¿Salvatore Mancuso quedará en libertad por ser nombrado gestor de paz por Petro?

El anuncio del presidente Gustavo Petro de nombrar al exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) Salvatore Mancuso, hoy detenido en un centro de migrantes en Estados Unidos, como gestor de paz deja hasta el momento más dudas que certezas.

Este domingo el mandatario aseguró, vía Twitter, como es habitual, que Mancuso, quien fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, será nombrado gestor de paz con el objetivo de continuar el proceso de paz con los paramilitares que se realizó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que, a juicio de Petro, no ha concluido.

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"Aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”, trinó el mandatario.

La figura de gestor de paz sería principalmente para que Mancuso, quien lideró la expansión paramilitar en Cesar, Magdalena, los Montes de María, La Guajira y Norte de Santander, y es acusado de estar detrás de unas 140 masacres, actúe como facilitador o intermediario entre organizaciones criminales y el Gobierno, con el propósito de lograr la desmovilización de personas que hagan parte de estas estructuras e, incluso, el sometimiento de los grupos en medio de la política de ‘paz total’ que adelanta el Gobierno.

Sin embargo, se debe esperar a que el Ejecutivo emita el decreto que lo nombre para conocer cuáles serán sus funciones específicas.

“Los gestores de paz pueden tener funciones de aportar a la verdad, Mancuso podría ayudar en el proceso de búsqueda de desaparecidos y en los acercamientos con actores como el ‘clan del Golfo’. Y los gestores de paz pueden estar en la cárcel porque esto no es una amnistía ni un indulto, es darle la posibilidad de que, en medio de sus procesos, apoye la construcción de paz”, opinó Germán Valencia, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

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En mayo de 2008, Salvatore Mancuso hizo parte del grupo de 14 exjefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos para cumplir procesos por narcotráfico, y hace casi 3 años terminó de cumplir la condena de la justicia norteamericana por ese delito, tras purgar 15 años de cárcel, pero no ha vuelto a Colombia.

En el país, Mancuso, excomandante de los bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Auc, tiene dos condenas por 8 años de Justicia y Paz, ante la cual la Fiscalía le imputó 4.093 hechos por cientos de desplazamientos, desapariciones, homicidios, entre otros.

Desde hace años Colombia viene insistiendo en que Mancuso sea extraditado para que pueda saldar aquí sus deudas de verdad y reparación con las víctimas. De hecho, en una entrevista reciente con EL TIEMPO, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reiteró:

“Está pedido en extradición y el trámite ya se está adelantando. La solicitud está en curso ante las autoridades norteamericanas, estamos a la espera de su respuesta”.

Pero, si bien Colombia ha pedido su envío, Mancuso también ha buscado que lo manden a Italia en su lugar, pues tiene ascendencia italiana.

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO confirmó en junio que el proceso istrativo a través del cual Mancuso está tratando de evitar ser extraditado a Colombia e ir a Italia volvió a moverse, y se sabe que para el próximo 22 de agosto se citó a una audiencia en la cual podría conocerse la decisión final.

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Entre tanto, Mancuso también movió fichas para intentar ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal transicional creado tras la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla de las Farc y que, de entrada, no es competente para juzgar a exparamilitares.

La JEP ya rechazó su sometimiento como tercero civil en dos ocasiones, pero le abrió una oportunidad de eventualmente ingresar bajo la figura de ‘sujeto incorporado material y funcionalmente a la Fuerza Pública’, es decir, alguien que actuó como bisagra entre los paramilitares y las fuerzas del Estado.

Para estudiar su eventual ingreso bajo esa figura, la justicia de paz escuchó al exjefe paramilitar en una audiencia de 4 días realizada en mayo, en la que le pidió varias claridades sobre su rol en el conflicto armado.

En estos momentos, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP sigue estudiando la petición de Mancuso, lo que dijo en la audiencia y lo que el exparamilitar entregó posteriormente en varios documentos. El tribunal de paz le pidió pruebas.

