Él es Francisco Farfán, el magistrado mencionado en escándalo del clan Gnecco

La revelación de que supuestamente desde la Corte Suprema de Justicia se le habría dado una alerta al clan político Gnecco, del Cesar, sobre unas supuestas interceptaciones en su contra dejó en medio del escándalo el nombre del magistrado Francisco Farfán, quien hace parte de la Sala de Instrucción del alto tribunal.

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De hecho, tras la publicación del informe en Noticias Caracol, Farfán anunció que denunciará por calumnia a Cielo Gnecco Cerchar, hoy prófuga de la justicia, a quien en una grabación se le escucha decirle al senador José Alfredo Gnecco Zuleta, su sobrino, investigado por compra de votos: “José, es que Francisco Farfán... mandó un mensaje que te dijera que el teléfono, al tuyo, están copiando todo, que para ver si lo cambiabas”.

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Mientras siguen andando las investigaciones, el despacho de Farfán ordenó que “de manera inmediata y urgente” se desarchive el caso que se seguía contra José Alfredo Gnecco Zuleta, ya que el 24 de febrero de 2022 la Corte había proferido auto inhibitorio en su favor.

El magistrado Farfán, cuyo nombre quedó en medio de este escándalo, es abogado egresado de la Universidad de Los Andes, especializado en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia, y en Derechos Fundamentales en la Universidad Complutense de Madrid.

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En su carrera ha trabajado en el sector público, por ejemplo, fue director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, magistrado auxiliar de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, director Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, y conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, entre otros cargos.

También ha sido profesor en el área de derecho penal en las universidades de Los Andes, Externado de Colombia y Javeriana.

En cuanto a algunos de los casos en los que ha tomado parte en la Corte Suprema, es de recordar que el magistrado Francisco Farfán se opuso, junto a otros dos magistrados, al llamado a juicio que el 22 de agosto de 2022 le hizo la Corte Suprema al exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, quien es señalado por soborno a testigos por el mismo expediente que hay contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el llamado a juicio a Prada, la Corte consideró que él aprovechó su condición y función para presionar a Carlos López, alias Caliche, para que lograra la retractación del testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha sostenido que el expresidente Uribe tendría nexos con el paramilitarismo.

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No obstante, los magistrados Francisco Farfán, Héctor Alarcón y Misael Rodríguez consideraban que no era la Corte la competente para seguir con el caso de Prada, sino la Fiscalía en tanto que el exrepresentante renunció al Congreso. En ese sentido, en su salvamento de voto, sostuvieron que la Corte solo conserva la competencia para seguir investigando a alguien si los delitos por los que responde están relacionados de manera “estrecha, directa e inequívoca” con las funciones desempeñadas como congresista, y consideraban que en el caso de Prada esto no era así.

Por otra parte, cuando en su momento la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura y envío a prisión preventiva del ahora condenado exsenador Eduardo Pulgar, Farfán también se opuso a esa decisión, señalando que Pulgar no debía ser capturado.

“La providencia no solo incurre en un manifiesto vicio de garantía, al resolver la situación jurídica sin pronunciarse sobre la objeción (de la Defensa de Pulgar) por error grave a un dictamen pericial relevante para el derecho de defensa, sino que impone una detención preventiva sin que existan los estándares probatorios mínimos para tan grave afectación a la libertad personal”, se lee en el salvamento de voto que en su momento presentó Farfán.

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En el caso de Pulgar, él terminó aceptando su responsabilidad y en junio de 2021 la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema lo condenó a cuatro años y 10 meses de cárcel por el delito de tráfico de influencias y cohecho, los cuales cometió cuando intentó sobornar a un juez con 200 millones de pesos para, al parecer, favorecer a un patrocinador suyo: el excónsul honorario de Polonia en Colombia Luis Fernando Acosta Osío, en medio de un pleito familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

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