Víctimas de pirámide ganadera de Felipe Rocha denuncian desorden en la Fiscalía

Defensa dice que las acciones del ente acusador podrían llevar a la impunidad.

Felipe Rocha Medina habría captado más de $ 38 mil millones. Foto: Archivo particular

PERIODISTA JUDICIAL21.02.2024 08:40 Actualizado: 21.02.2024 08:40

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Una nueva alerta lanzaron las presuntas víctimas de Felipe Rocha Medina, el ganadero que hace años les invitó a invertir en ganado y que terminó creando lo que sería una “pirámide ganadera” con la cual se quedó con sus recursos.

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El escándalo por este caso nació en 2013, a través de la Agropecuaria Achury Viejo, cuando Rocha les propuso a personas cercanas invertir en la cría de ganado, negocio que a los 12 meses les iba a dejar buenos intereses. Pasaron los años y muchas personas dicen que salieron perdiendo varios millones, pues nunca vieron ni las ganancias ni tampoco recuperaron su capital.

Este caso llegó a la Fiscalía en donde cursan dos procesos: uno por captación masiva y habitual de dineros, estafa agravada y falsedad y otro por estafa agravada.

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El abogado Jacques Simhon, asociado de la firma CMS Rodríguez-Azuero, que representa a 18 víctimas que invirtieron 20.000 millones de pesos en el negocio ganadero, ofreció recientemente detalles de cómo va el caso en el ente de investigación.

Simhon expresó a W Radio su preocupación por lo que describió como “una serie de acciones erróneas por parte de la Fiscalía”, las cuales podrían conducir a la impunidad y a la denegación de justicia para los afectados.

Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Foto:Foto: Jesús Blanquicet

Sin embargo, señaló el abogado que la falta de coordinación interna dentro de la Fiscalía ha dividido el proceso en dos jurisdicciones: la Fiscalía 25 especializada en finanzas criminales y la fiscalía 69 local de la seccional Bogotá.

Simhon destacó a la emisora radial que desde el inicio solicitaron la conexión de los procesos y advirtió sobre las posibles consecuencias de celebrar una audiencia sin la presencia de todas las víctimas, lo que podría resultar en una anulación posterior.

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A pesar de los esfuerzos por programar una imputación para el 22 de febrero, Simhon lamentó la falta de coordinación entre los despachos y el temor a posponer la diligencia, lo que podría llevar a la anulación del proceso después de meses de trámite.

En sus palabras, “este es un caso en el que del afán no queda sino el cansancio”, subrayando la necesidad de abordar los problemas antes de que se produzcan consecuencias irreparables.

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