Así se planeó el exterminio del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad

A finales de los años 90, mientras los paramilitares, con la anuencia del Estado, arrasaban con los integrantes de la Unión Patriótica en el Urabá, las Farc hicieron lo propio y se ensañaron con los integrantes del Epl que se desmovilizaron en marzo de 1991 y que construyeron una fuerza política latente en varios departamentos, pero especialmente Antioquia, en el movimiento político llamado Esperanza, Paz y Libertad.

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El exterminio de los ‘esperanzados’, tal vez menos arraigado en la memoria política del país, tuvo el mismo fin que el de la UP, según la Fiscalía General de la Nación: evitar a toda costa que las zonas en donde la política tradicional tenía sus fortalezas, perdiera espacios frente a estos nuevos movimientos, surgidos por una promesa de paz.

El resultado fue aterrador y listarlo no es suficiente. La Fiscalía tiene documentadas al menos 18 masacres, mientas las víctimas presentaron en marzo de 2020 a la Jurisdicción Especial para la Paz un informe que dice que son 20. La de La Chinita en 1994 es la más conocida, una matanza con más de 25 víctimas y un centenar de heridos, cuyas familias siguen buscando reparación y reconocimiento, y tuvo como una de sus consecuencias el retiro de los ‘esperanzados’, como también se les conoce, de la contienda electoral.

Pero fueron más. Una previa, de diciembre de 1993, en Apartadó, Antioquia, conocida como la masacre de la finca de Las Filipinas, que provocó el desplazamiento de varias personas; o una de 24 trabajadores vinculados con Sintrainagro en la vereda Bajo del Oso, en cercanías de Apartadó, en septiembre de 1995. Por todos los casos citados será imputada por la Fiscalía la temida exjefa guerrillera Elda Neyis Mosquera, alias Karina, quien lideró el frente 47 y quien ha aceptado multiplicidad de crímenes atroces en el proceso de Justicia y Paz.

EL TIEMPO conoció detalles de esta imputación que, aunque anunciada por la Fiscalía la semana pasada, en realidad viene preparándose desde 2019 ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, labor que se trabajó de manera conjunta con más de 90 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia que fueron vinculados al exterminio de la UP.

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La razón de llevar ambos casos, aunque son perpetradores diferentes, es que la forma en que se realizaron los múltiples hechos violentos tenían un fin ideológico común para afectar a contradictores políticos. Para el proceso que concierne a los ‘esperanzados’ fueron clave la propia Karina; Marco Fidel Giraldo Torres, alias Garganta (encargado de ejercer labores de sicariato en contra de ‘los esperanzados' o en contra de los que hacían parte de Sintagro); y Ricardo López Lora, alias La Marrana, exguerrillero que cambió de filas y entró al paramilitarismo y lo mataron en 2019.

Salomón Strusberg, jefe de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, le dijo a EL TIEMPO que el exterminio fue sistemático y que en su organización fueron clave el frente 5.° de las Farc, y un grupo de disidentes del Epl que se rearmó después de la desmovilización conocido como ‘los Caraballos’, que se alió para la matanza. Fueron, según las víctimas, además de las masacres, 34 homicidios de líderes políticos, 13 de líderes sindicales, 160 homicidios selectivos, 157 desplazamientos, siete desapariciones forzadas, más atentados y otros tipo de ataques para más de 461 víctimas directas y 1.949 indirectas.

Según Strusberg, incluso, en este exterminio habrían participado unas cuantas personas que militaron en la UP y también se busca acreditar que las Farc se disfrazó para hacerse pasar por integrantes de la Fuerza Pública, y que fuera esta la que pareciera responsable por los crímenes. “La masacre (de La Chinita) fue organizada por las Farc y algunos integrantes de la UP que querían eliminar a todos los integrantes del Esperanza, Paz y Libertad con fines políticos”, dijo.

En conclusión, el directivo del ente acusador subrayó que "Colombia tiene que comprender que hasta que no reconstruya su historia bien hecha y hasta que no haga estos procesos, va a seguir repitiendo la misma historia".

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Mientras el caso seguirá en audiencias concentradas en Justicia y Paz en mayo de 2024, Mario Agudelo, exdiputado y alcalde de Apartadó, víctima de un atentado y cuyo hijo murió luego de abrir un libro bomba que le habían enviado 1997, le pidió a la JEP que se reconozca a los ‘esperanzados’ como víctima colectiva.

Agudelo fue quien, junto a la firma Javier Villegas Posada Abogados, entregó a esa justicia especial el informe en el que piden abrir un subcaso, en el macrocaso 04 que versa sobre la violencia en el marco del conflicto en la región del Urabá. El tema ya ha sido mencionado en esa justicia especial por comparecientes, y el pasado 18 de mayo se realizó una audiencia en la que las víctimas presentaron observaciones a esas versiones, en la que, además, expusieron sus demandas de verdad.

EL TIEMPO estableció que ante esa justicia especial han dado versión personas como un excomandante de la Brigada 17 del Ejército para 1994, quien indicó que aunque se suponía que iba a abrirse camino la reconciliación, en realidad en el área hubo una ‘cizaña’ en contra de los ‘esperanzados’ para exterminarlos, en la que las Farc y la disidencia del Epl eran los responsables.

“Tenían una campaña total para el exterminio de esos grupos, lo que ocasionó el incremento de esa violencia”, apuntó.

Un mayor de un batallón militar detalló que la violencia se ensañó contra los ‘esperanzados’ que integraron Sintagro. “Cuando estuve de capitán estaba solo el quinto frente, para esa época ya había varios, el quinto, 34, 57 y 58, y esa desmovilización tuvo efectos de la Farc que quería dominar en la región”, comentó.

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En Justicia y Paz, por su parte, alias Garganta dijo en 2019 que la orden de los crímenes también venía del secretariado de las Farc, en concreto de alias Iván Márquez, y que recibió el mandato de realizar una de las masacres que involucra este exterminio: la del 19 de agosto de 1995 en Churidó, corregimiento de Apartadó; y la del Bajo de Oso del 20 de septiembre de 1995, entre otras, por ser lugares en donde el movimiento político tenía una fuerte injerencia.

Por esas masacres, ‘Garganta’ será imputado junto a ‘Karina’, quien en 2019, en Justicia y Paz, aceptó su responsabilidad y le pidió perdón al exdiputado Mario Agudelo, al tiempo que reconoció que las Farc no vio con buenos ojos la desmovilización y que por eso recibieron la orden a nivel nacional y sus integrantes fueron declarados objetivo militar.

Todo lo que ha pasado en Justicia y Paz ya fue trasladado por la representación de las víctimas a la JEP. El abogado Villegas le contó a EL TIEMPO que los avances del caso hasta el momento han dejado claro que hubo un exterminio. “Se pasó de una invisibilidad absoluta a un análisis e investigación profunda tanto en Justicia y Paz, que está ad portas de formular cargos, como en la Jurisdicción Especial de Paz. Los integrantes del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad fueron víctimas de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y esa multiplicidad de crímenes ocurrieron de manera generalizada y masiva, estableciendo actos constitutivos de crímenes internacionales (crimen de lesa humanidad), lo que refleja la política de exterminio que existía en su contra”, dijo.

Carlos López y Alejandra Bonilla Mora

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