Minhacienda echó mano de la regla fiscal para defender incidente contra fallo que tumbó norma sobre deducción de regalías

En la audiencia, el jefe de la cartera de hacienda señaló que el impacto fiscal de la norma que tumbó el alto tribunal sobre la no deducibilidad de las regalías, es de $6,7 billones, de los cuales $3,4 billones sería por devoluciones y $3,3 billones se darían ante la imposibilidad de recaudar.

De acuerdo con el ministro, para estimar el efecto fiscal se utilizó el pago de regalías en dinero para 2023 o el costo de producción y se multiplicó por la tarifa del impuesto de renta.

“A partir de los valores declarados por concepto de retenciones en la fuente a título de renta, el recaudo estimado por concepto de autorretenciones de las empresas mineras y de hidrocarburos en 2023, sin expedición del Decreto 261 de 2023, habría sido de $6,9 billones. El recaudo efectivo del año fue de $13,4 billones, que incluye otras medidas como la sobretasa del impuesto de renta”, señaló el ministro.

Y respecto a la tarifa efectiva de tributación del año gravable 2023, se calcula que corresponde a 43,8% para el sector minero del carbón y 41,0% para la actividad petrolera

En la audiencia, Bonilla también echó mano de la Regla Fiscal al señalar que esta “ofrece confianza a los inversionistas, pero su cumplimiento no garantiza por sí solo la sostenibilidad financiera. Es crucial considerar también ingresos, gastos, estabilidad macroeconómica y la relación deuda/PIB en el análisis de sostenibilidad fiscal”.

Es por ello que la Corte pidió al ministro ampliar sus explicaciones sobre la relación de sostenibilidad fiscal y regla fiscal, a lo que Bonilla indicó que “el análisis de sostenibilidad fiscal evalúa si, dada la capacidad de recaudación de ingresos fiscales y la estructura de financiamiento, la política de gastos puede mantenerse en el largo plazo”.

Mientras que señaló que “la Regla Fiscal es una herramienta útil y necesaria en el análisis de la sostenibilidad fiscal, pues este es su fin último. Sin embargo, sería impreciso indicar que es la única herramienta que se debe usar para evaluar la sostenibilidad fiscal. Esto considerando que las reglas fiscales no aseguran que con su cumplimiento se logre una senda sostenible de las finanzas públicas, aunque aumentan la probabilidad y compromiso del Gobierno nacional con que así sea”.

Y explicó el ministro que el análisis de sostenibilidad fiscal debe partir de una revisión holística de la evolución de los ingresos y gastos fiscales, de la deuda pública, y de las condiciones macroeconómicas.

También reiteró que la Sentencia C-489 de 2023 afecta el Presupuesto General de la Nación con un impacto de $6,7 billones en 2024. “Para hacer frente a esto, el Gobierno ajustó el Plan Financiero 2024: moderando el déficit conforme a la regla fiscal y reduciendo el gasto estructural”, dijo.

En marzo de 2024, el ministro de Hacienda y Crédito Público presentó el escrito de sustentación del incidente de impacto fiscal sobre la Sentencia C-489 de 2023. Para el efecto, indicó que la Sentencia C-489 de 2023 tiene un impacto fiscal significativo. En 2024 el efecto del fallo en el flujo de caja de la Nación asciende a seis billones seiscientos cincuenta y seis mil millones de pesos.

La isión del incidente suspendió de manera provisional los efectos de la mencionada sentencia desde la fecha de notificación del auto (mediados de abril), hasta que la corporación tome una decisión de fondo.

​​En la diligencia, el demandante del proceso que dio lugar a la Sentencia C-489 de 2023, Carlos Edward Osorio Aguiar, representante a la Cámara por Tolima, dio su sustentación de la demanda e indicó que “los apuntes” del ministro de Hacienda con relación a los ingresos de 6.7 billones. “Me parece que es improcedente hablar de un ingreso permanente cuando estamos hablando de un eventual ingreso transitorio”.

Y resaltó que el incidente presentado por el ministro “es improcedente por no cumplir los requisitos mínimos legales y estar cimentado en falacias y contradicciones insuperables”.

El demandante explicó que los supuestos planes presentados “son inconstitucionales” y el verdadero problema se origina en un crecimiento exagerado del gasto público de más de 30 veces arriba del crecimiento de la economía. “El gasto proyectado por el Gobierno, según su plan financiero, será en 2024 superior en un 12.3% al del 2023 y pasará de representar un 23% del PIB en 2023 a 24.4% del PIB en 2024 después de haber sido del 21.6% del PIB en el año 2022, es decir, la presión desmedida del gasto se origina por el mismísimo gobierno por su falta de capacidad y reacción y no por efecto de la Sentencia C 489 del 16 de noviembre de 2023”.

Para el demandante, la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma “redujo el riesgo país” y fue más allá al señalar que los supuestos del gobierno “son absurdos”. “El gobierno le miente a la Corte o le miente a los mercados, no se han tomado medidas en estos seis meses de orden legislativo”.

En la diligencia, el Jorge Ibáñez Najar, hizo reparos a lo manifestado por el ministro con relación al decreto 261 de 2023, sin el cual el recaudo hubiese quedado en 6.7 billones, pero con el decreto se alcanzó a 13.4 billones de pesos, es decir que hubo un recaudo de 6.5 billones. “¿Ese no sería el generador del problema y no inconsecuente la aplicación de la regla fiscal?

La Sala Plena de la Corte Constitucional tomará una decisión en los próximos diez días siguientes a la audiencia, con relación a si procede a modular, modificar o diferir los efectos de la sentencia original para evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. Contra esta decisión procede el recurso de insistencia, que suspende los efectos del fallo que resuelve el incidente.

Jesús Blanquicet
​Redacción Justicia
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