Las razones de la Corte Suprema para abrir investigación formal a los congresistas Name y Calle por el escándalo de la UNGRD

Seis meses después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció una indagación previa contra los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, este martes 5 de noviembre el alto tribunal consideró que hay méritos suficientes para la apertura de una investigación formal contra los congresistas.

(Lea: Por escándalo de la UNGRD, Corte Suprema abre investigación formal a los congresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas) 

El senador Name, de la Alianza Verde, y el representante Calle, del Partido Liberal, son investigados por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), los señalara de haber recibido dinero para facilitar el trámite de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, lo que constituyó una de las puntas del escándalo de corrupción que investigan las autoridades dentro de esa entidad.

De hecho, la Fiscalía en una de las audiencias señaló que Olmedo López, exdirector de la Ungrd, “coordinó la entrega de 3 mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz Nova; y la entrega de mil millones de pesos directamente al representante Andrés David Calle Aguas, quien para entonces era el presidente de la Cámara, conforme a las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para la época se desempeñaba como director del Departamento istrativo de la Presidencia de la República, Dapre”.

El delito de cohecho que se les endilga a los congresistas implica que aceptaron dineros para sí, o para otros, de manera directa o indirecta, por un acto relacionado con el desempeño de sus funciones. Y el peculado implica una apropiación ilícita de recursos. 

Esta nueva etapa dentro del proceso se da, luego de que la Corte realizara el análisis y evaluación de la información recaudada en labores de policía judicial y testimonios practicados por el magistrado instructor, Francisco Farfán, y otros suministrados por la Fiscalía General de la Nación.

Además, estuvieron las respuestas al cuestionario que se envió al presidente Gustavo Petro, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, las cuales fueron evaluadas por parte del magistrado que lleva el caso.

Recordemos que las respuestas del jefe de Estado se dieron luego de que las partes (defensa de Calle, magistrado Farfán y Procuraduría) construyeron el cuestionario.

Con todas las pruebas recabadas, la Sala de Instrucción perfiló la investigación y tomó la decisión de que los parlamentarios tienen algún tipo de compromiso por algunas de las conductas punibles consagradas en el código penal.

Lo anterior, pese a que las declaraciones de Olmedo López, y Sneyder Pinilla no han sido “satisfactorias”, ya que alegaron en sus diferentes comparecencias que, hasta que no logren el beneficio que buscan con la Fiscalía, no hablarán de manera extendida sobre el caso.

La Corte en un comunicado estableció que “los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional” y que ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.

En la decisión se señala que se cumplen los requisitos para proceder a una investigación formal ante la probabilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la istración pública.

En esta nueva parte del proceso se contempla que los congresistas sean citados a indagatoria, donde la Corte les dará a conocer las razones por las que están siendo investigados.

Dentro de esta etapa, también se impartieron órdenes de policía judicial para la práctica de otras pruebas.

Redacción Justicia