El pleito entre los abogados Abelardo De La Espriella y Ramiro Bejarano que resolverá la Corte Constitucional

La Corte Constitucional acaba de seleccionar un expediente de tutela que el Consejo de Estado había declarado improcedente al considerar que el asunto carecía de relevancia constitucional. Se trata de un pleito que enfrenta a los abogados Ramiro Bejarano y Abelardo De La Espriella, debido a la terminación anticipada de un proceso disciplinario que cursaba contra el penalista monteriano.

El reconocido jurista Bejarano, director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado y exdirector del Departamento istrativo de Seguridad -DAS-, presentó una tutela advirtiendo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró su derecho al debido proceso al haber ordenado el archivo de una actuación disciplinaria que cursaba contra De La Espriella, el 9 de noviembre de 2023.

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El pleito entre los abogados viene desde finales de la década de los 2000, cuando Bejarano era apoderado del Banco BBVA Colombia, antiguo Banco de Caldas; y De La Espriella representaba a la empresa Promotora Universal de Inversiones Ltda, del señor Isaac Mildenberg -quien fue procesado posteriormente por otro caso por estafa-. Las partes se enfrentaron por un negocio que no se formalizó en el año 1982 por algunas dudas en el origen de los recursos que expresó la Comisión Nacional de Valores. En primera y segunda instancia el banco perdió, pero en casación ante la Corte Suprema la entidad financiera fue exonerada en el año 2020.

Según el expediente, en julio de 2019, un año antes del fallo de la Corte Suprema, De La Espriella solicitó un acuerdo de consenso entre las partes, ofreciendo la posibilidad de denunciar a todos los implicados en ese caso. Se relata que como Bejarano no aceptó la propuesta conciliatoria, el penalista decidió denunciarlo cinco meses después por el delito de fraude procesal. 

El exdirector del DAS advierte en la tutela que el empresario cordobés, presuntamente, ejerció presiones para provocar el desistimiento del recurso de casación que él presentó ante la Corte Suprema de Justicia y que, también, habría ejercido "presiones indebidas" para una salida consensuada del pleito.

Por esas razones, en enero del año 2020 Bejarano presentó una queja disciplinaria en contra De La Espriella. Pero la queja fue desestimada dos años después por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial al determinar que “no había intención de intimidación o amenaza en las acciones cuestionadas” y que “las acciones de De La Espriella no reflejaban conductas que justificaran una sanción disciplinaria, argumentando que sus acciones fueron desacertadas, pero no malintencionadas”.

La decisión a favor de De La Espriella fue confirmada en noviembre de 2023 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, luego de que Bejarano presentó un recurso advirtiendo de posibles irregularidades que habría detectado sobre la actividad de la Comisión Seccional. Según explicó el jurista en el proceso, dicha corporación cambió de ponente “sin justificación” y obstaculizó la celebración de audiencias.

“Es imperativo que se reanude la investigación, llevándola a cabo con el rigor y la exhaustividad que el caso merece, hasta llegar a una conclusión justa y equitativa, que […] debería ser una condena disciplinaria”, advirtió Bejarano en la tutela que presentó al Consejo de Estado para que reabra la actuación contra su contraparte en el pleito.

Pero dicha corte, con ponencia del magistrado Jorge Portocarrero, ha dicho que "la deducción de los señores magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en ese sentido, no comporta inferencia probatoria arbitraria o caprichosa" y por tanto se abstuvo de revocar, vía tutela, dicha decisión judicial. 

Una Sala de Tutelas de la Corte Constitucional seleccionó para su estudio este expediente con un "criterio de selección objetivo" y advirtiendo que se trata de un "asunto novedoso" que les permitirá a los magistrados abordar la "exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental y el complementario de tutela contra providencia judicial".

El caso le fue asignado a la magistrada Cristina Pardo y abriría una nueva instancia en este pleito de vieja data que sostienen ambos juristas.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]