Los crímenes de los menores de 18 años / Opinión

Embarcados como estamos ya en el proyecto –tan popular como populista– de tratar de imponer la cadena perpetua en Colombia, otra tragedia en la que la víctima de asesinato y abuso sexual fue una niña de apenas 13 años debía ponernos a hablar sobre un asunto mucho más complejo y desafiante para nuestra sociedad: los crímenes cometidos por menores de edad.

De nuevo, nadie discute que tratar de sacar de las calles por el máximo tiempo que sea posible a los depredadores sexuales, mucho más a los que atacan a nuestros niñas y niños, es un objetivo loable.

Pero como bien lo han advertido los que saben de asuntos penales, la que puede ser sin duda una empresa políticamente rentable resultará al final inocua si, como suele suceder, nuestro aparato de justicia sigue siendo tan inoperante.

Suena a Perogrullo: para meterles cadena perpetua a los violadores de niños, primero hay que capturarlos y condenarlos. Hoy tenemos penas de hasta 60 años de prisión para esos delitos, pero los delincuentes que las han recibido no son más de dos docenas en la última década. Eso, en un país donde cada año unos 20.000 menores de edad son víctimas de agresiones sexuales.

Ahora bien: ¿qué pasa cuando, como en el caso de la pequeña Daniela, asesinada hace una semana por su hermanastro en el Meta, el responsable del crimen tampoco ha cumplido los 18 años?

En esta y otras macabras historias delincuenciales escritas por adolescentes, lo máximo que cabe esperar como sanción es una medida de reclusión de 8 años en sitios que, además, no están pensados ni preparados para manejar a personas cuya peligrosidad ha sido demostrada.

Frente a este caso en particular –y frente a otros como el de un menor capturado en flagrancia por dos homicidios en Medellín y al que las autoridades le atribuyen otra docena de asesinatos–, ¿en serio creemos que la persona que regresará a la sociedad dentro de ocho años ya no representará un peligro para nadie? El mismo país que se hace el de la vista gorda frente a los miles de niños explotados por las redes de mendigos profesionales y los proxenetas aprobó en el 2006 un Código del Menor que, como muchas de nuestras normas, es políticamente correcto pero poco sintonizado con nuestra compleja realidad.

En esencia, busca proteger los derechos de los niños y adolescentes casi blindándolos de la responsabilidad penal frente a sus actos.

El resultado en el mundo real es, por un lado, la creación de una lucrativa mano de obra para el crimen organizado –este año van más de 6.000 menores detenidos por diferentes delitos; la mayoría por hurto y microtráfico–. Y por el otro, la existencia de pequeños poderes criminales que aterrorizan a sus comunidades porque se creen, y son, intocables para la justicia.

Romper esa inercia pasa por varios frentes. Sí, sin duda, porque el Estado cumpla con la tarea de proteger y darles oportunidades reales a esos miles de muchachos que por más que tratan no encuentran opciones en la legalidad y terminan dejándose tentar por los cantos de sirena del crimen organizado.

Pero también hay que ajustar el marco normativo, de tal manera que la intangibilidad legal para los menores de 14 años, las sanciones laxas para los que no han cumplido los 18 y el desgobierno que caracteriza los sitios de reclusión no terminen generando un caldo de cultivo perfecto para la criminalidad, así esta tenga rostro de adolescente.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

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