La demanda contra el Estado por la muerte masiva de abejas

Un grupo de 3.000 apicultores de diferentes regiones del país presentó una demanda en contra de los ministerios de Ambiente y de Agricultura, así como contra el Instituto Colombiano Agropecuario y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales por la muerte masiva de abejas en el país.

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Según la demanda, desde el 2010 un total de 176.000 colmenas han muerto a causa de los químicos fipronil, clorpirifós, neonicotinoides y otros, de uso agropecuario, sobre los cuales los apicultores han reclamado acciones de control.

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“La omisión de control de estas moléculas por parte del Estado ha llevado a la muerte de 8.800 millones de abejas y a la pérdida por contaminación de los subproductos de la colmena como la miel, el polen, la cera, el propóleo, la jalea real, la apitoxina y el material físico de la colmena, causando graves perjuicios morales y económicos a los apicultores”, indicaron.

La demanda reclama el pago de 768.504.352 millones de pesos por los perjuicios provocados. La acción judicial que lidera el abogado Luis Domingo Gómez Maldonado, en representación de los apicultores, indicó que en marzo de 2021 el ICA suspendió el registro de los productos que tienen fipronil como ingrediente activo por su relación con la muerte de las abejas.

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Así quedó consignado en la resolución 092101 del 2 de marzo pasado que destacó, entre otros, en Colombia se reporta el uso de ese químico desde 1993 y en más de 70 presentaciones comerciales para diferentes grupos de plagas y cultivos.

“Dentro de los usos aprobados en que se ha registrado este producto están los cultivos de aguacate, algodón, arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, caña era, cebolla de bulbo, cebolla larga, cebollín chino, cebollín, cereales, cítricos, clavel, cocotero, crisantemo, eucalipto, forestales frijol, guanábana, guayaba, habichuela, kikuyo, limón, maíz, mandarina, mango, naranja, ornamentales, crisantemo, palma de aceite, palma, papa, pastos, pino, plátano, potreros, praderas, puerro, repollo, rosa, soya, tangelo, tomate, toronja y yuca”, dice la resolución.

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El documento también agrega que, entre el año 2016 y el año 2020, el número de colmenas muertas asciende aproximadamente a 16.000 por año, para un total de 64.000 colmenas afectadas en el periodo referido. “Que el valor de pérdida de esas colmenas puede ser de 32 mil millones de pesos en material biológico y de 42 mil millones de pesos en producción de miel y polen”, agrega la resolución.

La demanda cita un fallo de diciembre de 2019 del Tribunal istrativo de Cundinamarca que ordenó la conformación de una mesa de trabajo sobre la utilización de neonicotinoides y fipronil para profundizar en la investigación científica sobre su impacto en la mortandad de abejas y de otros polinizadores, entre otros antecedentes, lo que ha llevado a la realización de varias sesiones.

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No obstante la suspensión del fipronil, el recurso judicial asegura que hay otras 15 moléculas que se siguen usando, afectando la vida de las abejas y el patrimonio de los apicultores.

“A la fecha las entidades accionadas siguen permitiendo el uso de las demás moléculas diferentes al fipronil sin ningún tipo de restricción y los eventos de muertes masivas se siguen presentando tal como se demostró por parte del ICA en la reunión del pasado 29 de julio de 2021 en el marco de la reunión de la Mesa Técnica de Neonicotinoides y Fipronil ordenada por el Tribunal”, dice la demanda.

“Hasta la fecha ningún apicultor ha sido indemnizado por la muerte masiva de abejas por el uso de fipronil o cualquier otra de las moléculas evidenciadas por las pruebas de laboratorio. Téngase en cuenta, adicionalmente, que de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1333 de 2009 la acción sancionatoria ambiental caduca a los veinte (20) años, y que en tratándose de hechos u omisiones sucesivos, el término empieza a correr desde el último día en que se haya generado el hecho o la omisión”, agrega el recurso.

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Según la demanda, la pérdida del material biológico y físico de la colmena, así como de los subproductos de la colmena “exceden a todas luces las cargas que legítimamente deben soportar las personas en el Estado Social de Derecho, causan detrimento patrimonial concreto en cada una de las familias afectadas”.

Lo anterior, dice el recurso, “causándoles un perjuicio real, concreto, medible que trastorna el normal desarrollo de su proyecto de vida, hace mella en el patrimonio económico y moral de los apicultores afectados, afecta psicológicamente a quien vive de la apicultura porque mientras estos productos sigan sin controles efectivos viven en zozobra, además de saber que las respuestas estatales no contemplan planes de reparación por la pérdida de sus colmenas”.

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