Alerta por pagos de indemnizaciones a víctimas a cédulas de fallecidos

La Contraloría General de la República identificó inconsistencias en giros de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria, así como en la aplicación de subsidios de vivienda urbana de la Ley de Victimas que suman más de 82 mil millones de pesos.

Esta es una de las alertas que emitió el órgano de control luego de un ejercicio de control preventivo realizado por la Contraloría Delegada para el Posconflicto y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que evidenciaron inconsistencias en la ejecución de recursos desde el año 2012 destinados a la población víctima del conflicto armado.

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En relación con la Indemnización istrativa a las víctimas se identificó que desde 2012 a la fecha se han realizado 823.140 giros a 782.605 víctimas por un valor de $5,5 billones.

Según la base de datos Indemniza, que concentra toda la información de las  víctimas identificadas en el país, con corte a marzo de 2021, se encontraron 75 personas fallecidas incluidas como destinatarios con pagos ya realizados y que fueron cobrados con fecha de pago posterior a la fecha de su defunción por un valor de 647 millones de pesos.

El informe señala que no se encontró evidencia de que estos pagos, que en su mayoría se realizaron entre los años 2012 y 2014, se hayan reintegrado al identificar la anomalía.

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Con un cruce entre las bases de datos Indemniza con el Registro Único de Víctimas (RUV) y la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se identificaron 665 registros de giros cobrados de indemnizaciones que suman $4.208 millones que tienen inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario.

Se evidenciaron también 289 registros de giros por valor de $1.941 millones con inconsistencias en el número del documento de identificación de los beneficiarios frente a los datos registrados en la Registraduría Nacional.

De igual manera, la Contraloría evidenció 156 registros, por valor de $801 millones, con el campo documento vacío en la base de indemnización y 10.770 registros de giros cobrados por valor de $56.696 millones que cuentan con fecha de giro o reintegro nula.

De otro lado, la entidad encontró que desde 2015 a la fecha se han identificado 1'793.062 familias beneficiarias de ayudas humanitarias en 3'985.301 de giros por valor de $2,4 billones.

Tras los cruces de la base de datos de Ayudas Humanitarias entregadas por la Unidad de Víctimas con la base de datos de Registraduría, se identificaron 493 giros a personas fallecidas, cobrados con posterioridad a la fecha de fallecimiento por un valor de $228 millones.

La mayoría de estos giros se encuentran entre las vigencias 2016 a 2018. El 65 por ciento de estos giros se concentran en su orden en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño y Magdalena.

De estos giros a personas fallecidas, 56 corresponden a víctimas de pueblos afrocolombianos, por valor de $32 millones, y 9 giros a víctimas de pueblos indígenas por valor de $6,8 millones.

También hay 135 giros a 68 familias beneficiarias por 78 millones de pesos en las que se evidenció que el nombre del destinatario no coincide con el nombre reportado en la Registraduría. Y 266 giros a 250 familias por 234 millones de pesos en lo que se encontró que el documento del destinatario no se encuentra en la base de datos de la Registraduría.

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Frente a los Subsidios Familiares de Vivienda Urbana otorgados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde 2003, la Contraloría identificó 207 subsidios asignados por 3.055 millones de pesos asignados a personas con fecha de fallecimiento posterior a la entrega.

Estos subsidios legalizados fueron asignados en las modalidades de adquisición de vivienda (86 por ciento), arrendamiento (16 por ciento), mejoramiento/reparación (5 por ciento) y construcción en sitio propio (1 por ciento). El 85 por ciento de estos subsidios se concentraron en vigencias anteriores a 2010.

Dentro de estos registros se encuentran 23 casos de titulares fallecidos con más de un subsidio asignado. Y se identificaron 4 casos (2004 y 2016) de titulares de subsidios de vivienda que se encuentran registrados por el hecho victimizante de desaparición forzada.

De otro lado, desde 2003 hay 13.044 beneficiarios víctimas de desplazamiento forzado cuyo subsidio permanece en cuentas de ahorro programado en una entidad bancaria por valor de $192.471 millones, lo que permite establecer que estos beneficiarios no han accedido al derecho a la vivienda.

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La mayoría de estos subsidios fueron asignados antes de la vigencia 2010 y si bien el subsidio se entregó, no ha sido aplicado a una vivienda nueva o usada.

La Contraloría Delegada para el Posconflcito también evidenció que 916 registros de subsidios legalizados de vivienda por valor de $15.596 millones presentan inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario, al cruzar con los datos de la Registraduría con programas principalmente como Mi Casa Ya, Vivienda Gratuita y Bolsa Desplazados.

Esto llamó la atención del órgano de control porque se ha destinado una cantidad importante de recursos a proyectos de implementación y mejoramiento de tecnologías de información por parte de las entidades responsables de estos procesos. En el caso de la Unidad para las Víctimas, entre 2014 y 2021 se alcanzó una inversión de $280 mil millones de pesos constantes de 2021; y por parte del Ministerio de Vivienda, entre 2012 – 2021 este valor alcanzó $46 mil millones de pesos constantes de 2021.

Con base en todas las inconsistencias detectadas, la Contraloría adelantará las actuaciones de control fiscal que se consideren pertinentes.

En el Séptimo informe de la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011, entregado al Congreso de la República en 2020, la Contraloría evidenciaba la insuficiencia de los recursos asignados para reparación  frente al creciente número de población víctima pendiente de atención.

Por ejemplo, para la medida de indemnización individual que supera hoy los 7 millones de personas, se requeriría destinar un valor aproximado de $48,6 billones; para atención y ayuda humanitaria se estimó un valor de $11 billones y para cubrir el derecho a la vivienda urbana $13,5 billones.

Por esto, la Contraloría hizo un llamado para que las entidades nacionales que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) mejoren sus sistemas de información y hagan una debida depuración de los datos. También pidió mejorar las marcaciones para la población víctima, étnica y con enfoque de género, e implementar controles efectivos para la aplicación de los procedimientos y el registro de la información, a fin de evitar riesgos en la pérdida de recursos.

Por último, la entidad hizo un llamado para fortalecer y simplificar la presentación de los registros de los procesos y procedimientos en las bases de datos para que los ciudadanos tengan mayor transparencia y a la información.

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