Los abogados del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, condenado por el 'cartel de la toga', instauraron una tutela contra el director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa Duque, y el director del Inpec, el general Norberto Mujica Jaime.
En la tutela, los abogados piden que se amparen los derechos de Moreno a la vida, la integridad personal, de a la istración de justicia y al debido proceso.
Moreno, quien llegó en calidad de deportado desde Estados Unidos el 4 de diciembre, fue privado de la libertad para que cumpla una condena 58 meses y 15 días de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia.
Los abogados aseguran que los generales Atehortúa y Mujica, por "vías de hecho", no han cumplido con el traslado de Moreno al Centro de Estudios Superiores (Cespo) de la Policía Nacional.
Dicho traslado fue ordenado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, tomando como base la seguridad de Moreno, quien cooperará en el sonado caso de corrupción judicial denominado 'cartel de la toga'.
La tutela cita un oficio suscrito por Atehortúa en el que dice "la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, antes Cespo, cumple una misión especial en la capacitación, entrenamiento y formación del personal uniformado y no uniformado de la institución en diferentes ámbitos del saber”, y añade que la directora de la escuela indicó que no cuenta con la disponibilidad para recluir a Moreno Rivera pues la institución está ocupada en 100 por ciento de su capacidad instalada.
Y se encuentra la amenaza latente de vulneración del derecho a la vida y a la integridad física del accionante
En la tutela, los abogados señalan que "es un hecho público que el conocido Cespo es un lugar donde han estado recluidos privados de la libertad pluralidad de personajes
de la alta dirigencia estatal, es más, aún se encuentran allí personas privadas de la libertad", y mencionan entre otros al general Mauricio Santoyo, María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS y Dilian Francisco Toro.
En la tutela, los abogados señalan que el hecho de que Moreno no haya sido trasladado a Cespo "presenta la vulneración al derecho de a la istración de Justicia y al debido proceso, y se encuentra la amenaza latente de vulneración del derecho a la vida y a la integridad física del accionante".
Además, la defensa reitera que la solicitud de traslado de Moreno a Cespo fue avalada por la misma Fiscalía sobre la base de la seguridad.
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