¿Qué hay en los procesos contra Benedetti y Sanguino, líderes de la consulta, por los que fueron llamados a juicio?

Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, iniciarán formalmente la fase de juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por procesos relacionados con supuestos actos de corrupción que se remontan a la fecha en la que los funcionarios del actual gobierno fungían como senador y concejal, respectivamente.

(Lea: Corte Suprema iniciará fase de juicio contra Benedetti y Sanguino por caso Fonade y 'carrusel de la contratación')

Los actuales líderes de la consulta popular que pretende impulsar el presidnete Gustavo Petro, serán llamados a comparecer a una primera diligencia dentro de un mes. El día y la hora no se conocen todavía, toda vez que en la actualidad, según fuentes de la Corte, la Sala de Primera Instancia se encuentra congestionada. 

El actual ministro del Interior fue acusado por la Sala de Instrucción del alto tribunal el pasado 6 de febrero por su presunta participación en el entramado corrupto ligado a la contratación en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Por este caso, la Sala de Instrucción investigó a Benedetti por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, que se remontan a cuando era senador de la República.

A Benedetti lo señalan de haber direccionado la contratación de Fonade por cerca de 1.000 millones de pesos a favor de una empresa junto a otros políticos, a cambio de coimas.

El expediente se remite a una denuncia que hace varios años presentó el abogado Jaime Lombana Villalba, quien asegura que Benedetti habría intervenido en hechos supuestamente irregulares para favorecer a la empresa Simetric con la expedición de una Ley, así como en otros hechos que involucrarían a la Fiduprevisora, el Sena, el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros.

En el expediente que han tenido varios funcionarios judiciales aparecieron, en el transcurso de los varios años que lleva este caso, nombres como el del político Bernardo ‘el Ñoño’ Elías.

En este escándalo también fueron mencionados por autoridades judiciales personas como Héctor José García, Héctor Mario Amar y Hernán Emilio Mejía, quienes fueron imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Otra de las salpicadas es Elsy Mireya Pinzón, quien fue asesora de Armando Benedetti en su UTL, y quien fue llamada a juicio hace año y medio por el caso Fonade.

El proceso contra Benedetti en esta nueva etapa será conducido por el magistrado Ariel Augusto Torres. Este el primer caso, de los siete que cursan en contra del funcionario, que llega a juicio. Otros tres tienen apertura formal y los demás siguen en etapa de indagación.

El proceso contra el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se encuentra en el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas (Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema) y se relaciona con supuestos actos de corrupción dentro del famoso ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá cometidos hace 15 años.

Este proceso parte de hechos en los que Sanguino -miembro y exsenador de la Alianza Verde- habría participado del polémico carrusel entre los años 2008 y 2011, cuando él era concejal de Bogotá.

De acuerdo con el proceso, el hoy mintrabajo habría intercedido ante el entonces alcalde de la capital -en esos años gobernó Samuel Moreno-, y el entonces secretario de Salud para que nombraran a una persona cercana a él en la gerencia del Hospital de Usme.

Además, en el expediente contra el funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro -quien precisamente denunció el ‘carrusel de contratación’- sale que el exconcejal presuntamente acudió a encuentros en los que se acordó con un contratista de la ciudad adjudicar un proyecto con una jugosa suma de dinero.

Días después de que se conoció la designación de Sanguino en la cartera de Trabajo, el caso tomó fuerza y desde su cuenta de X, respondió diciendo que “en su momento fui investigado por la Corte Suprema de Justicia por hechos ocurridos en 2008, cuando me desempeñaba como concejal de Bogotá, instancia que nunca formuló cargos en mi contra. Tampoco lo hizo ninguna de las anteriores istraciones de la Fiscalía. 16 años después, cuando además los hechos han prescrito legalmente, mediante maniobras jurídicas evidentemente equivocadas, se pretende forzar una acusación desconociendo principios fundamentales como el debido proceso”.

Redacción Justicia