'El expresidente Álvaro Uribe va a comparecer cuando se le garantice el debido proceso': Jaime Granados

En un acto inédito, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se retiró el pasado miércoles de la audiencia preparatoria del juicio en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los que fue acusado en mayo.

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Su retiro obedece a la negativa de la juez Sandra Liliana Heredia de aplazar por siete días la diligencia para que su equipo jurídico pudiera analizar el contenido del celular y del computador del considerado testigo estrella del caso en su contra: Juan Guillermo Monsalve.

Uribe fue llamado a juicio por, supuestamente, enviar emisarios para lograr una retractación de Monsalve, en este proceso en el que se enfrenta con el senador Iván Cepeda, acreditado como víctima.

El abogado Jaime Granados asegura que la negativa de la jueza impidió que el expresidente pudiera ejercer su descubrimiento probatorio. Hoy esperan que a través de una tutela, que radicaron este miércoles, ello ocurra.

A las 10 a.m. del jueves radicamos ante el Tribunal Superior de Bogotá una acción de tutela por la violación de las garantías del debido proceso, del derecho de defensa y del principio de igualdad de armas, como puntos cardinales que tiene el sistema acusatorio y, sin los cuales, un proceso sería fallido, sería contrario a la Constitución. No puede ser posible que se le prive a una persona de un juicio que está ad portas de iniciarse la oportunidad de conocer adecuadamente los elementos de prueba en poder del Estado para, con fundamento en ese conocimiento, disponer la estrategia de la defensa y, a su turno, aportar los elementos de prueba mediante su descubrimiento, enunciación y solicitud, para que el juez de conocimiento los decrete y pueda, en condiciones de igualdad, darse el debate adversarial en un juicio oral.

El 6 de septiembre la juez ordenó que, como no estaba completo el descubrimiento y teníamos derecho de que se hiciera bien, dispuso de un plazo de 15 días hábiles para que se completara y eso incluía, no solamente el a la copia espejo que ha hecho la Fiscalía, sino el poder acceder al original, que se encontraba en poder de la Corte Suprema, tanto del computador como del celular que le habían sido incautados a Juan Guillermo Monsalve, testigo principal de cargo dentro del proceso, por parte del Inpec en enero del 2020. Es muy importante recalcar que quedó explícito en esa audiencia del 6 de septiembre que era nuestro deseo y nuestro derecho acceder a los dos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo acceder a una copia, así sea espejo del original, para adquirir con los protocolos forenses las imágenes en condiciones de igualdad con la Fiscalía. Cuando la Fiscalía fue a hacer eso, lo hizo y obtuvo lo que esperaba. La defensa no tuvo la oportunidad de hacer eso, sino hasta ahora la tiene y se encuentra en igualdad de condiciones para poderlo hacer.

No podemos anticipar qué trae ese contenido de esa extracción forense por la sencilla razón de que para poderlo hacer hay un procedimiento técnico que en unos sistemas, programas y laboratorios, con unas máquinas, toman un tiempo importante. En este caso el mínimo posible eran 164 horas continúas de trabajo ininterrumpidas, lo que significaba 6.8 días de tareas. Por eso pedimos siete días calendario, continuos, para poder agotar esa tarea y llegar al 8 de octubre, dentro del agendamiento que ya estaba dado, que concluye el 17 de octubre, sin ninguna dilación y atender esta audiencia, pero ya conociendo qué se extrajo y a partir de ese conocimiento perfeccionar nuestra teoría del caso y determinar hacia dónde íbamos a apuntar, qué pruebas íbamos a descubrir y, sobre todo, cuáles íbamos a solicitar. Ese tema era fundamental. La Fiscalía nos entregó la mitad y nos faltaba la otra mitad que es la original.

Nosotros tenemos razones para sospechar que en otros elementos incautados, que fueron entregados a la Fiscalía, relacionados con este mismo testigo, hubo manipulación. Y eso lo hemos informado a la Fiscalía, con nuestros expertos, y lo vamos a hacer público en la audiencia y a denunciarlo en su oportunidad. Ya sabemos que ha habido manipulación y nos interesa, de sumo grado, acceder a esa información, siendo el computador y el celular del principal testigo de cargo en La Picota. Pero quiero ser todavía más explícito. ¿Ustedes saben que no fue posible que la defensa accediera al celular del senador Iván Cepeda con el que se comunicaba con el señor Juan Guillermo Monsalve en la cárcel? El senador Cepeda dijo que no podía hacerlo porque se le había caído, no sabemos en dónde, y se le había dañado y con ese argumento no pudimos acceder a él. Si no podemos acceder a un extremo, que es el celular del senador Cepeda, que se comunicaba y está probado, con Monsalve, en esos días 21, 22 y 23 y siguientes de febrero de 2018, pues ¿cómo no va a ser importante conocer qué aparece en el celular que le incautó el Inpec a él y en el computador que le incautó? Nadie, ni la Fiscalía, ni la Judicatura, ni el Ministerio Público, ni la representación de las alegadas víctimas puede entrometerse en lo que es propio de la defensa. Que aquí fue lo que hizo, de una manera inaudita, la señora Juez 44 en este caso.

Yo no quiero anticiparme porque justamente como está en curso una acción de tutela sería prematuro dar una opinión hasta tanto el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie. Ahí hicimos una solicitud de medidas cautelares urgentes. En todo caso tendrá el tribunal la oportunidad de examinar la tutela, que es el único mecanismo que tenemos a nuestra disposición, ahora, dentro del derecho interno, por supuesto. Otra cosa es lo que ocurra en instancias internacionales, pero esas solamente tienen lugar si no opera la justicia en Colombia.

