¿Por qué disminuyeron 47% combates entre FF . MM. y grupos criminales?

Por primera vez desde la firma del acuerdo de paz con las Farc (2016) disminuyó la confrontación del Estado con los grupos armados ilegales, así como los enfrentamientos entre estos.

Esta es una de las principales conclusiones del primer balance de este año de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre violencia organizada entre enero y abril de 2021, que se dará a conocer este miércoles.

Sin embargo, preocupa que aumentó la violencia y el impacto humanitario contra la población, sobre todo en lo relacionado con víctimas de homicidio, masacres y desplazamiento forzado.

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El análisis muestra que –en comparación con el primer cuatrimestre de 2020– disminuyeron en un 48 por ciento los combates entre la Fuerza Pública y las organizaciones armadas ilegales, mientras que los enfrentamientos entre esos grupos criminales bajaron en un 44 por ciento.

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Así, al pasar de 88 hechos en el primer tercio del año 2020, a 47 en el mismo periodo de 2021, hubo una disminución del 47 por ciento en la confrontación armada.

También cayeron, en un 58 por ciento, las acciones de las estructuras criminales, como ataques a la infraestructura y bienes, hostigamientos y emboscadas.

De acuerdo con el investigador de la FIP Andrés Cajiao, cabeza del estudio, existen varias razones que explican esas disminuciones.

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“Hay un cambio en la estrategia de los actores armados por su incapacidad de enfrentar a las autoridades. Como tienen una baja capacidad armada, evitan la confrontación, intentan no ser muy visibles, no generar acciones llamativas, en algunos casos incluso evitan usar camuflados para no ser detectados. Han optado por replegarse a zonas de difícil y de baja intervención de la Fuerza Pública, porque su presencia tiene un efecto disuasivo”, explica el experto.

Y añade que la zona de frontera entre Colombia y Venezuela está facilitando que algunos grupos eludan el accionar de las autoridades.

Aunque la caída en los combates y enfrentamientos implica que la población civil tenga menor exposición al fuego cruzado, en los primeros cuatro meses del año se produjeron preocupantes alzas en varios hechos victimizantes.

Por ejemplo, en este lapso se produjeron 15 por ciento más homicidios a nivel nacional que en el mismo del año pasado, mientras que el alza fue del 19 por ciento en los municipios más afectados por el conflicto –y que están priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet)–.

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La situación de algunas de estas poblaciones tiene encendidas las alarmas, pues el aumento en los asesinatos es sobredimensionado: 87 % en Tarazá (Antioquia), 82 % en Buenaventura (Valle), 72 % en Santander de Quilichao (Cauca), 48 % en Tumaco (Nariño), y 33 % en Tibú (Norte de Santander).

“Hay un deterioro en las condiciones de seguridad de estas zonas, que muestra un recrudecimiento de la violencia. Cuando se habla de homicidios no es solo acciones de grupos armados, sino que hay distintas variables, pero en regiones como el sur occidente del país y el Bajo Cauca antioqueño hay un aumento en estos crímenes, y allí se mantienen las dinámicas del conflicto y crimen organizado”, subraya Cajiao.

El balance de la Fundación Ideas para la Paz también pone de relieve el incremento en el número de víctimas de masacres en Colombia, pues en lo que va de 2021 se han registrado 53, la cifra más alta desde el primer cuatrimestre de 2011, cuando fueron 62. En comparación con 2020, cuando hubo 31 víctimas, el aumento es del 71 por ciento.

“Parte de las masacres ocurrieron en zonas de disputa entre grupos. Contrario a las versiones oficiales, las zonas no siempre tienen presencia de cultivos ilícitos”, indica el estudio.

En cuanto al desplazamiento forzado, hubo una subida del 80 por ciento en las víctimas, al pasar de 13.000 en el primer tercio de año de 2020 a 23.500 en el mismo periodo de 2021, según Naciones Unidas.

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Otro de los factores que muestran el impacto humanitario de la violencia es que se registró el número más alto de homicidios a excombatientes de las Farc desde la firma del acuerdo: 24 casos entre enero y abril.

Entre las razones que explican todas estas situaciones, señala la FIP, se resalta que “el incremento en el pie de fuerza militar no se traduce en protección, por el contrario, aumenta los riesgos para las comunidades, pues los grupos armados endurecen sus formas de control territorial”. 

Además, el estudio encontró que estas estructuras han cambiado la forma como se acercan a las comunidades: “Ya no interesa construir una base o ‘apoyo’ social, lo que genera un menor costo para ejercer la violencia”.

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Otro factor que influye en la afectación humanitaria está relacionado con las campañas de informantes y recompensas, así como la estrategia de inteligencia a través de infiltrados, pues, dice la FIP, "lleva a que la comunidad se convierta en un posible objetivo" para las estructuras ilegales.

Uno de los pocos indicadores con resultados optimistas, aunque no menos preocupantes, es que los homicidios de líderes sociales disminuyeron en un 49 por ciento.

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Si bien organizaciones alertan que hubo un incremento en las amenazas, y que las agresiones  se extienden a sus familiares y cercanos, las muertes bajaron de 61 en el primer cuatrimestre de 2020 a 31 en el de este año.