Mario Castaño: Corte Suprema le dicta medida de aseguramiento al senador

La decisión la tomó la Sala de Instrucción al definir su situación jurídica tras la indagatoria.

Captura senador Mario Castaño Foto: Fiscalía

16.06.2022 12:54 Actualizado: 17.06.2022 00:00

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El senador liberal Mario Castaño seguirá su proceso penal por graves actos de corrupción detenido en la cárcel La Picota en Bogotá, luego que la Corte Suprema de Justicia le dictara medida de aseguramiento.

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Tras escucharlo en indagatoria por más de nueve horas, la Sala de Instrucción le definió su situación jurídica y dispuso su detención preventiva por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión y estafa agravada.

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Con ponencia del magistrado Misael Rodríguez, la Sala estimó que la medida era necesaria para preservar la integridad del proceso, ante la existencia de un riesgo real e inminente de que Castaño y sus subalternos y personas cercanas afecten o alteren las pruebas que todavía falta por recopilar.

"La medida de detención preventiva en contra del senador se impone con el objeto de

asegurar la indemnidad de las pruebas. También porque la libertad del sindicado

constituye un riesgo para la comunidad", dijo la Corte en un comunicado.

Castaño es procesado por presuntamente liderar una organización criminal dedicada a amañar millonarios contrarios, a través de empresas y expertos ingenieros que se involucraban en procesos de contratación, a cambio de dádivas y de una jugosa tajada para cada integrante y, en especial, del congresista.

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Según la Corte Suprema, la presunta organización criminal habría sido integrada por servidores públicos y por particulares dedicados a manipular diferentes procesos de contratación estatal que se impulsaron y tramitaron en varios municipios de los departamentos de Cauca, Risaralda, Caldas, Tolima e incluso algunos con iniciativa del Ministerio del Deporte.

El alto tribunal indicó que también se le atribuye a Castaño Pérez haber influido determinantemente en la designación de empleados en el Congreso de la República quienes, a pesar de percibir salarios por dicha vinculación (por prestación de servicios) no realizaron ninguna actividad de las que se les encomendaron.

"El aforado, igualmente, le habría exigido, a título de contraprestación, una remuneración económica a personas interesadas en ocupar ciertos cargos públicos, a cambio de garantizarles su vinculación al mismo", señaló la Corte en un comunicado.

Las pesquisas apuntan al menos a 50 contratos con los que la red habría obtenido 43.433 millones de pesos en Risaralda, Chocó, Valle del Cauca y Caldas y por los cuales, según dijeron fuentes a EL TIEMPO, los integrantes del grupo criminal cobraban entre el 8 y el 10 por ciento de cada contrato o proyecto.

La red, según dijeron fuentes a este diario, tenía además el poder económico para pagar millonarias coimas y así poder quedarse con el control de contratos que luego significarían cuantiosos beneficios ilegales para sus integrantes: pagaron, entre 2017 y 2022, cerca de 21.000 millones de pesos.

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