El caso por el que un congresista de Comunes busca apartar a la magistrada Cristina Lombana de una investigación en su contra

El representante está siendo indagado por el supuesto cobro de cuotas de los salarios a los de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Este es el caso.

Corte Suprema de Justicia Foto: Cortesía

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Jesús Antonio Blanquicet

PERIODISTA JUDICIAL18.09.2024 18:23 Actualizado: 18.09.2024 22:00

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El pasado 23 de agosto, la Corte Suprema de Justicia, a través de despacho de la magistrada Cristina Lombana Velásquez, se le dio apertura a una investigación previa contra el representante a la Cámara, Carlos Alberto Carreño Marín, por el supuesto cobro de una cuota de los salarios a los de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

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De acuerdo con el expediente en la Corte, desde el año 2018 cuando el representante tomó posesión de la curul de congresista, “le viene exigiendo a cada uno de los integrantes de su UTL parte de su salario”, dineros que estarían destinados según su dicho, al “Partido Comunes”, entregados en efectivo o a través del sistema bancario a su asistente, so pena de la pérdida del empleo.

Afirma el denunciante, William Rodríguez Ortegón, que en su caso, “entregó dineros por cerca de dieciocho meses, en cuotas que oscilaban entre los trescientos y trescientos cincuenta mil pesos según el empleo que ocupara, ya que durante su labor, fue designado en dos cargos con asignación salarial diferente”.

Magistrada Cristina Lombana Foto:Corte Suprema

En el documento que hace trámite en la Corte y que fue conocido por este diario, el denunciante sostuvo en el escrito delator, “que una vez que se negó a continuar con la entrega de los elementos, le pidieron su renuncia o sería declarado insubsistente. En otros casos, de la Unidad de Trabajo Legislativo fueron promovidos a otros cargos con mayor asignación salarial para aumentar el monto de las exigencias”.

Igualmente, relata, que “la integridad física de él y su familia se encuentran en riesgo inminente, puesto que el denunciado fue integrante de las Farc, en particular del Bloque Oriental, la estructura armada más belicosa de esa guerrilla en su momento”.

Por lo anterior, el despacho de la magistrada Lombana, ordenó la práctica de varias pruebas, entre ellas, la acreditación de la calidad foral del congresista, así como la escucha de en diligencia de declaración del denunciante.

Además de la “librar misión de trabajo” a un ingeniero adscrito a la Unidad de Apoyo Investigativo de esta Sala para que “realice la generación del back up completo de la cuenta de correo electrónico corporativa [email protected] y su posterior extracción forense desde la apertura de la cuenta a la fecha en la que se realice el procedimiento. Una vez obtenido, se revisarán las carpetas existentes en la cuenta a fin de identificar aquellos mensajes relacionados con los hechos”.

Carlos Alberto Carreño, representante de Comunes. Foto:Tomada de Facebook

La recusación

Sin embargo, el congresista, en calidad de investigado, elevó un trámite de recusación en contra de su señoría conforme a lo dispuesto por el numeral quinto del artículo 99 de la Ley 600 de 2000 “al existir una enemistad grave entre el suscrito y la magistrada instructora y la configuración de los presupuestos de la teoría de la apariencia de imparcialidad”.

Como antecedentes relevantes, el representante expuso fue militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc EP- durante 22 años y que “la honorable magistrada fungió como miembro activo del Ejército Nacional durante el periodo presidencial del expresidente Álvaro Uribe Vélez 2022-2010”.

Para el congresista, la magistrada “no se ha declarado impedida y ha venido ordenando actos investigativos dentro de la presente instrucción, a pesar de existir la clara configuración del numeral quinto del artículo 99 de la Ley 600 de 2000 que debe ser acatada atendiendo lo dispuesto por la teoría de la apariencia de imparcialidad”.

De hecho, el congresista alegó que su cuenta de correo fue “hakeada”, en el marco de la investigación.

EL TIEMPO conoció que, de momento, debido a la recusación, la magistrada no está actuando en el proceso, pero las órdenes que fueron impartidas se siguen ejecutando, es decir que la investigación sigue en pie.

Este diario consultó a la Corte Suprema si se está evaluando la recusación contra la magistrada e indicaron que en las próximas darían respuestas a la consulta.

De igual manera, se ha intentado ar al congresitas Marín, a través del número del asesor de prensa, pero este no ha sido respondido.

JESÚS BLANQUICET

Redacción Justicia

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