El resurgir de las mujeres que encararon la violencia sexual en la guerra

Las calles cementadas del parque de San Jacinto, Bolívar, amanecieron embarradas. Son las 7:30 de una mañana de miércoles, y la lluvia que cayó hace unas horas —y que arrastró el cascajo de las vías principales— mantiene fresco el clima a pesar de un sol rutilante.

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Apenas arranca el día en este pueblo enterrado en los Montes de María, famoso por ser fábrica de las mejores gaitas, hamacas y sombreros vueltiaos de la región Caribe, y en una esquina de la plaza esperan los mototaxistas.

Arranco con uno de ellos por las calles del centro del municipio, ubicado a escasos 120 kilómetros de Cartagena, y cada tanto aparece un mural alusivo a los juglares o los instrumentos del porro, la gaita, la cumbia y la puya. Pero no son los únicos que hay.

En los últimos años, las organizaciones sociales y los colectivos de víctimas han usado las paredes para hacer memoria sobre el paso de la guerra por la región, y las mujeres, sobre el respeto de sus derechos y sus cuerpos, que fueron violentados por de los grupos paramilitares, guerrilleros y de la propia Fuerza Pública durante décadas de conflicto en la zona.

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Ruby del Carmen Ariza es una de las mujeres que padeció esa violencia que se convirtió en arma de guerra para los grupos. Tiene sus gafas de montura rosada puestas en la cabeza, viste una blusa blanca y un pantalón negro de bota ancha.

Esta trigueña de 45 años nació y salió desplazada de Zambrano, un pueblo a orillas del Magdalena que durante los últimos años de la década de 1990 y los primeros de la del 2000 fue convertido en base de los paramilitares del bloque Montes de María, que impusieron su ley y dejaron una cicatriz imborrable en las mujeres.

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De las 34.079 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual que tiene registrada la Unidad para las Víctimas en Colombia, 1.903 están en los 15 municipios de los Montes de María, y 706 de ellas (el 38 por ciento) se concentra solo en Zambrano.

“Allá fue donde hubo más violaciones. Los grupos tenían el control y les era más fácil cometerlas. Pero a diferencia de otros pueblos, muchas mujeres tuvieron el valor de denunciar esos hechos”, cuenta Ruby, quien fue víctima de acoso y hace ocho años empezó en el liderazgo social: es la representante legal de Asmersan, una organización de mujeres afectadas por el conflicto; forma parte de la Mesa de Víctimas de San Jacinto y es consejera municipal de paz.

Lo más duro del conflicto en los Montes de María, según lo reconstruyeron los habitantes de San Jacinto en una línea de tiempo ubicada en la Casa de la Memoria del pueblo, se vivió entre 1991 y 2008, con un pico máximo entre 1996 y 2001.

En ese periodo, que ellos mismos nombraron como el de la “plaga de la violencia”, se calcula que en la región hubo 3.919 homicidios, 153.731 personas desplazadas, 82.656 hectáreas de tierra abandonadas, ocho tomas guerrilleras y 70 masacres.

Y aunque la desmovilización de los paramilitares en el 2006 y la de las Farc una década después permitieron que estas poblaciones recuperaran parte de la tranquilidad que su fuego cruzado y control les arrebató por décadas, aún es larga la senda para que las víctimas puedan restablecer sus derechos.

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La noche del 31 de diciembre de 2002 marcó para siempre a Tatiana Rico. “Iba caminando con un amigo después de dejar a mi abuelita en la casa de una tía. Pasamos por un desecho para acortar camino y se fue la luz. En ese momento aparecieron dos hombres borrachos y armados”, recuerda. La insultaron, golpearon a su acompañante y los obligaron a caminar hasta un monte que, calcula, estaba a un kilómetro del casco urbano de San Jacinto.

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Los hombres, que pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), abusaron sexualmente de Tatiana, que para entonces tenía apenas 14 años. “Llegué destruida a mi casa. Me tomó más de tres años darle detalles a mi familia, pero con lo poco que les contó mi amigo esa noche mi papá decidió denunciar. Como un año después hicieron unas capturas por eso, pero estuvieron solo tres meses en prisión”, recuerda.

