Cárceles: una bomba de tiempo bien conocida, con nuevos detonantes

A pesar de que el 17 de marzo se decretó el estado de emergencia en el país por la pandemia de coronavirus, y aunque el 23 de este mes se decretó la emergencia carcelaria, ni el Gobierno ni el Inpec han adoptado medidas de fondo para proteger la salud, la alimentación y sanidad de los presos, y la única medida preventiva ha sido la suspensión de visitas.

Ese es el argumento con el que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz presentó una tutela ante un juez de Tunja, en representación de los presos de la cárcel de Cómbita, Boyacá, pidiendo medidas urgentes para protegerlos de covid-19.

Aunque aún no hay una decisión de fondo, el juzgado tomó medidas cautelares para que en 24 horas el Gobierno y el Inpec garanticen el de agua potable continuo para los internos de Cómbita, instando a las autoridades para que extiendan estas medidas a toda la población carcelaria.

También para que les den a las personas presas los elementos que necesiten para afrontar la crisis sanitaria como jabón y elementos de aseo.

En el recurso judicial se menciona, por ejemplo, la falta de agua las 24 horas del día y de tapabocas o antibacteriales en las cárceles de Valledupar, Jamundí, la cárcel Palogordo y Chinita, en Bucaramanga. También se habla de los enfermos de tuberculosis, gripe y diarrea en La Picota que están en riesgo y para quienes aún no hay medidas de fondo.

Y es que por el grave hacinamiento en las cárceles, expertos y varias ONG aseguran que estos centros penitenciarios son una bomba de tiempo en donde, si hay un contagiado, la situación se volvería crítica.

Para hacerle frente a este riesgo, aunque se decretó la emergencia carcelaria, aún no ha sido expedido el decreto con el que se enviaría a casa por cárcel a entre 4.000 y 15.000 presos. Según el Ministerio de Justicia, esta normativa fue enviada a la Secretaría Jurídica de Presidencia, que deberá revisarla o modificarla antes de que pase a sanción presidencial.

Ante la demora para expedir el decreto, el Colegio de Abogados Penalistas lamentó la falta de medidas urgentes ya que “el riesgo de contagio de covid-19 es latente”.

Lo mismo piensa Fernando Rodríguez Kekhan, abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien dijo que resulta indispensable tomar medidas para “salvaguardar la vida de la población carcelaria”. Aunque por el momento no se conoce ningún caso de algún preso contagiado, dijo que si no hay una salida para descongestionar las cárceles, lo que se avecina será “una tragedia anunciada de incalculables proporciones, incluido para el cuerpo de custodia, que también está en riesgo de contagio”.

La tutela en Tunja expone que los amotinamientos en 13 cárceles del país el pasado 21 de marzo, que dejaron 23 personas muertas y 83 heridos en La Modelo de Bogotá, respondió a una protesta pacífica de los presos por la falta de medidas para prevenir la propagación de covid-19.

Ante esos hechos, investigadores de la Fiscalía realizarán esta semana entrevistas como parte de la investigación por el motín. Los encargados del proceso no solo buscan establecer cómo se organizaron las protestas coordinadas en varios penales, sino la causal concreta de cada una de las muertes.

Medicina Legal ya entregó a la Fiscalía los dictámenes de las necropsias de las víctimas para intentar establecer cómo murieron. Durante el motín, algunos presos señalaron que hubo agresiones de algunas personas de un patio a los internos de los otros patios, por lo que se busca tener claridad de quién es responsable de cada agresión. Así, se investiga tanto a internos como a la guardia penitenciaria.

Para lograrlo se cuenta con el registro de las armas de la guardia que se compara con las heridas que se encontraron en las víctimas.

La Fiscalía también investiga si hubo alguna articulación con redes ilegales en los motines, y si información falsa sobre casos de coronavirus en prisiones terminaron produciendo la protesta.

De otro lado, la Procuraduría abrió una indagación preliminar para conocer mejor los hechos e identificar si hubo fallas disciplinarias. También se ordenó inspeccionar las armas de los dragoneantes.

