Así serán los cambios en las reglas de la conciliación en derecho que propone el Gobierno

Como parte de la consigna de agilizar y democratizar el a la justicia, el Ministerio presidido por Ángela María Buitrago dio a conocer un decreto para ampliar la cobertura y establecer nuevos parámetros en la conciliación.

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Este marco normativo, que había quedado pendiente para regular el Estatuto de conciliación, establece una serie de medidas en torno a tres ejes fundamentales. El primero sobre el que sienta un piso jurídico y es el más relevante en las más de 60 páginas del decreto, es la conciliación en equidad. También modula las tarifas de este servicio e impulsa la mediación tecnológica.

Para descongestionar la justicia penal, los delitos querellables pueden conciliarse ante un centro de conciliación o ante un conciliador, como un método alternativo de solución de conflictos. Esta vía también está pensada para garantizar el de grupos minoritarios y vulnerables, una arista que es la que se ve más fortalecida con este decreto. 

"El Ministerio de Justicia consideró la necesidad de establecer condiciones a los centros de conciliación públicos, para la atención, de manera prioritaria, de personas en condición de vulnerabilidad o aquellas que no puedan pagar el servicio ante un centro de conciliación", dice el articulado, que ofrece gratuidad en la atención y la prelación de esta población en los centros de conciliación. 

Allí se llega a acuerdos en temas relacionados con demandas de alimentos, violaciones a los contratos de arrendamiento o negociaciones de deudas. Al ampliar sus capacidades, con la creación de más centros y el reconocimiento de los conciliadores como piezas del engranaje judicial, se desatoran estos procesos en los despachos judiciales.

La priorización de la población vulnerable permite tumbar la barrera de que generaba la congestión en los centros de conciliación públicos o universitarios, que también atiende casos de personas que pueden pagar por este servicio en un centro privado. Por esta razón, como filtro los expertos sugirieron al Ministerio establecer un tope de 50 salarios mínimos legales vigentes para los conflictos con cuantía.

Este decreto también modifica las tarifas de los centros para que sean más accesibles. "Se regulan los servicios de conciliación que se prestan desde este tipo de espacios, con el fin de generar las condiciones por las cuales las personas que desean acceder a ellos puedan hacerlo en términos de calidad y costos razonables", dicta la norma.

Este punto generó críticas en algunos sectores, que consideran que los centros de conciliación pequeños podrían verse afectados con una eventual disminución del costo de los servicios. 

"Impactaría de forma negativa en los ingresos de los centros privados ya que el cobro de la tarifa para los casos donde no se logre determinar la cuantía razonada sería el máximo y los s optarían por solicitar el servicio en otro centro más económico", se lee en uno de los comentarios al borrador de decreto que agregó la Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio.

Para acelerar los trámites, el decreto favorece la mediación tecnológica. "Los Centros utilizarán medios electrónicos en todas las actuaciones y sus propios sistemas de información, sin que ello requiera autorización previa", dice el articulado.

En este mismo sentido, se afinan aspectos istrativos para la conciliación en materia de lo contencioso istrativo, es decir, los procesos que van vía tribunales y Consejo de Estado. 

Y por último, actualizó las tablas de tarifas para los comisionados que adelantan los remates en los centros de conciliación y arbitraje.

En la rama judicial, si bien celebraron la reglamentación de la conciliación en equidad, que venía operando sin un mayor respaldo jurídico, cuestionaron que, a pesar de que el borrador se publica para recibir comentarios, el proyecto de modificación normativa no haya sido debatido previamente. Aún así, fueron más las voces a favor.

"Es muy importante esta reglamentación, que fortalece la conciliación, estableciendo directrices claras frente a las formas en las que funcionan los centros de conciliación. Esto es muy positivo porque en la medida en que se fortalezca la mediación y los litigios y las contiendas judiciales se puedan evitar, va a funcionar mucho mejor la istración de justicia. Este decreto fortalece que los ciudadanos puedan acudir a este mecanismo", le dijo a este diario el abogado Francisco Bernate.

Redacción Justicia