'Falsos positivos': ordenan a Mindefensa pedir perdón por crimen de dos jóvenes

El 29 de diciembre de 2005, Erick Alberto Osorio Martínez (17) y José Miguel Londoño Ramírez (19) salieron de Medellín hacia Rionegro para asistir a una ‘marranada’ (asado) que un grupo de amigos había organizado para despedir el año. Los jóvenes fueron asesinados en un falso combate reportado por integrantes del Grupo Gaula del Oriente Antioquia en la vereda La Victoria ese mismo día.

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Por la ejecución extrajudicial o ‘falso positivo’ de los dos jóvenes estudiantes, el Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación.

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En primera instancia, ante demanda presentada por sus familiares, el Tribunal istrativo de Antioquia, en 2013, condenó al Ejército y al Ministerio de Defensa al comprobar que la muerte de los dos jóvenes no se presentó en combates con las tropas que desarrollaban la misión táctica ‘Danta’, como indicaron las autoridades, y que no se trataba de delincuentes.

El Ministerio de Defensa y el Ejército apelaron el fallo indicando que los militares actuaron en defensa a una agresión de un grupo delincuencial. En segunda instancia, el Consejo de Estado rechazó esos argumentos y no solo confirmó la condena sino ordenó a esas entidades a realizar un acto de perdón público.

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La sentencia de 41 páginas conocida por EL TIEMPO señala que aunque militares involucrados se defendieron señalando que estaban detrás de un grupo delincuencial que estaba robando fincas en el área, esas declaraciones fueron desmentidas por otros uniformados, según quedó fijado en la sentencia penal que los condenó como coautores responsables del delito de homicidio en persona protegida, en virtud de que aceptaron los cargos imputados y se acogieron a sentencia anticipada.

En efecto, en noviembre de 2015, el Juzgado Penal del Circuito de Rionegro condenó a Oscar Fabián Vargas Barrera, comandante de la Unidad Operativa del Gaula Rural del Oriente Antioqueño, y al soldado profesional Davidson Mosquera Berrío. En esa sentencia, la justicia dijo que antes del crimen, los militares ya habían hecho tres visitas a la vereda La Victoria y que las víctimas fueron llevadas al lugar en una camioneta pasada las 11 de la noche.

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Ese fallo, además, dice que un mayor escuchó que “los pelados decían que no los mataran, entonces el soldado Castaño y otro que no recuerda el nombre les empezaron a disparar hasta que dijeron que ya no más, Castaño le disparó al primero de ellos, al que quedó contra el barranco, después ya organizaron lo del supuesto combate”.

Con ponencia del magistrada María Adriana Marín, el Consejo de Estado dijo que el Ejército no demostró que la muerte de Erick Alberto Osorio Martínez y José Miguel Londoño Ramírez se hubiera presentado en combate y que, por el contrario, algunos del referido grupo se acogieron a sentencia anticipada y en el proceso penal aceptaron que se trató de una ejecución extrajudicial.

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“Ciertamente, el comandante operativo que suscribió el informe de patrullaje y un soldado profesional del Grupo Gaula Rural del Oriente Antioqueño se sometieron a sentencia anticipada y (…) itieron que todo fue organizado por el mayor Martínez Cristancho, que los jóvenes fueron llevados desde Medellín hasta la vereda “La Victoria” en donde fueron asesinados y que “después ya organizaron lo del supuesto combate”.

“Los elementos de juicio que obran en el expediente permiten concluir que se trató de una ejecución extrajudicial perpetrada por del Ejército Nacional, los cuales simularon las pruebas que les ayudaron a respaldar su versión sobre la existencia de un ataque inicial de las víctimas y a señalar a los jóvenes como delincuentes dados de baja en combate”, dice la sentencia.

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“La Sala concluye que la entidad demandada incurrió en una falla del servicio, toda vez que las circunstancias que rodearon las muertes de los jóvenes José Miguel Londoño Ramírez y Erick Alberto Osorio Martínez evidencian una actuación desde todo punto de vista arbitraria e ilegítima, porque los del Ejército Nacional dispararon injustamente en contra de las víctimas para reportarlo como bajas en un enfrentamiento armado que nunca ocurrió, circunstancia que lleva a que ese específico hecho deba calificarse como una grave vulneración de los derechos humanos”, agrega el fallo.

La decisión ordena al Ejército que en dos meses realice un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de las víctimas, que será presidido por el comandante de Grupo Gaula Rural del Oriente Antioqueño y que deberá contar con presencia de medios de comunicación.

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“El Ministerio de Defensa Nacional publicará en un periódico de amplia circulación local en el departamento de Antioquia y, concretamente, en los municipios de Medellín y Rionegro, una nota de prensa con base en las consideraciones de esta sentencia, con el fin de que se rectifique la verdadera identidad de las víctimas directas”, indicó.

El fallo además dice que el Ministerio deberá fijar un link en su página oficial y en sus distintas redes sociales con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder a la decisión judicial hasta por seis meses. Y se dispuso que la decisión se envíe al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación “con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia”.

El abogado Javier Villegas Posada, quien representó a las familias de las víctimas, dijo a EL TIEMPO que en este caso se evidenció la “crueldad, el cinismo, la barbarie y el desparpajo del actuar de los del Gaula” en el crimen.

Además, indicó que aunque se acogieron a sentencia anticipada y fueron condenados en 2015, los militares se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz y quedaron en libertad. “A pesar de esta decisión judicial, el Estado sigue en deuda con la justicia, la reparación integral a las víctimas y la verdad”, dijo.