Luego de siete años, comenzó juicio contra Sandra Morelli

Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia inició finalmente la audiencia de juicio oral en contra de la excontralora general de la República Sandra Morelli Rico por presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento que firmó por 2.600 millones de pesos para la nueva sede de dicha entidad. Según la Fiscalía, esto provocó un detrimento patrimonial superior a los 12.292 millones de pesos.

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"Me declaro inocente y no acepto cargos", dijo Morelli en el inicio del juicio oral que se da siete años después de que este proceso penal arrancó.

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La Fiscalía, cabe recordar, le imputó cargos a la excontralora en 2014 y presentó el escrito de acusación ante la Corte Suprema a finales de ese mismo año.

Luego, la audiencia de acusación (que inició en 2015) y la preparatoria, en la que se definen temas técnicos probatorios, tomaron múltiples sesiones. Después, con la creación de la doble instancia en la Corte Suprema, el caso pasó de la Sala Penal a la nueva Sala Especial de Primera Instancia.

Morelli fue acusada por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

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Los contratos que se cuestionan son los 233 y 234 del 29 de marzo de 2012, suscritos con la firma Proyectos y Desarrollos I S.A., para el alquiler de la nueva sede física de la Contraloría para pagar mensualmente 2.703 millones de pesos entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2012.

La Fiscalía también le reprochó a la excontralora la enajenación de las sedes propias, como el edificio Centro Colseguros y el edificio Cardenal Crisanto Luque, a través de los contratos interistrativos con la empresa Central de Inversiones S.A. CISA para  transferir a título de compraventa estos bienes y por los cuales firmaron escrituras públicas que otorgaban el dominio. Supuestamente Morelli Rico provocó la condición de no uso de dichos inmuebles para enajenarlos.

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En la audiencia realizada este martes 7 de diciembre de 2021, el fiscal del caso, Carlos Iván Mejía, aseguró que cuenta con elementos probatorios para que se decrete la responsabilidad de Morelli por estos hechos.

"El Estado tuvo que soportar un detrimento en su erario como consecuencia del ilegítimo tramite y celebración de dos contratos de arrendamiento suscritos con desprecio de la legalidad contractual", dijo el fiscal.

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Mejía señaló que en ese momento Morelli como contralora buscó cambiar la sede de la entidad "como fuera", proyectando la adquisición de una nueva que no tuvo el aval del Ministerio de Hacienda.

Esa entidad le recomendó tomar arriendo mientras se adecuaba la sede vieja y, dijo el fiscal, valiéndose de ello, suscribió los dos contratos cuestionados para "abandonar las sedes propias, no hacer nada para la remodelación de las sedes propias y adquirir obligaciones onerosas más allá del simple arrendamiento".

La Fiscalía señaló que las actuaciones de Morelli fueron "ligeras y caprichosas", por encima de las "sugerencias razonadas del Gobierno central", que llevaron a suscribir "contratos de arrendamiento absurdos" con cláusulas por 10 años y con una compesanción onerosa si se acababa antes.

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Además, cuestionó que la entidad haya entregado la sede propia a otra empresa, "forzando al ente de control fiscal a mantener unos contratos de arrendamiento leoninos" y aseguró que, contrario a lo afirmado por la defensa, nunca hubo estudios de análisis y diagnóstico que sustentaran las actuaciones de Morelli.

En diálogo con EL TIEMPO, la excontralora Morelli aseguró que no cometió delito alguno, que el proceso de contratación siguió todos los parámetros legales y que "lo volvería a hacer igual".

"¿Cuál es el delito de celebrar un contrato de arrendamiento a precios de mercado con contratación directa como lo establece la ley? Era un gusto escuchar al señor fiscal leer hoy en la audiencia un contrato técnico bien hecho, objetivo, sustentado, planeado, con todo lo que exige la buena contratación", dijo Morelli al indicar que este contrato no motivó el millonario detrimento patrimonial como dice la Fiscalía.

"La Fiscalía está profunda y casi que de mala fe equivocada. Basta mirar los precios del mercado, lo que se contrató, su calidad y entender cada una de las cláusulas. La Fiscalía está insistiendo en una tesis y no va a tener éxito. Yo escuchaba al fiscal hoy y hacia la siguiente reflexión: lo volvería a hacer igual. Es un contrato bien hecho y que consulta el interés público", agregó.

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Sandra Morelli le dijo a EL TIEMPO que el valor del contrato no era alto si se compara el valor que otras entidades del Estado pagaban, en condiciones equiparables. Además, aseguró que la contratación era necesaria y que no hay nada irregular con que los antiguos edificios de la entidad hayan pasado a la central de Inversiones S.A. CISA, que también es una entidad estatal.

"¿Por qué no se iba a volver a esa sede? Por muchas razones. En Colombia hay una normas de sismorresistencia que no respetaba ese edificio, la gente no podía estar ahí. Yo era contralora y no inmobiliaria ni inversionista y no podía tener a mil funcionarios de pie porque no era suficiente la capacidad. No podía tener una sede que no cumplía la norma", agregó.

Morelli dijo que así se hicieran los ajustes al edificio propio, el cambio de sede era necesario por la planta de personal como hicieron otras entidades y agencias del Estado. "La infraestructura de los edificios públicos en Colombia envejeció y, por tanto, fue menester trastearse, renovarla, comprar otra, lo que han hecho todas las entidades", agregó.

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Sobre el hecho que la Fiscalía haya dicho que la actuación de Morelli fue "caprichosa", la excontralora le dijo a este diario que el lenguaje usado revela una "incapacidad" del fiscal Mejía para ser imparcial. "Todo se hizo bien y como él no puede decir nada fáctico que constituya delito, lo que usa son adjetivos. Es evidente", agregó. La continuación del juicio quedó para el primero de febrero de 2022.

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