Con un hacinamiento del 362 por ciento, la cárcel de Riohacha, en La Guajira, es el centro penitenciario más sobrepoblado del país. Las personas duermen en un espacio de medio metro o en hamacas colgadas en donde haya un hueco disponible. Sin sanidad ni agua potable suficiente, esta cárcel que cumple 41 años, es un hervidero. Si un interno llegara a contagiarse del nuevo coronavirus, así como viven, confinados unos sobre otros, resultaría casi inminente que los 461 presos del penal también se contagien.

De ese tamaño es el riesgo que hoy vive la población detenida en las cárceles del país, que volvieron a concentrar la atención de gobernantes y ciudadanos tras los graves amotinamientos de hace más de una semana. 

La situación llevó al Gobierno a declarar la emergencia carcelaria por tercera vez en la historia del país, con el fin de tomar medidas mucho más expeditas, para mejorar la sanidad en estos centros penitenciarios y prevenir la llegada de la covid-19 a las prisiones.

Adicionalmente el Gobierno dijo que alistaba un decreto -que aún no ha sido expedido- para que entre 4.000 y 15.000 internos puedan salir a casa por cárcel, especialmente la población con más riesgo como los mayores de 60 año, madres gestantes, personas con cáncer, VIH, y otras enfermedades, así como los que son investigados por delitos menores o culposos.

Todas las medidas urgen porque las cárceles son una bomba de tiempo en la que todos sus males están sobrediagnosticados desde hace por lo menos siete años, cuando la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales en las prisiones, ya que estos sitios concentran violaciones a los derechos humanos.

Hoy el hacinamiento en el sistema carcelario es del 53 por ciento. Mientras hay cupo para 80.000 personas, las cárceles tienen por lo menos a 34.000 detenidos de más, sin capacidad para ello. En total, albergan a 124.105 presos entre quienes el virus se podría propagar fácilmente si entra a prisión.

Con ese nivel de hacinamiento, si hay un contagio masivo en prisiones, no solo colapsaría el sistema penitenciario, también la política criminal y el sistema de salud colombiano, que hoy ya es deficiente para los detenidos.

Para Hernando Herrera, director de Excelencia en la Justicia, las medidas del gobierno de sacar algunos presos no va a solucionar el problema de fondo. “Cuando a uno le hablan de una sobrepoblación de 40.000 reclusos, sacar a 4.000 -aunque muestra buena voluntad- puede ser una medida poco eficiente”, dijo.

Según Herrera, la crisis es responsabilidad de todos los últimos gobiernos que han dejado a un lado su deber de construir nuevas cárceles o ampliar cupos. Por eso una dificultad de fondo, dice, es que según la Contraloría el 88 por ciento de la infraestructura penitenciaria es inadecuada y no cumple los estándares mínimos para la buena vivencia. De 134 cárceles, asegura, unas 120 tendrían más de 21 años de construcción, incluso hay 20 que ya celebran su primer siglo.

Según el abogado penalista Francisco Bernate, lo grave en el nuevo escenario del coronavirus es que, si no se toman medidas de fondo, podría cobrar vidas humanas en una población en donde el hacinamiento haría más rápida la propagación del virus.

Una dificultad de las excarcelaciones que busca el Gobierno es que, según Bernate, enviar a los presos que quiere el gobierno a casa por cárcel requeriría de más jueces. Por eso afirma que se debería crear por lo menos 50 juzgados nuevos virtuales, que puedan resolver la situación de forma expedita porque la justicia ya está colapsada.

Otro problema de fondo que habría que resolver -con o sin coronavirus- es hacer una política criminal más inteligente. Según Bernate, van por lo menos 100 reformas a las reglas penales aumentando penas, creando nuevos delitos y eliminando beneficios, pero no hay reformas -que aunque no caigan bien en la opinión pública- busquen descongestionar las cárceles en donde algunos delitos puedan tener multas en lugar de prisiones. “Por eso siempre se construyen nuevos cupos que resultan insuficientes”, dijo.