Es muy importante esa pregunta porque el mismo 6 de septiembre tomamos conocimiento con la Fiscalía para hacer el descubrimiento que ella tenía, que le faltaba, el cual se completó entre los días 9, 10, 11 y 12 de septiembre. Y le comunicamos a la Corte, tan temprano como el 10 de septiembre, la urgencia de este tema, cuando ya estábamos en curso en las tareas con la Fiscalía para ganar tiempo. Y le insistimos a la Corte el 13 de septiembre y luego el 19 de septiembre. Y solamente el 20 de septiembre tuvimos la respuesta de la Corte, por las razones que sean, porque ellos tiene sus tiempos. Y la Corte, mediante un auto proferido por el doctor Ariel Torres, nos autoriza a tener a esa información. Se dispone del equipo en la Corte y se nos da la oportunidad para hacerlo los días 25 y 16 de septiembre. Desafortunadamente, por temas técnicos, y por el horario de oficina que la Corte y sus protocolos establecen, no se pudo terminar el computador en esos dos días. Y el día 27 no estaba disponible el personal de la Corte por tener que atender temas previamente agendados. Y por eso se habilitó para esa tarea el 30 de septiembre, todo el día, y aún llegadas las 5 p.m. no fue posible tenerlo completo. Eso quedó en un acta. Terminamos prácticamente a las 7 p.m. porque eso hay que pasarlo por unas máquinas. ¿Y qué pretenden? Que prácticamente 37 horas después, el miércoles 2 de octubre, a las 8 a.m. ya supiéramos qué es lo que aparece ahí y qué fue lo que nos entregaron. Eso es imposible. Y así lo expusimos. Y creíamos que podía concluirse esta audiencia preparatoria, el 17 de octubre, como estaba agendado. Entonces no iba a haber ninguna dilación. Así que la decisión de la señora juez, de negar lo que le pedimos, es totalmente arbitraria, es abusiva, es contraria a derecho.

El ciudadano Álvaro Uribe Vélez, siguiendo mi consejo como su abogado, va a comparecer, como siempre lo ha hecho, en el momento en que se le respete el debido proceso, es decir, por lo menos en el momento en que se resuelva la acción de tutela. Porque él es respetuoso de la istración de justicia, él sí las acata. Él no es rebelde frente a ellas. Pero tiene que manifestar su protesta por el atropello del que está siendo víctima.

No. No renuncié. Equivocadamente la jueza dijo eso. Yo dejé constancia que no iba a convalidar una actuación ilegal, haciendo un descubrimiento indebido, que es diferente. Y eso lo digo con claridad en mi tutela. Son dos cosas distintas. Aquí se ha pretendido confundir a la opinión pública diciendo que sí nos entregaron lo que no nos entregaron sino hasta el 30 y diciendo que renunciamos a lo que no hemos renunciado. Son dos cosas diferentes.

Sólo con la tutela. La juez está equivocada y ha dicho cosas que no son ciertas. Lo que estamos haciendo no lo podemos presentar en la audiencia porque la juez decidió darle continuidad, de manera tozuda, arbitraria e indebida al proceso. La única forma es que la decisión de fondo de la acción de tutela corrijan ese entuerto.

Pues están muy equivocados, profundamente equivocados, si en este proceso hay riesgo de prescripción, no ha sido por la defensa. Hay que hacer memoria en este caso. Cuando Álvaro Uribe renunció a su investidura de Senador, para poderse defender, la Sala de Primera Instancia de la Corte entendió que no tenía competencia y lo envió a la Fiscalía. Decisión que fue avalada por la Sala Plena de la Corte. Y al hacer eso hubo lugar a una audiencia para efectos de determinar la suerte del expresidente frente a la medida de aseguramiento y frente al tratamiento que tenía él como imputado. Estoy hablando de octubre del año 2020. La juez decidió que Uribe no estaba imputado y que recuperaba su libertad. ¿Qué impacto producía esa decisión judicial? Que como los términos de prescripción de los delitos investigados son de 12 años, de hechos que se remontan de febrero de 2018, 12 años significa hasta febrero mínimo de 2030. Así que en 2020, cuando se tomó esa decisión, ¿qué riesgo había de esa prescripción?

Pero ¿qué ocurrió?, las alegadas víctimas presentaron, ellas y solo ellas, un recurso de apelación. Y en la apelación el juez mantuvo la libertad pero consideró que sí estaba imputado. Que era equivalente la imputación a la indagatoria. Y por eso había que retrotraerse al 8 de octubre de 2019, día que tuvo lugar la diligencia de indagatoria en la Corte Suprema. Por ese motivo, por la equivalencia que se hizo, se tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo y se vuelve a contar por la mitad. Entonces se empieza a contar por seis años. Los seis años se cumplirían del 8 de octubre de 2019 al 8 de octubre de 2025. Pero fue por la actuación de ellas. No de nosotros. Luego la Corte Constitucional decidió que sí estaba imputado. Nosotros siempre estuvimos en contra de eso. Por tanto la razón del termino hasta 2025 no es por nosotros, es por ellas, las víctimas. No solamente eso, en las audiencias de preclusión, solicitadas por la Fiscalía, no por la defensa, ¿Quiénes se demoraron? ¿Quiénes hicieron todas las dilaciones si no fueron ellas?

Ana María Cuesta 

Editora de Justicia