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Liquidación del DAS hace 11 años no acabó con las chuzadas
El caso de Laura Sarabia revivió el capítulo de las interceptaciones ilegales en el país.
El Departamento istrativo de Seguridad (DAS) fue liquidado por las 'chuzadas' ilegales. Foto: Martín García. Archivo EL TIEMPO
El 30 de octubre de 2011 el entonces presidente Juan Manuel Santos firmó la liquidación del Departamento istrativo de seguridad (DAS), cuestionado por la chuzadas ilegales a periodistas, políticos y opositores cuyo escándalo dejó más de 20 personas condenadas, entre ellos varios funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El organismo, de carácter civil, encargado de asuntos de seguridad nacional y dependiente del Ejecutivo, fue liquidado tras 58 años de funcionamiento y dio paso a la Agencia Nacional de Inteligencia.
El Candidato presidencial, Gustavo Petro y el Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez. Foto:Twitter: @petrogustavo
El DAS ya había quedado en entredicho en el pasado por los nexos de funcionarios con integrantes de carteles de la droga y su responsabilidad en crímenes como el del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento.
Además de los seguimientos ilegales desplegados desde el DAS, también se acudió a una práctica recurrente, que fue la misma usada en el caso de la niñera de la jefa del gabinete de presidencia Laura Sarabia, que consiste en falsear informes de inteligencia para que el número de la persona sea incluido en una investigación ya abierta como si fuera un ciudadano de interés para ese proceso.
Así, por ejemplo, el 31 de julio de 2009 el teléfono del entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue incluido como si fuera el de una persona vinculada a un caso de extorsión en Bogotá. Con documentos falsos se sustentó la necesidad de interceptarlo para obtener información valiosa para la supuesta investigación contra una red delincuencial.
A pesar de la desaparición del DAS, de la purga que llevó a la salida de cientos de funcionarios y las condenas contra varios exdirectivos del organismo, las chuzadas no terminaron.
En mayo de 2019 fue capturado un curtido fiscal de la dirección contra las organizaciones criminales señalado de interceptar ilegalmente a líderes de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y al presidente para Latinoamérica del Grupo Enel-Codensa. Durante 30 días sus comunicaciones estuvieron chuzadas, sustentadas en una orden de policía judicial en una investigación por desplazamiento forzado.
Esa interceptación fue descubierta luego de que las autoridades destaparan la existencia de una supuesta red que en 2018, desde centros de operaciones en Ipiales y Cali, ofrecía servicios de interceptaciones a particulares. Esa investigación sigue activa y hoy tiene respondiendo ante los jueces a particulares y exoficiales, entre ellos el reconocido exdirector del Gaula de la Policía general Humberto Guatibonza.
Guatibonza no aceptó los seis cargos que le imputó la Fiscalía por su presunta responsabilidad en la red. Foto:Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO
Los escándalos sobre interceptaciones ilegales no han sido ajenos al Ejército y ya han sido procesados exmilitares por las irregularidades registradas desde Andrómeda, una fachada establecida en el sector de Galerías de Bogotá desde la que, en el años 2014, se obtuvo información de los negociadores de paz del proceso con las Farc.
Y hace menos de tres años salieron del Ejército cinco coroneles, tres mayores y un general tras nuevas denuncias conocidas por el uso irregular de recursos y equipos de inteligencia que terminaron en perfilamientos y supuestos seguimientos a políticos, militares retirados, periodistas nacionales y extranjeros y hasta a funcionarios del Gobierno.