble instancia en Corte IDH?

Colombia, a través de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, está poniendo sobre la mesa un debate que resulta novedoso para los tribunales internacionales: la creación de la doble instancia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

(En contexto: Doble instancia y las otras ‘cirugías’ que Colombia plantea para la CIDH)

Según señaló Camilo Gómez, director de la agencia en entrevista con EL TIEMPO, "a Colombia la han condenado y le han exigido garantizar la doble instancia, pero el sistema no brinda esa garantía".

Sin embargo, expertos sostuvieron que, en general, los tribunales internacionales —como la Corte Europea o la Corte Internacional de Justicia— no cuentan con esta garantía, que suelen tener, eso sí, los tribunales penales.

"Los tribunales internacionales de derechos humanos declaran la responsabilidad internacional de los Estados, mientras que los tribunales penales declaran la responsabilidad de los individuos por la comisión de delitos. Esta discusión tiene que ver con las implicaciones que podrían tener algunas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre las investigaciones penales en Colombia", explicó una profesora de Derecho que pidió no ser citada.

(Le puede interesar: Las claves del informe de la CIDH sobre las protestas en Colombia)

Por su parte, el abogado internacionalista y profesor universitario Santiago Vargas Niño aseguró que "la apelación a la jurisprudencia sobre doble conformidad de la Corte IDH que se refiere a procesos penales contra individuos o personas naturales es una falacia, porque el Estado no está sometido ni al mismo régimen de responsabilidad que a los individuos a los cuales condena ni a las mismas consecuencias que trae una condena. El Estado está obligado a garantizar, promover y respetar los DD. HH. que están previstos, entre otros tratados internacionales, en la Convención Americana".

De hecho, uno de los puntos álgidos de la discusión tiene que ver con que, para que la petición de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado llegara a buen puerto, habría que ajustar dicha convención.

"Es una propuesta de una gran envergadura, porque supondría reformar la convención, y tendrían que intervenir todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), y particularmente ser aprobado por los países que aceptan la competencia de la Corte IDH, que son 22. Es decir, habría que hacer un trabajo diplomático de primer orden", le dijo a este diario el exmagistrado de la Corte Constitucional y actual presidente de la Corte IDH, Humberto Sierra Porto.

(Puede interesarle: Los puntos que controvirtió el Gobierno sobre informe de la CIDH)

"Es un debate que tendría que darse dependiendo de la propuesta. Creo que no se debería tratar de una propuesta nacional, sino de nivel internacional. El día que se proponga en la Asamblea general de la OEA o su Comité Ejecutivo, empezaría el proceso. De momento es más una idea", agregó el juez Sierra al respecto.

Para la docente que prefirió no ser identificada, el punto central que se intenta plantear con esta discusión tiene que ver con si los Estados tienen garantías procesales y cuáles.

Y, según ha dicho la propia Corte IDH, las tienen, especialmente en cuanto al derecho a la defensa y el equilibrio procesal. El interrogante más complejo, entonces, es si los estados "tienen derecho" a la doble instancia.

"La práctica de los tribunales internacionales de derechos humanos pareciera apuntar a una respuesta negativa, lo que no significa que se cierre la discusión", señala la experta.

Por su parte, el abogado Santiago Vargas asegura que la creación de esa garantía en el Sistema Interamericano tendría otras consecuencias.

(También le puede interesar: Colombia entrega informe a I sobre casos que monitorea ese tribunal)

"No conozco el primer ejemplo de un tribunal internacional que evalúe la responsabilidad estatal y que ofrezca segundas instancias, porque eso de cierta manera pone en riesgo la certeza jurídica que pretenden ofrecer los fallos internacionales", asegura.

Y añade: "El proceso ante el sistema es largo y dispendioso, entonces sumarle una revisión de segunda instancia lo complicaría aún más. Exigiría que la Corte IDH creara una sala de apelaciones que no existe en este momento, que nombrara nuevos magistrados, y esto, en últimas, redunda en una postergación de los derechos de las víctimas, de ciudadanos comunes y corrientes que sufrieron por acción o por omisión del Estado algún detrimento de sus derechos fundamentales".

Para el experto, es importante partir de la base de que los procesos que llegan a manos de la Corte Interamericana —trámite que puede tardar décadas— no alcanzan esta instancia gratuitamente, sino que pasan primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que busca una solución amigable con el Estado para evitar que el asunto se resuelva sin llegar a la Corte.

(Siga leyendo: Este miércoles imputarán cargos al general Montoya por 'falsos positivos')

Esto, dice Vargas, supone un primer nivel de garantías a favor del Estado, entre muchas otras que hay en los procesos, como las solicitudes de aclaración de las sentencias que dicta la Corte.