Proceso contra exalcalde Daniel Quintero por injuria y calumnia no fue desarchivado

La juez 49 de conocimiento de Medellín determinó que no se reabra la investigación contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero por los delitos de injuria y calumnia.

El caso está vinculado a una denuncia radicada por el exgerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) Álvaro Guillermo Rendón López contra el exmandatario.

En su momento, Quintero indicó que la salida de Rendón se debió a que “trataron de hacernos conejo con la demanda a Hidroituango”, haciendo referencia a la firma de una adenda (sanciones en forma de dinero) para que supuestamente la empresa Camargo Correa no respondiera como empresa ante la demanda que interpuso EPM por el caso de Hidroituango sino que lo hiciera una subsidiaria con poca capacidad de dinero.

Ante estas y otras afirmaciones a medios de comunicación, Rendón López aseguró que el alcalde estaba afectando su buen nombre por lo que interpuso la denuncia ante la Fiscalía.

En primera instancia, el 29 de agosto del año pasado, un juez de control de garantías de la capital antioqueña archivó la investigación por petición de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue apelada por el abogado Julián Quintana, representante de Rendón López.

En la nueva decisión la juez señaló que las declaraciones del exalcalde pudieron ofender al exfuncionario pero no fueron suficientes para consolidar un daño a su integridad moral.

Añadió que como funcionario, Rendón López, no sólo tenía que estar atento al escrutinio de la opinión pública sino también del entonces mandatario.

"Se trató de un ejercicio válido a opinar desde su cargo como alcalde de Medellín", dijo la juez del caso.

La funcionaria hizo referencia a pronunciamientos de las altas cortes en el sentido de que  quien ingresa a la esfera pública debe soportar ataques o afirmaciones incisivas. Sin embargo aclaró que la opinión y los señalamientos tienen límites que no pueden vulnerar los derechos al buen nombre y la honra.

En este caso consideró que no hubo un señalamiento deshonroso por lo que decidió mantener el archivo de la investigación al considerar que la decisión tuvo en cuenta una valoración "válida y razonable".

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