Al respecto, frente a las excarcelaciones, Hernando Herrera asegura que estas deben priorizar a quienes tengan un mal estado de salud, y no permitir que reincidentes en delitos como el hurto, narcotráfico o que delincuentes de cuello blanco y presos por corrupción, salgan presos.

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Así, para Herrera, mientras sería conveniente a largo plazo despenalizar delitos menores, como el famélico que se comete por hambre, u otros, se debe propender porque esto “no se convierta en un exceso de beneficio para el delincuente”, pues a su juicio el derecho penal es una barrera de contención para proteger a las víctimas.

Según la Contraloría General, que desde el año pasado ha visitado más de 23 cárceles en el país, hay varios factores que hacen que la crisis sea muy peligrosa y difícil de resolverla.

Una dificultad, afirma la Contraloría, es que los problemas de cada una de las cárceles son muy distintos, por lo que hay que pensar en medidas también particulares.

En la Picaleña de Ibagué, por ejemplo, hay 104 celdas cerradas por un problema de redes hidráulicas y eléctricas. Eso significa que el hacinamiento podría ser incluso más grave de lo que dicen las cifras oficiales, porque hay cupos no disponibles que se están reportando como existentes. En la Picaleña, además, dice la Contraloría, donde hoy hay 5.218 presos, hay un problema muy complicado de agua, y aunque la cárcel quería hacer una exploración de pozos profundos en un lote aledaño, ese predio era del Ministerio del Interior y Justicia y hoy no se sabe quién lo tiene.

La cárcel de La Dorada, en donde en el 2018 los presos tramitaron 1.300 tutelas, aunque sus instalaciones cumplen criterios mínimos, sufren por hacinamiento, calor y falta de agua.

Otra dificultad, dice la Contraloría, es que aunque el año pasado, por ejemplo, se hicieron proyectos nuevos para crear 700 cupos en Girardot, Girón e Ipiales, estos están desfados en el tiempo y avanzan a paso muy lento.

Un riesgo latente es que, si aumenta el descontento entre los detenidos por la falta de garantías para sus derechos humanos y la situación se vuelve dramática, con motines como los que se vivieron el 21 de marzo, estos serían difíciles de contener porque hay patios en donde  hay más de 300 internos que solo son vigilados por dos presos del Inpec, ya que no hay más guardas.

A la Contraloría también le preocupa que son muy pocos actores los que se interesan realmente por mejorar la situación carcelaria porque, a menos que alguien tenga un familiar detenido, muchos no ven a las cárceles como una prioridad.

De hecho, es un tema impopular que no consigue votos ni réditos políticos. Esa es tal vez una explicación de por qué aunque los 36.625 sindicados que hay en el país deberían ser responsabilidad de las alcaldías y gobernadores, según la Contraloría casi ningún ente territorial aporta para mejorar las condiciones de esos reclusos. Algunos de esos sindicados, entre otras cosas, llevan meses y años detenidos, sin que se les resuelva su situación jurídica, empeorando el hacinamiento.

Según Indira Velásquez, del Instituto Rosarista de Acción Social, la covid-19 afecta la salud mental de los detenidos, aumenta las presiones sobre una población que no tiene recursos, que tiene comida y espacio limitado, e intimidad nula.

Por eso asegura que controlar un contagio en cárceles sería muy difícil, con la dificultad de que, además, no hay personal suficiente para trasladar a presos a centros médicos, aislarlos y, a su vez, vigilarlos. “Hay que actuar de manera inmediata de forma segura. Las cárceles no pueden ser un detonante permanente”, dijo Velásquez.

Esta semana la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno y a los entes territoriales tomar medidas para prevenir el contagio de covid-19 en la población que está presa en centros de detención transitoria. En estos sitios, conocidos también como URI o estaciones de policía, mientras hay cupo para 3.883 personas, están detenidas 6.822, con un hacinamiento del 132 por ciento.

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