La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado que desestime las pretensiones de una demanda que pide la pérdida de investidura o 'muerte política' del senador Gustavo Bolívar por el apoyo que ha realizado a la 'primera línea'.
El alto tribunal estima una demanda presentada por Joan Sebastián Moreno Hernández, quien cuestiona el apoyo que en Twitter hizo Bolívar a una 'vaca' que inició la Fundación Manos Limpias para dotar de cascos, viseras, escudos y múltiples elementos a la 'primera línea' en Bogotá, Cali y Medellín durante el paro nacional.
La demanda asegura que la 'primera línea' es un movimiento político y que, por tanto, Bolívar no podía hacerle una contribución financiera porque así lo prohíbe la Constitución a quienes desempeñan funciones públicas.
“El senador Bolívar Moreno indujo a otros a financiar el movimiento de la ‘primera línea’, queda claro que incurrió en la prohibición constitucional de que trata el artículo 110 de la Constitución. La ‘primera línea’ es un conjunto de jóvenes que tiene por intención ejercer defensa y oposición bajo un criterio genuino de transformación social, en el que no es posible ubicar una cabeza que los lidere, por el contrario, su gestión interna se enmarca dentro de la horizontalidad, más que en un eje vertical, a diferencia de los movimientos sociales del siglo XX”, señala la demanda.
En audiencia realizada este martes, el delegado de la Procuraduría, Carlos José Holguín, dijo que la 'primera línea' no es un movimiento político ni una organización política así avalada, por lo que Bolívar no incurrió en la causal de pérdida de investidura que alegó el demandante.
"La verdad es que, en concepto del Ministerio Público, para el momento de los hechos, no es posible tener una certeza de que se trate de un movimiento político", dijo el delegado de la Procuraduría.
"No creemos que se pueda equiparar el movimiento social con el movimiento político como indica el demandante", señaló Holguín al indicar que, ante ello, no hay razón para decretar la pérdida de investidura de Bolívar.
Además, dijo la Procuraduría, si no se trata de un movimiento político, las personas que recibieron dichos recursos no son integrantes de un partido, ni destinaron los recursos a actividades políticas o de campaña.
Por estos mismos hechos, el senador Bolívar enfrenta una investigación ante el mismo Ministerio Público que busca establecer si los elementos fueron utilizados para la protección personal de los manifestantes o si, por el contrario, se financió una actividad lícita que atentó contra los bienes del Estado y la seguridad de la población.
Igualmente, Bolívar enfrenta una indagación penal en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que está en manos del magistrado Francisco Farfán.
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