Con sus victimarios en libertad comenzaron las amenazas. Cuando estaba a punto de cumplir 16 años, recién acabó el colegio, un día se apareció en la puerta de su casa uno de los dos hombres.

Tatiana tejía una mochila blanca cuando la encaró: “Me dijo que se las iba a pagar por haberlos denunciado. Ese mismo día mi mamá me mandó para donde una tía en otra ciudad. Yo no me sentía preparada para separarme de ella, y mucho menos recuperada de mi hecho victimizante, porque uno aprende a vivir con eso, pero jamás lo supera, y en ese momento estaba tan afectaba que necesitaba el apoyo de mi mamá”, dice.

Tuvieron que pasar más de 10 años y un acompañamiento psicosocial para, en sus términos, aprender a vivir con ese hecho. Pero entre tantas heridas que le dejó la violencia sexual, una de las irreparables fue la ruptura familiar.

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“Cuando por fin pude regresar al pueblo disfruté muy poco a mi mamá. Siempre sentí que me faltaba mucho, que me la habían arrancado. Me la quitaron a las malas y me faltó vivir muchas cosas con ella. Se enfermó, le dio una atrofia multisistémica y falleció el año pasado”, cuenta Tatiana, quien hoy, con 33 años, tiene dos hijas y es estilista.

Por muchos años fue apática a las organizaciones de mujeres, pero aunque ya no vive en San Jacinto, hace parte de la Mesa de Víctimas del municipio y acompaña a otras personas que, como ella, fueron afectadas por los grupos armados: “Las mujeres tenemos tantos derechos vulnerados que decidí estar para ellas, para las que aún no se sienten capaces de salir a la luz, de hablar de esos hechos. Yo decidí hacerlo después de una década, contar todo, soltar todo, y puedo ayudar a otras personas a que se atrevan a hacerlo”.

Poco después de la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en marzo de 2018, las víctimas de violencia sexual en el país le empezaron a solicitar abrir un macrocaso centrado en investigar la violencia sexual, uno de los crímenes del conflicto con mayor impunidad en el país.

Para la lideresa Ruby Ariza, una de las barreras que las víctimas han tenido está relacionada con el reconocimiento de sus afectaciones: “En casos como el mío, que sufrí de acoso por parte de un paramilitar, pero no fui violada, es muy difícil que la Unidad de Víctimas nos reconozca. Hay mujeres que sienten que las obligan a mentir, a decir que hubo penetración para que puedan ser registradas como víctimas”.

Para la abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario María Camila Correa Flórez, quien ha investigado de cerca este fenómeno, es clave entender que “en contextos de conflicto como el colombiano, la violencia sexual fue usada como una forma de hacer la guerra”.

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Según explica, el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional reconocen estas conductas como un crimen de guerra y lesa humanidad que no solo se restringe a los casos de violación, sino de otros tipos de violencias basadas en género.

“De hecho, en proceso de justicia transicional como el de Ruanda y Yugoslavia se afirmó que la desnudez forzada o los tocamientos que no impliquen penetración también están dentro del crimen”.

Aunque hasta el momento la JEP no ha contemplado abrir un caso exclusivo para investigar y juzgar la violencia sexual, el alto tribunal está preparando un proceso “sombrilla” que le pondrá la lupa a este delito y otros como el desplazamiento y la desaparición forzada.

“Lo importante es que la violencia sexual sea juzgada, procesada y, eventualmente, sancionada de manera autónoma por parte de la JEP”, dice la profesora Correa Flórez.

Mientras eso sucede, las víctimas continúan exigiendo que sus crímenes no queden impunes y, sobre todo, que no los tenga que vivir nadie más, lo que cada vez genera más temores por el recrudecimiento del conflicto en varias regiones del país.

“Acá hay mucho temor de que se vuelvan a dar hechos violentos. No queremos que el territorio se bañe en sangre nuevamente. Las mujeres tenemos miedo de que vuelvan a atacarnos”, expresa la lideresa Ruby Ariza.