Contraloría explica revisión a 234 contratos de socios de Centros Poblados

El vicecontralor general de la república, Julián Ruiz, habló de la actuación que ha adelantado la Contraloría para mirar la ejecución de 234 contratos, por 1.1 billones de pesos, que han tenido los socios de la Unión Temporal Centros Poblados en el país.

Este consorcio está envuelto en la investigación por irregularidades en un contrato del Mintic para llevar Internet a escuelas rurales. Ese contrato fue caducado al encontrarse que Centros Poblados presentó garantías bancarias falsas en el proceso de adjudicación.

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Según dijo Ruiz, si en la revisión se evidencia alguna irregularidad, se abrirá un proceso de responsabilidad fiscal.

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Hasta el momento se conoce que una de las cuatro firmas que hacen parte de la UT Centros Poblados es Funtics (ahora Novotic), la cual afronta procesos de responsabilidad fiscal por cerca de 12.000 millones de pesos.

Los otros socios de Centros Poblados objeto de investigación son Omega Buildings Constructora SAS, ICM Ingenieros SAS e Intec de la Costa.

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Según indicó el vicecontralor general, la actuación frente a los contratos de Centros Poblados la asumió la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción para poner todas las capacidades de esta dependencia al servicio de la investigación que se llevará a cabo con estos 234 contratos.

Tras el análisis que realice esta unidad frente a la ejecución de 234 contratos, dijo Ruiz, podría haber dos posibles pasos a seguir.

En primer lugar, se podría abrir una indagación preliminar para establecer si existen sobrecostos o daños al patrimonio público en la ejecución de esos más de 200 contratos. En segundo lugar, si se evidencian irregularidades, se abriría un proceso de responsabilidad fiscal de manera inmediata.

"Yo no hablaría de persecución, a hoy tenemos presuntamente un detrimento de 70.000 millones de pesos, tenemos procesos a la empresa Funtic, hoy Novotic, por cerca de 12.000 millones de pesos. Lo que creo es que esto es una actuación oportuna y eficiente del órgano de control fiscal para revisar que en los demás contratos que suman alrededor de 1.1 billones, (para) saber si se ejecutaron bien o se desviaron recursos", señaló Ruiz frente a críticas de que la Contraloría estaría llevando a cabo una persecución.

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Entre esos contratos que serán revisados hay obras públicas, obras de conectividad y  otros que datan desde 2014.

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