Salvatore Mancuso se juega posibilidad de quedar libre en la Corte Constitucional

En manos de la Sala Plena de la Corte Constitucional se encuentra por definir una tutela que presentó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en la que alega que se han tomado decisiones arbitrarias en su caso y que ya cumple los requisitos para que le sea otorgada la libertad a prueba.

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El caso está en manos del magistrado José Fernando Reyes, en un proceso que viene de la Corte Suprema de Justicia, quien negó dos veces la tutela y que involucra a los Tribunales de Justicia y Paz que se han negado a revocar las medidas de aseguramiento que pesan bajo su nombre.

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Mancuso alega que se desmovilizó de las autodefensas en el año 2004 para acogerse a los beneficios de la ley 975 de 2005 de Justicia y Paz y que el 13 de mayo de 2008 el gobierno nacional autorizó su extradición a los Estados Unidos.

Allí, en el 2015, fue condenado por el delito de "conspiración para fabricación y distribución de 5 kilos, o más de cocaína e importarla a los EE. UU." a la pena de 190 meses de prisión.

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Mancuso dice que estando preso en Estados Unidos ha participado activamente de todos los procesos que continuaron adelantándose en Justicia y Paz en los que fue condenado en dos procesos e imputado en otros.

En uno de los procesos en que fue imputado, que es el 2020-00148, Mancuso solicitó que le fuera levantada la medida de aseguramiento y, en cambio, le concedieran la libertad. Esto fue negado por el Tribunal de Justicia y Paz el 15 de enero de 2021, y luego, por la Sala Penal  de la Corte el 2 de marzo de 2022.

Según Mancuso, no hay razón para que no le concedan la libertad porque ya habría cumplido los requisitos de Justicia y Paz, entre otros, por haber ya cumplido la pena alternativa de prisión a la que fue condenado.

"No obstante haber cumplido la pena alternativa, las medidas de aseguramiento proferidas en Justicia y Paz continúan vigentes y activas por cuanto se ha impedido la sustitución debido a la imputación en justicia ordinaria que cursa desde hace más de 8 años. Esta última se derivó de una investigación en justicia ordinaria por un supuesto delito cometido presuntamente con posterioridad a la desmovilización donde no le impusieron medida de aseguramiento", dijo Mancuso en su tutela.

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También reseñó que un juzgado de ejecución de penas en 2019 le dictó la libertad a prueba por cumplimiento de la pena alternativa, decisión que revocó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el 11 de agosto de 2020 por el hecho que aún no ha quedado bajo supervisión para adelantar el proceso de reintegración. Pero para Mancuso, esto no va a suceder hasta que llegue a Colombia, por lo que estima irregular esa decisión.

Al negar la tutela inicialmente, la Corte Suprema estimó que no había irregularidad alguna en la decisión que negó la sustitución de la medida de aseguramiento y que la tutela no es ni un mecanismo alternativo o una instancia adicional a la cual acudir para controvertir decisiones judiciales en firme.

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Y señaló que la decisión de 2020 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que le negó la libertad a prueba, Mancuso se "demoró en interponer este mecanismo – incumpliéndose el presupuesto de la temporalidad – y no demostró alguna circunstancia que justificara su tardanza".

Ahora, la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá definir si Mancuso tiene razón o no. En este expediente se declararon impedidas las magistradas Paola Andrea Meneses y Cristina Pardo Schlesinger.

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