Condenan a guerrillera del Eln que financió a 'Primera Línea' en 2021

Camila Botero Cardozo, alias Lucía, integrante del Frente Ernesto ‘Che’ Guevara del Eln, aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y falsedad material en documento público y fue condenada a seis años y seis meses de prisión.

En su condena también se le atribuye la gestión ante los cabecillas de ese grupo armado de 23 millones de pesos para financiar a integrantes de la ‘Primera Línea’ de Cali, Medellín y Pereira, en protestas del Paro Nacional en 2021.

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En la investigación de la Fiscalía General, se conocieron varios mensajes dirigidos a alias Fabián, jefe del Frente de Guerra Occidental del Eln, en los que esta mujer, además de financiación económica, también había solicitado apoyo logístico y entrenamiento para la ‘Primera Línea’, entre mayo y junio de 2021 en el marco del Paro Nacional.

Además, en registros de inteligencia, Camila explicaba que "era necesario brindar instrucción en manejo de explosivos y técnicas de combate urbano o ‘tropel callejero’, como lo llamaba en sus escritos" para enfrentar a la Fuerza Pública y generar afectaciones contra bienes públicos del sistema de transporte, instalaciones oficiales y bienes privados.

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De otro lado, en el lugar donde se realizó la captura de alias Luíca, en zona selvática de Nóvita, Chocó, fueron encontrados varios elementos que dan cuenta de que Camila Botero Cardozo había sido compañera sentimental de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, uno de los cabecillas del Estado Mayor del Frente de Guerra Occidental del Eln, quien murió en una operación militar en octubre de 2020, además de ser la encargada de dar instrucción a los jóvenes reclutados que se encontraban en los campamentos y de preparar difundir las comunicaciones de alias Uriel.

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Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el ente acusador, alias Lucía aceptó los cargos y el juez especializado de Quibdó negó cualquier beneficio a la sentenciada anunciada, fijó una multa equivalente a 1.416 SMLV y determinó que la condena debía ser cumplida en un centro carcelario.

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