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En todo caso, de llegar a ser itido en la JEP, hay cuatro procesos en los que la información que entregue podría ser útil.

El otro escenario para Mancuso es su situación con la justicia ordinaria colombiana.

En marzo de este año se conoció que una jueza de ejecución de penas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le concedió al exjefe paramilitar la libertad condicional “a modo de prueba” por cuatro años, al considerar que él ya había cumplido la pena máxima de 8 años que puede imponer Justicia y Paz.

Bajo esa decisión, si regresa a Colombia, Mancuso podría quedar libre por ese proceso. Pero no hay que olvidar que este no es el único que tiene en contra el excomandante de las Auc.

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De hecho, en enero de 2020, la Corte Suprema de Justicia resolvió que, una vez llegue al país, Mancuso no podría recuperar su libertad por cuenta de una investigación en la justicia ordinaria por lavado de activos de dineros del narcotráfico y concierto para delinquir, delitos que habría cometido tras su desmovilización. Pero además, en el marco de la política de ‘paz total’ y de los acercamientos con varios grupos ilegales, la Fiscalía se ha negado rotundamente a levantar órdenes de captura de personas que no hacen parte de grupos con carácter político.

Así ocurrió con el levantamiento de órdenes de captura que había pedido el Gobierno para algunos cabecillas del ‘clan del Golfo’, lo que el ente acusador se negó a hacer argumentando que actualmente no hay un marco jurídico para ello, pues no se ha aprobado una ley de sometimiento a la justicia para estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto sin carácter político.

Consultado sobre el tema, Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional e investigador sobre seguridad, defensa y paz, consideró que esto sería un obstáculo para Mancuso, puesto que él hizo parte de un grupo que no tiene reconocimiento político.

“Aquí estamos en un caso de sometimiento a la justicia y ni siquiera se ha aprobado la ley. El tema está todo por desarrollarse. Evidentemente, esa figura de levantar órdenes de captura no tiene esa posibilidad de aplicarse a grupos de crimen organizado sin reconocimiento político, que es el que clasificaría en este caso. Creo que, por ahora, eso no va a pasar de anuncio porque primero falta la ley, luego que haya un visto bueno de Fiscalía, etc. Y eso todavía está lejos de concretarse”, explicó.

Un caso distinto es el de Violeta Arango, ‘Violeta’, investigada por el atentado de 2017 al centro comercial Andino, en Bogotá, y quien, bajo la figura de gestora de paz, fue liberada y hoy hace parte de la mesa de negociación del Gobierno con el Eln, aunque sigue estando vinculada a su proceso judicial. Su liberación se logró con el argumento de que pertenece a un grupo criminal con estatus político, al contrario de la situación de Mancuso.

Uno de los primeros en opinar sobre el anuncio del jefe de Estado fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien dijo que, más allá de su designación, “lo grave es que mienta”.

“Deberían dar el mismo estatus a otros como ‘Jorge 40’, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”, trinó el jefe del Centro Democrático minutos después de que Petro dio la noticia.

El senador Ariel Ávila, hombre clave en los temas de paz, dijo, por su parte, que “Mancuso ha dicho mucha verdad, pero le falta lo de ‘paraeconomía’, esa es la gran verdad que falta. ‘Jorge 40’, en cambio, no ha dicho nada. Solo oculta y miente”.

Además, Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, comentó: “Mancuso nombrado gestor de paz para que se conozca la verdad del paramilitarismo, la ‘desmovilización’ y sus alianzas. Noto a Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia y a toda la derecha asustada, ¿por qué será? La verdad les corre pierna arriba”.

Por ahora, es necesario esperar el decreto que oficialice el nombramiento del exjefe paramilitar, así como saber si alguna de las otras dos cartas que se está jugando salen a su favor. No obstante, distintos sectores han advertido sobre la necesidad de que toda información que entregue sea con pruebas; y no hay que olvidar que él puede ser gestor de paz incluso en prisión, pues la figura no afecta sus procesos judiciales.

MARÍA ISABEL ORTIZ

REDACCIÓN JUSTICIA

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA